Las autoridades y las fuerzas afiliadas a Hamás en la Franja de Gaza ocupada deben poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de colaborar con Israel, unas ejecuciones que se llevan a cabo sin ningún procedimiento judicial. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Tan sólo el mes pasado, agentes de seguridad de las Brigadas de Al Qassam, brazo militar de Hamás, anunciaron públicamente la ejecución sumaria de un hombre por colaborar con Israel, y manifestaron su intención de ejecutar a otro “informante” unos días después, en el contexto de lo que calificaron de una campaña de seguridad en gran escala.

Ante la noticia de la condena de 11 años y un mes de prisión impuesta a Lev Shlosberg, vicepresidente del partido Yabloko —único partido político ruso que se ha opuesto sistemáticamente a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y ha hecho campaña en favor de un alto el fuego y la diplomacia—, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:

Ante el asedio de las casas de tres familias palestinas por colonos israelíes en el pueblo de Qusra (al sudeste de Nablús, en el norte de la Cisjordania ocupada), Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:  

“El ataque israelí que causó la muerte de la periodista libanesa Amal Khalil y heridas de gravedad a la camarógrafa Zeinab Faraj en el sur del Líbano el 22 de abril de 2026 fue un ataque directo contra civiles que debe investigarse como crimen de guerra”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Con motivo de la reunión mañana de Ministerios de Interior de los países europeos sobre la respuesta de la Unión Europea (UE) a la situación de Ceuta, Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

“India ha seguido suministrando armas a Israel pese al riesgo sustancial de que puedan usarse en el genocidio israelí en curso de la población palestina en la Franja de Gaza ocupada”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Las ejecuciones sumarias de al menos 19 soldados malienses perpetradas por miembros de grupos armados en Tabrichat, un pueblo de la región de Gao (centro de Malí) deben ser investigadas como crímenes de guerra, ha afirmado Amnistía Internacional tras analizar imágenes de vídeo del incidente, que tuvo lugar el 18 de julio tras caer los soldados en una emboscada.

Cuatro meses después de pedir a las autoridades paquistaníes que explicaran cómo y por qué atacaron el 16 de marzo un centro de desintoxicación de Kabul, matando al menos a 269 civiles, Amnistía Internacional publica una nueva investigación en la que exige que el ataque sea investigado como posible crimen de guerra.

Lo que comenzó como una medida temporal para supuestamente combatir la violencia ejercida por las pandillas se ha convertido en un sistema permanente que promueve y justifica detenciones arbitrarias masivas, suspensión de garantías y graves violaciones de derechos humanos que podría constituir crímenes de lesa humanidad. Así lo concluye Amnistía Internacional en su nuevo informe «Seguridad» sin derechos: El impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en El Salvador. 

En respuesta al anuncio de una campaña para “bloquear sistemáticamente la capacidad de actuación” de la Corte Penal Internacional, efectuado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, ha declarado: 

En respuesta a la negativa continuada de la Unión Europea (UE) de suspender su Acuerdo de Asociación con Israel, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:

Un grupo armado respaldado por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo ha matado y torturado a civiles, saqueado bienes y secuestrado a mujeres como esclavas sexuales en el territorio de Rutshuru, en el este de República Democrática del Congo. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.