Los miembros del Parlamento israelí (Knéset) deben votar en contra de una serie de proyectos de ley para introducir controvertidas reformas que permitirían a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte y aplicarla de forma discriminatoria a las personas palestinas; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación a una votación prevista sobre uno de los principales proyectos de ley por la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento. La pena de muerte se aplicaría a las personas declaradas culpables de matar deliberadamente a alguien con la intención de hacer daño a un residente o ciudadano israelí, y a las personas declaradas culpables ante tribunales militares de causar la muerte en circunstancias que la legislación israelí define como “actos de terrorismo”, disposición que afectaría principalmente a personas palestinas acusadas. En algunos casos, la pena de muerte sería preceptiva o se impondría sin derecho a recurrir.

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y garantías de no repetición, ha advertido hoy Amnistía Internacional.

Las fuertes penas de prisión dictadas contra Rached Ghannouchi y otros cuatro líderes del partido Ennahda constituye el golpe más reciente en la campaña de las autoridades tunecinas para aplastar al partido de oposición derrocado del poder por el presidente Kais Said en 2021 como parte de su represión más amplia de la disidencia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Las autoridades egipcias han intensificado su represión de la expresión religiosa en Internet en los últimos meses; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, y ha pedido a las autoridades que pongan en libertad inmediata e incondicional a 23 personas que están en detención arbitraria sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de religión o de creencias.

Desde que se hizo con el poder el 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha ejercido una represión generalizada y ha cometido abusos en todas las facetas de la vida del país. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Fortify Rights y Human Rights Watch. Las atrocidades cometidas por el ejército desde el golpe de Estado, que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, han ido en aumento durante el último año a medida que la junta ha tratado de afianzar su gobierno mediante operaciones militares abusivas y elecciones orquestadas.

Ante los informes publicados en medios de comunicación de que Estados como Rusia, Turquía y Tayikistán utilizan de manera indebida y generalizada las notificaciones rojas de Interpol para perseguir a la disidencia política y reprimir a defensores y defensoras de los derechos humanos, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha manifestado:

Ante la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, Marta Schaaf, directora del Programa de Amnistía Internacional sobre Clima, Justicia Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas, ha manifestado:

Miles de personas que escaparon recientemente de centros de ciberestafas en Camboya en los que eran sometidas a graves abusos, incluidas violación y tortura, se encuentran ahora abandonadas a su suerte y con una necesidad urgente de ayuda humanitaria. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional tras recopilar escalofriantes testimonios de sobrevivientes.

Las autoridades argelinas deben aclarar la base jurídica para la devolución del exparlamentario y crítico con el gobierno Seifeddine Makhlouf a Túnez el 18 de enero a pesar de que era solicitante de asilo registrado por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. La medida constituye una devolución (refoulement), contraria al derecho internacional.

Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha concluido que el combustible de aviación que usa el ejército de Myanmar para lanzar ataques aéreos mortales contra la población civil sigue entrando en el país a través de una cadena de suministro opaca que está “fuera de control” cinco años después de que el ejército tomara el poder.

Ante el anuncio de la administración Trump previsto el viernes de una ampliación de la ley mordaza global que bloquea la ayuda internacional de Estados Unidos a organizaciones no gubernamentales que facilitan asesoramiento o información sobre el aborto, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Detenciones arbitrarias generalizadas, desapariciones forzadas, prohibiciones de reuniones y ataques para silenciar a familias de víctimas caracterizan la asfixiante militarización impuesta en Irán por las autoridades de la República Islámica después de las masacres perpetradas en las protestas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.