¿QUÉ ES LA JUSTICIA CLIMÁTICA?

La justicia climática es un enfoque que entiende el cambio climático y el modo en que el mundo responde a él no sólo como una cuestión ambiental sino fundamentalmente como una cuestión ética y política. Reconoce las causas fundamentales y los factores que impulsan la crisis climática y las formas en que ésta intensifica las desigualdades existentes.

La justicia climática hace hincapié en la necesidad de formular respuestas políticas justas y equitativas al cambio climático, por ejemplo, tanto en la mitigación como en la adaptación y en cómo se financian ambas. Se centra en las causas fundamentales de la crisis climática y en cómo el cambio climático agrava y aumenta las desigualdades entre los países y dentro de cada país. Las demandas de justicia climática se basan en el imperativo de abordar tales desequilibrios e injusticias, comenzando por centrar la acción por el clima en las perspectivas, conocimientos y necesidades de los grupos y comunidades más afectados por la crisis climática. La justicia de género, racial, de clase, étnica, relativa a la discapacidad, e intergeneracional es fundamental para conseguir justicia climática.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la justicia climática incluye tres principios:

• Justicia distributiva que se refiere a la asignación de cargas y beneficios entre personas, naciones y generaciones.
• Justicia procedimental, que se refiere a quién decide y participa en la toma de decisiones.
• Reconocimiento, que implica un respeto básico, un compromiso firme y una consideración justa de las diversas culturas y perspectivas.

Amnistía Internacional, de acuerdo con el movimiento global por el clima, utiliza el marco de la “justicia climática” porque reconoce que la crisis climática es tanto un problema medioambiental como una profunda crisis de derechos humanos tanto para la población actual, sino también para generaciones futuras. Agrava las desigualdades existentes y constituye una amenaza para el disfrute de una amplia variedad de derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda y a los medios de vida.

Para que se haga justicia es preciso reconocer y rectificar las desigualdades inherentes que, por una parte, alimentan el cambio climático, y por otra se ven agravadas por él; exige que hagamos frente a las causas fundamentales de esta crisis, cuestionando a los actores poderosos que la perpetúan y asegurándonos de que las respuestas al cambio climático sean justas y equitativas.

¿Qué hace Amnistía Internacional en materia de justicia climática?

Proteger a los defensores y defensoras de los derechos ambientales y el espacio de la sociedad civil

Apoyamos a las comunidades colindantes, las comunidades en primera línea y los pueblos indígenas que defienden con valentía sus tierras y sus derechos ante la crisis climática, así como a otros defensores y defensoras de los derechos ambientales que reivindican los derechos humanos, en muchos casos asumiendo un gran riesgo personal. Luchamos para proteger y salvaguardar el espacio de la sociedad civil que es esencial para una acción climática efectiva.

Exigir financiación climática

Abogamos por la provisión de financiación climática nueva, suficiente, predecible y adicional por parte de los países de altos ingresos y emisiones históricamente elevadas, que son los principales responsables de la crisis climática en comparación con los países de bajos ingresos. Esta financiación es crucial para apoyar una transición justa a una economía sin emisiones de carbono que permita a las comunidades adaptarse a las devastadoras consecuencias del cambio climático, mitigarlas y contribuir a la reparación climática, incluso mediante la indemnización por las pérdidas y los daños económicos y no económicos.

Garantizar el abandono gradual de los combustibles fósiles de manera urgente y equitativa y una transición energética justa

Hacemos campaña por un abandono gradual, justo y equitativo de los combustibles fósiles en el que quienes históricamente han sido los grandes emisores vayan más lejos y más rápido, reconociendo que la persistente dependencia en estas fuentes de energía perniciosas está detrás tanto de la crisis climática como de multitud de abusos contra los derechos humanos. Una transición energética realmente justa a una economía sin emisiones de carbono trasladará la toma de decisiones a las personas directamente afectadas y pondrá fin a los abusos intergeneracionales contra los derechos humanos asociados a la extracción de combustibles fósiles y minerales.

Crisis Climática en Puerto Rico

En el 2021 el Índice Global de Riesgo Climático publicado por  Germanwatch colocó a Puerto Rico en el primer lugar entre los territorios y países más afectados por fenómenos climáticos extremos en el período 2000-2019.

Este informe, presentado a finales de 2020, reflejaba los impactos acumulativos de eventos como los huracanes Irma (2017) y, sobre todo, María (2017), que causaron daños catastróficos en el archipiélago. La posición número uno se basó en datos de muertes, pérdidas económicas y efectos generales de tormentas, inundaciones y otros desastres relacionados con el clima durante esas dos décadas.

El archipiélago no solo enfrenta proyecciones globales, sino una realidad medida en grados centígrados y centímetros de aumento: la temperatura promedio ha subido 1.5°C (2.7° F) desde 1950 y el nivel del mar crece a un ritmo de aproximadamente 3.5 mm (.14 pulgadas) anual, superior al promedio mundial. Estas cifras explican, en parte, por qué fenómenos como los huracanes María (2017) y Fiona (2022) descargaron con tanta severidad sobre el archipiélago, transformando proyecciones en emergencias humanitarias. La aceleración del calentamiento oceánico intensifica estos ciclones, mientras que el aumento del nivel del mar erosiona las costas y amenaza con inundar permanentemente hasta un 8% del territorio costero, incluyendo infraestructura crítica y comunidades vulneradas.

Este panorama se complejiza con otros datos críticos: la acidificación de las aguas está degradando los arrecifes de coral —barreras naturales contra las marejadas—, los cuales ya han perdido más del 50% de su cobertura en algunas zonas. A su vez, los patrones de lluvia se alteran, combinando sequías más intensas con lluvias torrenciales, lo que pone en riesgo la seguridad hídrica de una población que depende en un 70% de embalses superficiales. 

Así que la clasificación de Puerto Rico en el primer lugar en el índice de riesgo en el 2021 no es una abstracción, sino el resultado de la convergencia medible de estos factores: un territorio tropical insular, densamente poblado, que se calienta, se inunda y se erosiona a un ritmo que reta su capacidad de adaptación, lo que evidencia la existencia de una profunda injusticia climática.

Justicia Climática para la gente en Puerto Rico

Desde la perspectiva de Amnistía Internacional, la crisis climática en Puerto Rico es un claro reflejo de cómo la injusticia estructural e histórica profundiza la vulnerabilidad de los derechos humanos. El archipiélago, posicionado en el primer lugar del Global Climate Risk Index por su exposición a eventos extremos, enfrenta una confluencia crítica de amenazas: el embate de huracanes intensificados por el calentamiento global, los calores extremos, inundaciones y un costoso, ineficiente y contaminante sistema energético que prioriza el lucro corporativo sobre el derecho a la seguridad, a la salud, a un medioambiente limpio, y sobre todo, a la vida digna. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), quebrada tras décadas de mala gestión y una deuda impagable, simboliza este fracaso. Bajo la tutela de la Junta de Control Fiscal, impuesta en el 2016 por la Ley PROMESA, las políticas de austeridad y los procesos opacos de privatización, como la entrega de la transmisión y distribución a LUMA Energy, la generación a Genera y los megacontratos con New Fortress Energy para gas natural, han perpetuado un modelo tóxico y dependiente. Municipios como Salinas y Guayama cargan desproporcionadamente con los impactos medioambientales y de salud; son “zonas de sacrificio” donde las cenizas de carbón de AES y las descargas contaminantes envenenan el aire, los suelos, el agua del Acuífero del Sur y la salud de sus habitantes, mientras subsidios estatales —bajo leyes como la 60— premian a las mismas empresas e individuos que causan los daños. Estas dinámicas resultan en una violación sistemática y continua del derecho a la salud, a un ambiente sano y a la participación ciudadana en la toma de decisiones de asuntos que le afectan.

Alcanzar una verdadera Justicia Climática en Puerto Rico exige, por tanto, un enfoque radicalmente distinto: uno basado en reparaciones y en la redistribución del poder. No bastan ajustes cosméticos en la transición energética; se requiere una transformación que remedie los daños históricos del colonialismo y el neoliberalismo. Esto implica, en primer lugar, auditar y condonar la deuda ilegítima que estrangula las finanzas públicas, tal como señala Amnistía Internacional al abogar por el alivio de deuda para países en crisis climática. En segundo lugar, demanda una política fiscal justa y progresiva que grave a los grandes contaminadores y redirija recursos masivamente hacia una red energética 100% renovable, pública, descentralizada y controlada por las comunidades. Todo proceso debe garantizar la consulta libre, previa e informada —especialmente a mujeres, jóvenes y grupos marginados—, así como evaluaciones rigurosas de impacto climático y en derechos humanos, como subraya la Relatoría DESCA de la CIDH. Hacer Justicia Climática en Puerto Rico significa desmantelar las estructuras que permiten que una Junta no electa, un puñado de corporaciones e intereses políticos desvinculados del interés y bien común, decidan el futuro del archipiélago. En su lugar, es necesario construir sobre los cimientos de una soberanía energética y alimentaria, resiliencia comunitaria y equidad profundamente arraigada.