Amnistía Internacional ha llevado a cabo una investigación en profundidad sobre un ataque aéreo lanzado por Estados Unidos el 28 de abril de 2025 contra un centro de detención de migrantes en Sada, noroeste de Yemen. La organización ha concluido que el ataque, en el que decenas de migrantes de África resultaron muertos o heridos, fue un acto indiscriminado. Las autoridades estadounidenses deben investigarlo de forma inmediata y transparente como crimen de guerra.

Las autoridades de facto huzíes deben poner en libertad inmediata e incondicional al abogado de derechos humanos Abdul Majid Sabra, detenido arbitrariamente desde el 25 de septiembre exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

Un ataque aéreo lanzado por Estados Unidos contra un centro de detención para migrantes en Sada, en el noroeste de Yemen, el 28 de abril mató e hirió a decenas de migrantes y debe ser investigado como una violación del derecho internacional humanitario; así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, ante los informes de que centenares de personas han resultado muertas y heridas a consecuencia de los ataques aéreos estadounidenses en Yemen desde marzo de 2025.

La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda exterior por parte del gobierno de Estados Unidos pone en peligro la salud y los derechos humanos de millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria en Yemen, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Las autoridades yemeníes deben investigar con urgencia la muerte bajo custodia de un trabajador de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos de la ONU que permanecía en detención arbitraria desde el 23 de enero de 2025 en un centro de detención bajo control huzí en el norte de Yemen; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. No se ha publicado oficialmente el nombre del trabajador.

El conflicto en Sudán se alimenta de un flujo constante de armas hacia el país; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo documento que ha publicado hoy.

Las autoridades huzíes de facto deben poner de inmediato en libertad a 13 miembros del personal de la ONU y al menos 14 miembros del personal de organizaciones de la sociedad civil yemeníes e internacionales que continúan detenidos arbitrariamente un mes después como parte de una represión constante contra la comunidad humanitaria y de derechos humanos. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Las autoridades de hecho huzíes deben poner en libertad de manera inmediata e incondicional a cinco miembros de la comunidad bahaí que llevan casi un año detenidos arbitrariamente sin cargos en Saná como parte de la persecución continuada de personas de la fe religiosa bahaí. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, entre la preocupación de que los hombres en cuestión puedan correr peligro de sufrir nuevas violaciones de derechos humanos, entre ellas tortura y otros malos tratos. 

Millones de yemeníes continúan soportando las duraderas consecuencias del devastador conflicto en curso, mientras las partes muestran una incapacidad crónica para ofrecer justicia y reparación a las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, ha afirmado Amnistía Internacional en el noveno aniversario del conflicto.

Las autoridades de facto huzíes deben detener urgentemente las ejecuciones previstas y poner fin a la persecución de personas por su identidad de género u orientación sexual, real o percibida, ha declarado Amnistía Internacional tras las sentencias condenatorias —con penas de muerte, flagelación o prisión— dictadas por dos tribunales establecidos por huzíes contra más de 40 personas por cargos relacionados con conducta homosexual.

Las autoridades de facto huzíes han llevado a cabo una alarmante campaña de arrestos acorralando a decenas de manifestantes mayoritariamente pacíficos que se habían reunido para conmemorar el aniversario de la revolución del 26 de septiembre en el país; así lo ha manifestado Amnistía Internacional. La organización insta a las autoridades de facto huzíes a poner en libertad de inmediato y sin condiciones a toda persona recluida únicamente por ejercer su derecho a la libertad de reunión de manera pacífica al manifestarse.