Cada año, personas de todo el mundo participan en la campaña Escribe por los Derechos de Amnistía Internacional.

Dos familiares de las víctimas de la letal represión estatal de las protestas de 2022 y 2023 en Perú viajarán a Europa para reunirse con líderes internacionales y compartir su preocupación ante la falta de justicia tras uno de los episodios más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente de Perú. Yovanna Mendoza y Mario Ilaquita, cuyos familiares se encontraban entre las 50 personas que murieron a manos de la policía y el ejército durante las protestas, visitarán Londres, Madrid y Ginebra, con el apoyo de Amnistía Internacional.

Joel es un joven padre de la provincia septentrional argentina de Jujuy. Es ceramista de profesión y toca el bombo en una banda local. Pero, el año pasado, su vida cambió para siempre una noche, y ahora lucha por la justicia. 

Todos los años, la campaña de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos reúne a gente de todo el mundo para luchar contra la injusticia y apoyar a personas cuyos derechos humanos están amenazados.

Las autoridades filipinas cada vez utilizan más Facebook para hacer campañas de “etiquetado en rojo” contra jóvenes activistas, especialmente a quienes investigan presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la policía y otras agencias gubernamentales. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

En el día de hoy se formalizó la investigación penal contra tres personas que ejercieron el alto mando de Carabineros durante la represión policial a las protestas de 2019. Bajo su dirección, dos personas fallecieron a manos de la policía y miles sufrieron lesiones graves, incluyendo traumas oculares irreversibles. En esta audiencia, esperada por más de nueve meses, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comunicó formalmente que los investiga por su posible participación como autores del delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y con ello se dará inicio a un proceso judicial. 

La población de Irán sigue sufriendo las devastadoras consecuencias de la brutal represión ejercida por las autoridades contra el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” en un contexto de impunidad sistemática por los crímenes de derecho internacional cometidos, ha declarado hoy Amnistía Internacional, en vísperas del segundo aniversario de las protestas que tuvieron lugar en todo el país contra décadas de opresión y discriminación por motivos de género.

En respuesta al visto bueno presidencial que recibió la Ley sobre Libertad de Reunión Pacífica y Orden Público de 2024 a finales de la semana pasada y a la continua represión de las protestas pacíficas en Pakistán, Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha manifestado:

Urge una rendición de cuentas internacional en medio de la intensificación de la represión postelectoral.El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmaron hoy 30 organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en Venezuela.La Misión puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada tras las elecciones del 28 de julio, recalcaron las organizaciones.Las tres personas expertas que conforman la Misión presentarán su quinto informe el 19 de septiembre, durante el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar entre el 9 de septiembre y el 11 de octubre de 2024. Se requiere una resolución para extender el mandato después de octubre.En el pasado, un grupo de países de América Latina, así como Canadá, lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación de los Estados miembros del Consejo, requerirá una mayoría simple para que se apruebe.Tras las elecciones presidenciales, las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca, señalaron las organizaciones.El Consejo de Derechos Humanos creó la Misión en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y 2022.La Misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En sus rigurosos informes, esta identificó a autoridades de medio y alto rango, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, violencia sexual, así como abusos contra manifestantes. La Misión también se ha referido al papel activo del poder judicial venezolano en la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública.Millones de venezolanos participaron en las elecciones presidenciales, a pesar de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos que empañaron el proceso, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, discursos estigmatizantes, ataques al espacio cívico, inhabilitaciones arbitrarias de personas candidatas de la oposición y restricciones a la participación política.El Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones, pero un panel técnico de expertos electorales de la ONU y el Centro Carter, que fueron las únicas misiones técnicas de observación acreditadas por el propio CNE para observar los comicios, concluyeron que el proceso careció de transparencia e integridad. La oposición publicó en Internet actas de votación asegurando que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones por un margen significativo.Desde el 29 de julio, las autoridades venezolanas han activado su política de represión, violando derechos humanos, incluyendo a la vida, las garantías judiciales y la libertad.Las fuerzas de seguridad venezolanas, así como grupos armados pro gobierno, conocidos como “colectivos”, han reprimido las manifestaciones contra el resultado electoral anunciado, generando reportes de más de 20 muertes de manifestantes y transeúntes. Según Nicolás Maduro, más de 2.400 personas han sido detenidas, incluidas 120 niñas y niños, entendiendo “niños” como menores de 18 años según la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas de las personas detenidas han sido acusadas de ‘terrorismo’ y otros tipos penales discrecionales.El sistema judicial venezolano, incluidos el Tribunal Supremo de Justicia o la Fiscalía General, carecen de independencia e imparcialidad, como la Misión ha documentado rigurosamente en sus informes.Otras condiciones estructurales que facilitan la comisión de graves abusos y llevaron a la creación de la Misión, persisten y se han agravado incluyendo la impunidad y la falta de independencia judicial y de reparación a las víctimas, según las organizaciones.Con la renovación del mandato de la Misión, los gobiernos enviarían un mensaje claro a los autores de abusos de que la comunidad internacional se compromete a hacerles rendir cuentas por crímenes internacionales y continuas violaciones de los derechos humanos, así como respaldar la lucha de tantas víctimas por lograr verdad y justicia, afirmaron las organizaciones firmantes. Las investigaciones en curso y los informes públicos de la Misión también son esenciales para evitar un mayor deterioro en un periodo postelectoral crítico.La renovación de su mandato permitiría a la Misión continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, analizar sus causas raíz, determinando posibles responsables, reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias. También permitiría a la Misión apoyar y complementar las funciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está llevando a cabo una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.Interrumpir el trabajo de la Misión en un momento tan crucial tendría implicaciones negativas para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población en general, y podría incentivar aún más al gobierno venezolano a continuar su brutal represión, concluyeron las organizaciones.

En respuesta al proyecto de ley Aparajita sobre mujeres e infancia (Ley de Reforma de la Legislación Penal de Bengala Occidental), adoptado hoy por el gobierno del estado de Bengala Occidental, que introduce la pena capital para castigar el delito de violación causante de muerte o “estado vegetativo”, Aakar Patel, presidente de la junta directiva de Amnistía Internacional India, ha declarado:

En respuesta a la sentencia judicial dictada hoy en apoyo de la petición de las víctimas y sus familias para que se presente una querella contra las personas funcionarias presuntamente responsables de la mortífera dispersión de una protesta en Tak Bai que tuvo lugar en 2004, Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador sobre Tailandia de Amnistía Internacional, ha declarado:

Ante los informes sobre la aplicación respaldada por el gobierno venezolano, que ha sido actualizada para que sus usuarios puedan denunciar a personas que expresan su desacuerdo con el gobierno actual inmediatamente después de la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro, Matt Mahmoudi, director de la Iniciativa Silicon Valley de Amnistía Internacional, ha declarado: