Ante la votación en el Parlamento Europeo del paquete de normas de sostenibilidad de la UE (Ómnibus I), que revoca medidas de protección en materia climática y de derechos humanos conseguidas con gran esfuerzo, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:
“Con prisa por cerrar el acuerdo en Estrasburgo a pocos días del receso de invierno, los eurodiputados y eurodiputadas del Parlamento Europeo votaron a favor de un arrollador paquete de desregulación que socava salvaguardias fundamentales en materia climática y de derechos humanos, traicionando a las personas y al planeta en el momento en que las protecciones son más necesarias.”
“Al limitar la aplicación de la directiva sobre diligencia debida únicamente a las empresas de mayor tamaño, en la práctica la UE está eximiendo a la mayoría de las empresas de la obligación de llevar a cabo una rendición de cuentas significativa, dejando a trabajadores y trabajadoras, comunidades y ecosistemas sin protección, y enviando una preocupante señal de que se están anteponiendo los intereses empresariales a los derechos humanos.”
“Este retroceso forma parte de un proceso de eliminación de medidas regulatorias y es consecuencia de los intensos esfuerzos de captación de apoyos llevados a cabo por poderosos agentes del sector, así como de presiones externas, incluidas las de Estados Unidos. Este proceso precipitado y oscuro, que hace caso omiso de las críticas generalizadas de economistas, sociedad civil, la ONU e incluso la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, también tiene en contra a la opinión pública, pues la mayor parte de la ciudadanía europea está a favor de los derechos humanos y la protección del medioambiente.”
“Ahora, los gobiernos de los países de la UE deben reforzar disposiciones clave al incorporar estas normas a su legislación nacional, y utilizar todos los medios disponibles para mejorar las medidas de protección, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas e impedir urgentemente que la rendición de cuentas de las empresas continúe reduciéndose, especialmente teniendo en cuenta que ya están en preparación otros paquetes de desregulación. Los Estados europeos no deben desperdiciar la oportunidad de utilizar estas normas para asegurarse de que las empresas contribuyan al desarrollo de comunidades prósperas. De ello depende nuestro futuro y el futuro de nuestro planeta.”
Información complementaria
El paquete Ómnibus I reabre leyes clave del Pacto Verde Europeo, como la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, el Reglamento de Taxonomía Ambiental de la UE y la histórica Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, recién aprobada el año pasado.
Esta última fue la primera ley sobre diligencia debida obligatoria de aplicación en todo el mercado único de la UE, y exige que las grandes empresas identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos negativos de sus actividades para los derechos humanos y el medioambiente. Este tipo de leyes fueron concebidas para que la UE se acercara más a su objetivo de ser el primer continente que alcance la neutralidad climática en 2050.
Sin embargo, el 26 de febrero de 2025, la Comisión Europea presentó su propuesta Ómnibus I, iniciando con ello un amplio desmantelamiento de estas salvaguardias acordadas. Tras la votación de hoy, el paquete Ómnibus definitivo tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros en 2026.
Está previsto que Ómnibus I sea el primero de varios paquetes similares, con más propuestas de desregulación que ya se están debatiendo, lo cual resulta preocupante. El mes pasado, Amnistía planteó sus motivos de preocupación sobre el reglamento ómnibus digital y su impacto sobre la rendición de cuentas en materia de derechos digitales.