Los dirigentes reunidos en la COP30 en Brasil no acordaron situar a las personas por encima de los beneficios, ya que la falta de unidad, rendición de cuentas y transparencia menoscabó la decisión de emprender la acción climática urgente y efectiva que se necesita. No obstante, hubo algunos puntos positivos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al concluir la cumbre anual de la ONU sobre el clima.

Las infraestructuras de combustibles fósiles suponen un riesgo para la salud y los medios de vida de al menos 2.000 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, según afirman Amnistía Internacional y Better Planet Laboratory (BPL) en un nuevo informe sobre los daños que el sector de los combustibles fósiles causa al clima, a las personas y a los ecosistemas de todo el mundo.

El liderazgo de la COP30 deben situar a las personas —no el beneficio económico ni el poder— en el centro de las negociaciones, comprometiéndose a proteger y atender las demandas del activismo para intensificar la acción climática que el planeta necesita urgentemente: una eliminación gradual completa, rápida, equitativa y financiada de los combustibles fósiles y una transición justa hacia la energía sostenible para todas las personas, en todos los sectores, ha afirmado Amnistía Internacional en la antesala de la cumbre anual de la ONU sobre el clima en Brasil.

Las autoridades de Bangladesh deben abordar con urgencia su falta de medidas para hacer respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los servicios de saneamiento, que sufren marginación económica y una arraigada discriminación por razón de casta y de género, vulnerabilidades agravadas por una crisis climática mundial en gran medida inducida por la quema de combustibles fósiles; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Amnistía Internacional y otras 34 organizaciones han publicado una carta conjunta en la que aplauden la publicación del acuerdo entre el gobierno de Brasil y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para organizar la conferencia de la ONU sobre el clima (COP30) en Belém (Brasil) del 10 al 21 de noviembre de 2025.

Una nueva encuesta de Ipsos revela que una amplia mayoría de personas (el 75%) de 10 países europeos cree que es importante que la Unión Europea (UE) defienda su propia legislación medioambiental.

Por: Graciela Martínez encargada de campañas sénior y Adeline Neau investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional. 

En respuesta a la primera opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que aclara las obligaciones de los Estados respecto al cambio climático, Mandi Mudarikwa, directora de Litigio Estratégico de Amnistía Internacional, ha declarado:

Durante los últimos seis meses, los titulares han estado plagados de historias de miedo, división y odio. Sin embargo, activistas de todo el mundo han seguido trabajando para asegurarse de que prevalezca la esperanza. Estas son algunas de las victorias para los derechos humanos logradas de enero a junio de 2025 de las que podemos enorgullecernos.

Dado que hay países en peligro de incumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible —y sus obligaciones en materia de derechos humanos—, los y las dirigentes que asisten a la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo deben actuar deprisa para evitar la catástrofe climática y garantizar los derechos humanos de miles de millones de personas actualmente privadas de justicia socioeconómica; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Los Estados deben emprender urgentemente acciones en materia climática diseñando una transición justa para abandonar los combustibles fósiles en todos los sectores, y evitando así daños aún más graves para los derechos humanos en todo el mundo, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe coincidente con el inicio de la Conferencia sobre el Clima de Bonn, que tendrá lugar del 16 al 26 de junio.

El 3 de junio tendrá lugar la audiencia preliminar en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, Honduras, contra tres hombres acusados de haber participado en el asesinato del defensor del medioambiente Juan Antonio López, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). Este proceso judicial puede ser clave para que la familia de Juan López obtenga verdad, justicia y reparación por el crimen cometido el pasado 14 de septiembre en el municipio de Tocoa, declaró Amnistía Internacional. La organización insta a las autoridades hondureñas a garantizar que todas las personas sospechosas de estar involucradas en el asesinato de Juan López, tanto los autores materiales como los autores intelectuales, sean llevadas ante la justicia en juicios justos.