Todos los años, la campaña de Amnistía Internacional Escribe por los Derechos reúne a gente de todo el mundo para luchar contra la injusticia y apoyar a personas cuyos derechos humanos están amenazados.

Amnistía Internacional condena la detención y el juicio de Grigory Melkonyants, copresidente del organismo ruso de observación electoral Golos, que comenzó el 27 de septiembre de 2024. La organización lo ha designado preso de conciencia, perseguido únicamente por su activismo civil.

Los ataques en Internet contra las comunidades LGBTQ de Uganda han aumentado drásticamente, debido a leyes excesivamente ambiguas que penalizan diversos aspectos de la vida de las personas LGBTQ y afianzan la discriminación, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

En vísperas de la cumbre sobre la biodiversidad COP16, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali (Colombia), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

En vísperas de la cumbre sobre la biodiversidad COP16, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali (Colombia), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“En el periodo previo a la cumbre del clima COP29 que se celebrará el próximo mes en Bakú, los Estados deben ejercer presión sobre las autoridades de Azerbaiyán para que dejen de reprimir a la sociedad civil, pongan en libertad a las personas detenidas sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y garanticen que quienes participan en el evento, como activistas y periodistas, pueden involucrarse libre y plenamente en él”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En el día de hoy se formalizó la investigación penal contra tres personas que ejercieron el alto mando de Carabineros durante la represión policial a las protestas de 2019. Bajo su dirección, dos personas fallecieron a manos de la policía y miles sufrieron lesiones graves, incluyendo traumas oculares irreversibles. En esta audiencia, esperada por más de nueve meses, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte comunicó formalmente que los investiga por su posible participación como autores del delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y con ello se dará inicio a un proceso judicial. 

“El Grupo de Acción Financiera (GAFI), en su Informe de Evaluación Mutua, reprende al gobierno indio por el riesgo de abusos al que se enfrenta el sector sin fines de lucro en India”, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. También señala las demoras en los enjuiciamientos en India en virtud de sus leyes contra el blanqueo de dinero y el terrorismo.

La crisis en Nicaragua sigue su curso, mientras el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa instrumentalizando las instituciones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial para legitimar su agenda represiva y garantizar la impunidad de los crímenes del derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidos bajo su gobierno. En este contexto, cualquier forma de disidencia y ejercicio de libertades, ya sea política, social o religiosa, siguen siendo imposibles de ejercer sin represión estatal.

Urge una rendición de cuentas internacional en medio de la intensificación de la represión postelectoral.El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmaron hoy 30 organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos en Venezuela.La Misión puede jugar un rol clave en la rendición de cuentas y mantener el escrutinio internacional en medio de la represión generalizada tras las elecciones del 28 de julio, recalcaron las organizaciones.Las tres personas expertas que conforman la Misión presentarán su quinto informe el 19 de septiembre, durante el 57º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar entre el 9 de septiembre y el 11 de octubre de 2024. Se requiere una resolución para extender el mandato después de octubre.En el pasado, un grupo de países de América Latina, así como Canadá, lideraron esta iniciativa y presentaron un texto que establecía la adopción del mandato de la Misión. De someterse a votación de los Estados miembros del Consejo, requerirá una mayoría simple para que se apruebe.Tras las elecciones presidenciales, las y los venezolanos se enfrentan a una brutal represión contra quienes ejercieron su derecho a la participación política y a la protesta, líderes políticos, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y otras personas opositoras o percibidas como tales, lo que hace que la necesidad de renovar el mandato de los expertos sea más urgente que nunca, señalaron las organizaciones.El Consejo de Derechos Humanos creó la Misión en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género, con miras a “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. Su mandato se extendió dos veces, en octubre de 2020 y 2022.La Misión fue uno de los primeros mecanismos internacionales en afirmar que las autoridades venezolanas han cometido graves violaciones de derechos humanos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En sus rigurosos informes, esta identificó a autoridades de medio y alto rango, incluido el jefe de Estado, como posibles responsables de violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, violencia sexual, así como abusos contra manifestantes. La Misión también se ha referido al papel activo del poder judicial venezolano en la comisión de estas violaciones y los diversos mecanismos de represión del Estado, incluido un plan para reprimir a la oposición o a aquellas personas percibidas como tal, y la falta de una reforma genuina del aparato de seguridad pública.Millones de venezolanos participaron en las elecciones presidenciales, a pesar de las irregularidades y violaciones de los derechos humanos que empañaron el proceso, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, discursos estigmatizantes, ataques al espacio cívico, inhabilitaciones arbitrarias de personas candidatas de la oposición y restricciones a la participación política.El Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones, pero un panel técnico de expertos electorales de la ONU y el Centro Carter, que fueron las únicas misiones técnicas de observación acreditadas por el propio CNE para observar los comicios, concluyeron que el proceso careció de transparencia e integridad. La oposición publicó en Internet actas de votación asegurando que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones por un margen significativo.Desde el 29 de julio, las autoridades venezolanas han activado su política de represión, violando derechos humanos, incluyendo a la vida, las garantías judiciales y la libertad.Las fuerzas de seguridad venezolanas, así como grupos armados pro gobierno, conocidos como “colectivos”, han reprimido las manifestaciones contra el resultado electoral anunciado, generando reportes de más de 20 muertes de manifestantes y transeúntes. Según Nicolás Maduro, más de 2.400 personas han sido detenidas, incluidas 120 niñas y niños, entendiendo “niños” como menores de 18 años según la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas de las personas detenidas han sido acusadas de ‘terrorismo’ y otros tipos penales discrecionales.El sistema judicial venezolano, incluidos el Tribunal Supremo de Justicia o la Fiscalía General, carecen de independencia e imparcialidad, como la Misión ha documentado rigurosamente en sus informes.Otras condiciones estructurales que facilitan la comisión de graves abusos y llevaron a la creación de la Misión, persisten y se han agravado incluyendo la impunidad y la falta de independencia judicial y de reparación a las víctimas, según las organizaciones.Con la renovación del mandato de la Misión, los gobiernos enviarían un mensaje claro a los autores de abusos de que la comunidad internacional se compromete a hacerles rendir cuentas por crímenes internacionales y continuas violaciones de los derechos humanos, así como respaldar la lucha de tantas víctimas por lograr verdad y justicia, afirmaron las organizaciones firmantes. Las investigaciones en curso y los informes públicos de la Misión también son esenciales para evitar un mayor deterioro en un periodo postelectoral crítico.La renovación de su mandato permitiría a la Misión continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de derechos humanos que todavía se cometen, analizar sus causas raíz, determinando posibles responsables, reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias. También permitiría a la Misión apoyar y complementar las funciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que está llevando a cabo una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.Interrumpir el trabajo de la Misión en un momento tan crucial tendría implicaciones negativas para la protección de las víctimas, los supervivientes y la población en general, y podría incentivar aún más al gobierno venezolano a continuar su brutal represión, concluyeron las organizaciones.

Amnistía Internacional ha tomado la decisión sin precedentes de designar al jefe de ala Dsta’hyl, del clan Likhts’amisyu de la nación Wet’suwet’en, como primer preso de conciencia designado por Amnistía Internacional en Canadá.

La comunidad afgana está luchando con tres años de frustración no resuelta mientras las autoridades de facto talibanas cometen violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional contra la población de Afganistán, especialmente las mujeres y las niñas, con absoluta impunidad. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.