El Tribunal de Apelación de Bruselas ha dictado una resolución en la que establece que el modelo de consentimiento que sustenta la publicidad basada en el seguimiento por parte de las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon y X en Europa es incompatible con la legislación de protección de datos de la UE. En respuesta a ella, Hannah Storey, asesora de política de Amnistía Internacional sobre Tecnología y Derechos Humanos, ha declarado:

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) Amnistía Internacional, La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y las organizaciones abajo firmantes acogen con satisfacción las medidas adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, aunque lamentablemente aún no se han hecho públicos los detalles definitivos sobre el marco jurídico del mecanismo, incluido su estatuto. En este sentido, las organizaciones instan al Consejo de Europa a que publique urgentemente el proyecto de Estatuto del Tribunal para garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil, especialmente de víctimas y sobrevivientes, tanto en la creación del Tribunal como, por supuesto, en sus procedimientos.

En respuesta a la noticia de que Hungría, Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), ha recibido a Benjamin Netanyahu en su territorio sin detenerlo y ha declarado que abandonará la CPI, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

Ante las conclusiones del Consejo Europeo de 20 de marzo de 2025 sobre la situación de Israel y el Territorio Palestino Ocupado, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:

Hoy, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de la Directiva de Retorno de 2008, que modifica el marco jurídico europeo con respecto a los retornos o deportaciones fuera de la UE. En respuesta a la presión de algunos Estados miembros, introduce también una posible base jurídica sobre la creación de los llamados “centros de retorno” en la legislación europea, a través de “acuerdos” con terceros países.

Ante la publicación hoy de una propuesta general de “simplificación” que prevé nocivos cambios en legislación clave de sostenibilidad de la UE, incluida la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

El lunes 24 de febrero, los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de la UE recibirán en Bruselas a Gideon Sa’ar, ministro de Exteriores israelí, con motivo del Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel. Es la primera vez en la historia de la UE que sus dirigentes reciben al responsable de política exterior de un Estado contra cuyos primer ministro y exministro de Defensa existen órdenes de detención por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad dictadas por la Corte Penal Internacional (CPI) y cuyas fuerzas armadas participan activamente en la comisión de crímenes de derecho internacional, incluido el genocidio.

Grecia debe anular con urgencia las normas jurídicas que hacen que las personas solicitantes de asilo que acuden al Centro de Acceso Controlado y Cerrado de la isla de Samos, financiado por la UE, sean privadas de su libertad de forma sistemática e ilegal; así lo afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy. La organización también pide a la UE que exija responsabilidades a Grecia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el centro y que se asegure de que este sistema no sirve de modelo para el Pacto de Migración y Asilo recientemente adoptado.

Las autoridades egipcias deben levantar de forma inmediata las prohibiciones de viajar dictadas contra los destacados abogados de derechos humanos Nasser Amin (h) y Hoda Abdelwahab (m) en relación con las investigaciones penales sobre la legitimidad del trabajo de derechos humanos realizado por las ONG. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Antes de la primera sesión plenaria del recién elegido Parlamento Europeo, más de 90 organizaciones humanitarias y de derechos humanos piden a la nueva Unión Europea que adopte una postura firme para mantener el derecho de asilo y el Estado de derecho.

Los gobiernos donantes que se reúnen en Bruselas, especialmente los Estados miembros de la Unión Europea (UE), deben garantizar que ninguno de los fondos prometidos para ayudar a las población siria refugiada en Líbano contribuye a la comisión de abusos contra los derechos humanos, incluidas las expulsiones a Siria, ha declarado Amnistía Internacional hoy, primer día de la octava conferencia ministerial de la UE en Bruselas sobre “Apoyar el futuro de Siria y su región”.

La votación de los ministros de los 27 Estados miembros de la UE celebrada hoy para aprobar una ley que exige a las grandes empresas que identifiquen y aborden los efectos negativos de sus operaciones en los derechos humanos y el medioambiente marca uno de los avances más importantes de los últimos años en materia de legislación internacional sobre empresas y derechos humanos; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.