La expansión de la vigilancia y censura masiva ejercida por Pakistán está impulsada por un conjunto de empresas con sede en Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, China, Canadá y Estados Unidos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado “Sombras de control”. La investigación, que ha durado un año, se ha llevado a cabo en colaboración con Paper Trail Media, DER STANDARD, Follow the Money, The Globe and Mail, Justice For Myanmar, InterSecLab y Tor Project.

La plataforma de redes sociales X (antes Twitter) tuvo un papel esencial en la propagación de narrativas falsas y contenido nocivo que contribuyó a la violencia racista contra comunidades musulmanas y migrantes en Reino Unido tras el trágico asesinato de tres niñas en la localidad de Southport; así lo demuestra Amnistía Internacional en un documento explicativo técnico que ha publicado hoy. 

La reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador que modifica elementos sustantivos del sistema político y electoral representan el ejemplo más reciente de una preocupante tendencia hacia el uso del poder legislativo, sin contrapesos efectivos, para introducir cambios estructurales a la Constitución y a otras normas fundamentales que ponen en riesgo los derechos humanos.  

Las autoridades angoleñas deben respetar y garantizar el derecho a la libertad de reunión pacífica y asegurar que las manifestaciones nacionales previstas para los días 19 y 26 de julio contra el alto coste de la vida se desarrollan sin obstáculos y cuentan con protección, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

En vísperas de la próxima votación en la Cámara de Representantes de Tailandia de cinco proyectos de ley para amnistiar delitos relacionados con actividades políticas, Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador de Amnistía Internacional sobre Tailandia, ha declarado:

Tras los informes sobre la represión violenta y generalizada de estudiantes que se manifestaban, en su mayoría de forma pacífica, en Belgrado y otras ciudades importantes de Serbia por sexto día consecutivo desde el 28 de junio, cuando el movimiento estudiantil reclamó elecciones parlamentarias anticipadas, Amnistía Internacional y Civil Rights Defenders han afirmado en una declaración conjunta:

Las autoridades turcas deben llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley en todas las protestas multitudinarias celebradas en marzo de 2025, algunas de las cuales pueden constituir tortura; así lo afirma Amnistía Internacional en las conclusiones de una nueva investigación.

Desde el inicio de la administración de Donald Trump, Puerto Rico ha registrado un incremento inédito de operativos migratorios, marcados por el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y la mirada indiferente de la gobernadora Jenniffer González Colón. Desde enero de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a, por lo menos, 568 personas, la mayoría de ellas de origen dominicano. Independientemente de su estatus migratorio, los derechos humanos de todas las personas en Puerto Rico deben ser respetados y garantizados 

El 3 de junio tendrá lugar la audiencia preliminar en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, Honduras, contra tres hombres acusados de haber participado en el asesinato del defensor del medioambiente Juan Antonio López, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). Este proceso judicial puede ser clave para que la familia de Juan López obtenga verdad, justicia y reparación por el crimen cometido el pasado 14 de septiembre en el municipio de Tocoa, declaró Amnistía Internacional. La organización insta a las autoridades hondureñas a garantizar que todas las personas sospechosas de estar involucradas en el asesinato de Juan López, tanto los autores materiales como los autores intelectuales, sean llevadas ante la justicia en juicios justos.

Las autoridades turcas deben levantar de inmediato las lícitas restricciones impuestas a la manifestación de las Madres / Personas del Sábado en la plaza Galatasaray de Estambul y permitirles reunirse allí; así lo ha manifestado Amnistía Internacional la víspera del 30 aniversario de este movimiento de protesta.

El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y al trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. La ley se basa en el concepto de “agente extranjero” para imponer restricciones que incluyen un impuesto del 30% sobre la recepción de fondos internacionales, y otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas y aplicar multas de hasta US$ 250,000. El concepto de “agente extranjero” no solo carece de una definición legal clara y precisa, lo que deja a las a las organizaciones de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad frente a la arbitrariedad estatal, sino que además existen abundantes evidencias de su creciente uso a nivel global como herramienta para  restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas.

En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.