En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional documenta violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de ese país y otras agencias federales durante las operaciones militarizadas de control de la inmigración a gran escala del gobierno de Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C.

En vísperas de la reunión que se celebrará el 4 de septiembre entre Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para debatir los progresos sobre los planes para deportar a personas a los denominados “centros de retorno” en países fuera de Europa en los que pueden no haber estado nunca, y que probablemente serán centros o instalaciones financiados por Estados miembros de la Unión Europea, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:

La detención extraterritorial de migrantes y solicitantes de asilo en virtud del acuerdo firmado entre Italia y Albania está poniendo en peligro la seguridad, libertad y derechos humanos de esta población, ha afirmado Amnistía Internacional en un documento informativo publicado cuando los acontecimientos de Ceuta siguen poniendo de manifiesto los peligros de las políticas migratorias que la Unión Europea (UE) lleva años aplicando, centradas en la exclusión y la contención.

Con motivo de la reunión mañana de Ministerios de Interior de los países europeos sobre la respuesta de la Unión Europea (UE) a la situación de Ceuta, Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

En respuesta al cruce de decenas de miles de personas, entre ellas niños y niñas, desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, y a la muerte de 43 personas —según se ha informado—, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha declarado:

Tres años después de firmar un memorándum de entendimiento para reforzar la cooperación migratoria con Túnez, el apoyo sin control de la Unión Europea (UE) a Túnez para el control fronterizo en el país sigue alimentando graves violaciones de derechos humanos contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

En reacción a las noticias sobre la posible muerte de más de 500 personas después de que dos embarcaciones que llevaban principalmente a personas refugiadas rohinyás naufragasen frente a la costa de Myanmar, el investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar, Joe Freeman, comentó:

Ante la condena expresada por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, de los cánticos racistas proferidos por miembros del Parlamento, Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado:

Amnistía Internacional insta a las instituciones y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) a abandonar los planes de deportación a Afganistán y suspender toda cooperación en materia de readmisión con las autoridades talibanas de facto. 

La comunidad costera de Cedeño, en el Golfo de Fonseca, enfrenta una crisis de derechos humanos provocada por los impactos del cambio climático, incluyendo la erosión costera, el aumento del nivel del mar y la falta de una respuesta estatal adecuada, señaló Amnistía Internacional al presentar su nuevo informe Cedeño: “Perderlo todo, casa e hijos”, Desplazamiento climático desde el Pacífico hondureño.  

En respuesta a la presidencia de la República Dominicana de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló:

En respuesta a la detención en Noruega de Tommy Olsen, trabajador de ayuda humanitaria y fundador de la ONG Aegean Boat Report que está siendo procesado en Grecia junto con el también defensor de los derechos humanos Panayote Dimitras, de la ONG Observador Griego de Helsinki, por cargos relacionados con el trabajo de ambos en defensa de los derechos de las personas refugiadas y migrantes, Dinushika Dissanayake, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado: