Millones de yemeníes continúan soportando las duraderas consecuencias del devastador conflicto en curso, mientras las partes muestran una incapacidad crónica para ofrecer justicia y reparación a las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, ha afirmado Amnistía Internacional en el noveno aniversario del conflicto.
La organización renueva su llamamiento a la comunidad internacional para que establezca un mecanismo internacional e independiente de rendición de cuentas encargado de investigar las violaciones y los abusos más graves del derecho internacional cometidos durante los últimos nueve años e informar públicamente al respecto, así como de recopilar y conservar pruebas para futuros procesos penales y demandas de reparación.
Al seguir desatendiendo la rendición de cuentas, la comunidad internacional no sólo falla a las víctimas de Yemen, sino que, además, fomenta un ambiente general de impunidad que impedirá poner coto a los crímenes de derecho internacional tanto en Yemen como en otros lugares.
Grazia Careccia, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
“Aunque el alto el fuego de facto ha dado lugar a una disminución de las hostilidades en comparación con años anteriores, las partes en conflicto en Yemen siguen cometiendo ataques y homicidios ilegítimos con impunidad y restringiendo la circulación y el suministro de ayuda”, ha manifestado Grazia Careccia, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Yemen se enfrenta ya a una de las peores crisis humanitarias del mundo y la reciente escalada militar en el país, tras los ataques aéreos de Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos huzíes, corre el riesgo de deteriorar una situación de por sí grave para la población civil.”
La documentación que Amnistía Internacional sigue recopilando ilustra cómo el ambiente de impunidad reinante en Yemen ha alentado a los perpetradores a cometer violaciones de derechos humanos —como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y juicios injustos— contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y cualquier otra persona considerada contraria a las distintas autoridades o crítica con ellas.
“Para poner fin al ciclo de impunidad, es imprescindible un mecanismo internacional e independiente de rendición de cuentas que facilite la rendición de cuentas penal y ofrezca una reparación efectiva a las víctimas”, ha declarado Grazia Careccia.
“Al seguir desatendiendo la rendición de cuentas, la comunidad internacional no sólo falla a las víctimas de Yemen, sino que, además, fomenta un ambiente general de impunidad que impedirá poner coto a los crímenes de derecho internacional tanto en Yemen como en otros lugares.”
La de Yemen sigue siendo una de las peores crisis humanitarias del mundo, con una cifra estimada de 4,56 millones de desplazamientos provocados por el conflicto y más de 70.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, según cifras del ACNUR. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU afirma que 18,2 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y protección. En la actualidad, al menos 17,6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y nutricional, mientras que la mitad de los niños y niñas yemeníes menores de cinco años sufren un retraso del crecimiento entre moderado y grave debido a la inseguridad alimentaria.
Información complementaria
En octubre de 2021, el Consejo de Derechos Humanos rechazó —por un estrecho margen— una resolución por la que se habría renovado el mandato del Grupo de Expertos Eminentes Internacionales y Regionales sobre Yemen, debido a la presión ejercida por Arabia Saudí —apoyada por Emiratos Árabes Unidos— sobre los miembros del Consejo para que votaran en contra. Dicho grupo de expertos, creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2017, era el único órgano de investigación internacional, imparcial e independiente que informaba sobre violaciones y abusos contra los derechos humanos en Yemen. Su disolución ha dejado un vacío que ningún mecanismo nacional puede llenar en la actualidad a la hora de recoger y conservar pruebas, identificar a víctimas y documentar violaciones y abusos de cara a posibles procesos penales y demandas de reparación, y respetando en todo momento las normas de imparcialidad e independencia.
El 26 de julio de 2023, más de 40 organizaciones de la sociedad civil yemení y asociaciones de víctimas y supervivientes publicaron la Declaración de Yemen para la Justicia y la Reconciliación, que hace hincapié en la necesidad de un proceso de justicia tras el conflicto, para abordar las reclamaciones del pueblo yemení.