Las autoridades turcas deben llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley en todas las protestas multitudinarias celebradas en marzo de 2025, algunas de las cuales pueden constituir tortura; así lo afirma Amnistía Internacional en las conclusiones de una nueva investigación.

Desde el inicio de la administración de Donald Trump, Puerto Rico ha registrado un incremento inédito de operativos migratorios, marcados por el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y la mirada indiferente de la gobernadora Jenniffer González Colón. Desde enero de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a, por lo menos, 568 personas, la mayoría de ellas de origen dominicano. Independientemente de su estatus migratorio, los derechos humanos de todas las personas en Puerto Rico deben ser respetados y garantizados 

El 3 de junio tendrá lugar la audiencia preliminar en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, Honduras, contra tres hombres acusados de haber participado en el asesinato del defensor del medioambiente Juan Antonio López, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). Este proceso judicial puede ser clave para que la familia de Juan López obtenga verdad, justicia y reparación por el crimen cometido el pasado 14 de septiembre en el municipio de Tocoa, declaró Amnistía Internacional. La organización insta a las autoridades hondureñas a garantizar que todas las personas sospechosas de estar involucradas en el asesinato de Juan López, tanto los autores materiales como los autores intelectuales, sean llevadas ante la justicia en juicios justos.

Las autoridades turcas deben levantar de inmediato las lícitas restricciones impuestas a la manifestación de las Madres / Personas del Sábado en la plaza Galatasaray de Estambul y permitirles reunirse allí; así lo ha manifestado Amnistía Internacional la víspera del 30 aniversario de este movimiento de protesta.

El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y al trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. La ley se basa en el concepto de “agente extranjero” para imponer restricciones que incluyen un impuesto del 30% sobre la recepción de fondos internacionales, y otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas y aplicar multas de hasta US$ 250,000. El concepto de “agente extranjero” no solo carece de una definición legal clara y precisa, lo que deja a las a las organizaciones de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad frente a la arbitrariedad estatal, sino que además existen abundantes evidencias de su creciente uso a nivel global como herramienta para  restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas.

En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.

Ante la noticia de que las autoridades rusas han declarado “organización indeseable” a Amnistía Internacional y, por tanto, criminalizado sus actividades y toda asociación con ella en Rusia, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

Este 8 de mayo Amnistía Internacional lanzó una acción urgente exigiendo la libertad inmediata e incondicional de los líderes de oposición y presos de conciencia José Daniel Ferrer García y Félix Navarro, y todas las personas injustamente encarceladas solo por ejercer sus derechos humanos en Cuba.

Las autoridades turcas deben levantar todas las restricciones a la manifestación prevista para el Día Internacional del Trabajo en la plaza Taksim de Estambul y permitir que la gente se reúna en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional de Turquía, ha manifestado Amnistía Internacional.

Al cumplirse los primeros 100 días de la presidencia de Trump, Amnistía Internacional pone de relieve la crisis de derechos humanos impulsada por las prácticas autoritarias, las políticas discriminatorias y racistas y la peligrosa retórica de su administración.

La imposición el 19 de abril de duras penas de entre 13 y 66 años de prisión a 40 personas —entre ellas destacadas figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía, y defensores y defensoras de los derechos humanos—  declaradas culpables de cargos falsos por el Juzgado de Primera Instancia de Túnez es una señal alarmante de todo lo que las autoridades están dispuestas a hacer para sofocar la disidencia pacífica en el país.  

Con la entrada en vigor hoy de una ley que podría utilizarse para prohibir los desfiles del Orgullo en Hungría, Amnistía Internacional ha anunciado el lanzamiento de una campaña internacional que pide a las autoridades húngaras que “Dejen que el Orgullo desfile”.