Maung Sawyeddollah, activista rohinyá de los derechos humanos y superviviente de atrocidades, ha presentado una demanda de denunciante de irregularidades ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Estados Unidos en la que pide a ese organismo que investigue a Meta por presuntas violaciones de las leyes que regulan el mercado de valores derivadas de las informaciones erróneas de la empresa a sus accionistas en relación con su sustancial contribución a lo que el gobierno de Estados Unidos ha clasificado como genocidio perpetrado contra la población rohinyá en Myanmar en 2017. 

Ahora que Donald Trump toma posesión de su cargo como 47 presidente de los Estados Unidos de América, los directores y directoras ejecutivos de todas las Secciones de Amnistía Internacional en las Américas se han unido para expresar sus motivos de preocupación en torno al programa de gobierno del presidente Trump, a las posibles amenazas para los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y al impacto del mandato del nuevo presidente en la región de las Américas en especial. Los directores y directoras de Amnistía Internacional también han recordado al gobierno estadounidense entrante sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que posiblemente pondrán a prueba las respuestas que requiere la humanidad, en un entorno difícil y polarizado.

Ante las condenas dictadas contra los abogados del fallecido preso de conciencia ruso Alekséi Navalni, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

En respuesta a la excarcelación de cinco personas críticas con el gobierno de Angola tras más de un año de reclusión arbitraria entre rejas, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Sarah Jackson, ha declarado:

En respuesta a sendas solicitudes de extradición formuladas por las autoridades de Egipto y Emiratos Árabes Unidos en relación con Abdul Rahman al Qaradawi —poeta egipcio-turco detenido arbitrariamente por las fuerzas de seguridad libanesas a su regreso de una visita a Siria el 28 de diciembre— la directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional, Sara Hashash, ha declarado:

En respuesta a la desestimación del recurso interpuesto por el abogado chino de derechos humanos Yu Wensheng contra su condena de tres años de prisión por ‶incitar a la subversión del poder del Estado″, la directora regional adjunta interina del área de Investigación de Amnistía Internacional, Kate Schuetze, ha declarado:

En respuesta a la desestimación por parte del Tribunal Civil de Bangkok de la demanda interpuesta por el activista tailandés Jatupat Boonpattararaksa contra NSO Group Technologies Ltd por no haber impedido presuntamente que fuera objeto de un programa espía, Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador de Amnistía Internacional sobre Tailandia, ha declarado lo siguiente:

Ante la noticia de que se han impuesto condenas de hasta 10 años de prisión a 45 figuras de la oposición hongkonesa declaradas culpables de “conspirar para subvertir el poder del Estado” en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de la ciudad, Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China, ha declarado:

Ante la reanudación esta semana del juicio sobre seguridad nacional de Jimmy Lai, activista prodemocracia de Hong Kong y fundador del extinto diario Apple Daily, Sarah Brooks, directora de Amnistía Internacional para China, ha declarado:

Ante la retirada del borrador de medida sobre el espionaje —conocida como ley de los “agentes de influencia”—, cuya votación en el Parlamento de Turquía estaba prevista hoy, Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

Cada año, personas de todo el mundo participan en la campaña Escribe por los Derechos de Amnistía Internacional.

Ante el anuncio de Emad al Trabulsi, ministro del Interior del Gobierno de Unidad Nacional (GNU) libio con sede en Trípoli, de la imposición de medidas generalizadas que reforzarían aún más la discriminación de las mujeres y las niñas, y violarían los derechos a la libertad de expresión, la religión, las creencias y la autonomía corporal, que incluyen planes para que la “policía de la moral” haga cumplir el uso obligatorio del velo, Bassam al Kantar, investigador de Amnistía Internacional sobre Libia, ha declarado: