Según ha afirmado hoy Amnistía Internacional, las autoridades pakistaníes deben poner fin de inmediato a la represión sistémica de la comunidad ahmadí y respetar el derecho a la libertad de conciencia y de religión.
En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
Ante la noticia de la intensificación de los enfrentamientos armados entre India y Pakistán, Carolyn Horn, directora de Programa de Derecho y Política en Amnistía Internacional, ha manifestado:
Los sistemas de respuesta a la catástrofe y en materia de asistencia médica no están cubriendo las necesidades de los niños y niñas y las personas mayores, que son quienes corren mayor peligro de muerte y enfermedad en condiciones meteorológicas extremas relacionadas con el cambio climático; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
“El gobierno de India debe priorizar la ayuda humanitaria e implementar inmediatamente un plan claro, inclusivo y con plazos determinados para la seguridad y el retorno voluntario de las comunidades desplazadas por la violencia étnica en Manipur”, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del segundo aniversario del estallido de violencia.
Un nuevo informe describe la lucha de las futbolistas afganas por el derecho a jugar.La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) debe actuar para poner fin a la discriminación que actualmente sufren las futbolistas afganas que viven en el exilio y facilitar su regreso a la competición internacional, ha declarado la Sport & Rights Alliance (Alianza de Deportes y Derechos) en un informe que publica hoy.
La comunidad internacional debe intervenir urgentemente y prestar el apoyo necesario para evitar el devastador impacto en las vidas de las personas rohinyás refugiadas en Bangladesh tras el anuncio de los severos recortes de ayuda humanitaria por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA). Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, en vísperas de la visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Estados y empresas fabrican, publicitan y venden material de descarga eléctrica que se utiliza para infligir tortura y otros malos tratos, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe, en el que pide un tratado global y jurídicamente vinculante que regule la producción y el comercio descontrolado del material utilizado para hacer cumplir la ley.
El hecho de que gobiernos de todo el mundo no consultaran a los pueblos indígenas sobre el cierre de escuelas y otras respuestas de emergencia a la pandemia de COVID-19 violó sus derechos, ya que los niños y niñas siguen sintiendo los efectos cinco años después del primer cierre mundial, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
De Pat de Brún, responsable de Rendición de Cuentas de las Grandes Empresas Tecnológicas de Amnistía Internacional, y Maung Sawyeddollah, fundador y director ejecutivo de la Red de Estudiantes Rohinyás.
En respuesta a la solicitud presentada ayer por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que se dicten órdenes de detención contra el líder supremo talibán, Haibatullah Akhundzada, y el jefe del poder judicial talibán, Abdul Hakim Haqqani, por su presunta responsabilidad en el crimen de lesa humanidad de persecución de género en Afganistán, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
Todas las personas tienen derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos se incluyen el derecho a la vivienda, la alimentación, el agua y el saneamiento, la educación y la atención sanitaria. Para acceder a estos derechos, muchas personas perciben un salario o ingresos con los que pagan bienes y servicios. Sin embargo, el trabajo no siempre proporciona un salario suficiente para cubrir estas necesidades esenciales.