Las autoridades de Marruecos hacen uso de un amplio y extendido aparato de vigilancia que combina herramientas digitales y analógicas para rastrear, vigilar y en última instancia silenciar a periodistas, activistas y otras voces críticas, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Ante la noticia de que Meta ha alcanzado un acuerdo por valor de unos 18.000 millones de dólares con 47 estados de Estados Unidos y se ha comprometido a adoptar cambios de diseño específicos orientados a la seguridad en sus aplicaciones de redes sociales a raíz de las denuncias de que sus plataformas causan daños a niños y niñas, Justin Mazzola, director adjunto de investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha manifestado:
Amnistía Internacional ha advertido hoy que Meta podría no estar abordando de manera eficaz la difusión de desinformación electoral a través de la plataforma publicitaria de Facebook en vísperas de las elecciones presidenciales brasileñas del 4 de octubre.
Lisa Dittmer, investigadora sobre Derechos Digitales de la Infancia de Amnistía Internacional, y Paloma Candia y Ahmed Dhman, protectora y protector, respectivamente, de los derechos digitales, red global de niños, niños, niñas y jóvenes defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional.
La ampliación del uso de tecnologías de vigilancia en Argentina durante los dos primeros años de gobierno de Javier Milei ha servido para ampliar la capacidad de vigilancia, establecimiento de perfiles y represalias del Estado en el país, y ha creado un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe.
Ante la sentencia dictada por un juez de Nuevo México que afirma que el diseño de la plataforma de Meta es dañina para las personas menores, Justin Mazzola, director adjunto de Investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
La actual crisis de la FIFA pone de manifiesto la necesidad de reformas en la gobernanza y de sistemas transparentes para proteger los derechos humanos, ha declarado hoy la Sport & Rights Alliance. Aunque la propuesta de Gianni Infantino de constituir una sociedad llamada FIFA Forward Enterprise (FFE) por suerte retirada, los crecientes llamamientos para que se adopten más medidas también deberían abordar la crisis de derechos humanos, cada vez más profunda, ya que existe el riesgo de que, si se ignora, genere otro sistema que tolere la corrupción y encubra los abusos.
“India ha seguido suministrando armas a Israel pese al riesgo sustancial de que puedan usarse en el genocidio israelí en curso de la población palestina en la Franja de Gaza ocupada”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Ante los fenómenos meteorológicos relacionados con el calor extremo en todo el mundo, como incendios forestales generalizados, sequías e inundaciones, Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional, ha declarado:
Shell debe responder por decenios de contaminación en el delta del Níger después de que unos documentos internos de la empresa hayan revelado infracciones de las normas, infraestructuras defectuosas y costes de limpieza no satisfechos que amenazan con hacer que las comunidades afectadas tengan que pagar el precio. Así lo ha manifestado hoy en un nuevo informe una coalición de organizaciones medioambientales y de derechos humanos, de la que forma parte Amnistía Internacional.
Hoy, el Tribunal Supremo de Reino Unido ha desestimado el recurso presentado por Bahréin, que alega inmunidad del Estado frente a una demanda de larga duración presentada por los activistas políticos Saeed Shehabi y Moosa Mohammed por los daños psicológicos sufridos presuntamente tras ver infectados sus ordenadores portátiles con el software espía FinSpy mientras estaban en Reino Unido, en una operación que creen que fue autorizada y dirigida por el gobierno bahreiní.
En respuesta a la aprobación de un proyecto de ley en el Parlamento francés que prohíbe a menores de 15 años acceder a redes sociales y restringe el uso de teléfonos en las escuelas, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: