Ante la decisión anunciada hoy por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh de condenar a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina y al ex ministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal tras declararlos culpables in absentia por crímenes contra la humanidad, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
Ante la noticia de la muerte de personas refugiadas y migrantes a bordo de un barco que se hundió frente a las costas de Malasia, Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar, ha manifestado:
El liderazgo de la COP30 deben situar a las personas —no el beneficio económico ni el poder— en el centro de las negociaciones, comprometiéndose a proteger y atender las demandas del activismo para intensificar la acción climática que el planeta necesita urgentemente: una eliminación gradual completa, rápida, equitativa y financiada de los combustibles fósiles y una transición justa hacia la energía sostenible para todas las personas, en todos los sectores, ha afirmado Amnistía Internacional en la antesala de la cumbre anual de la ONU sobre el clima en Brasil.
Las autoridades de Bangladesh deben abordar con urgencia su falta de medidas para hacer respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los servicios de saneamiento, que sufren marginación económica y una arraigada discriminación por razón de casta y de género, vulnerabilidades agravadas por una crisis climática mundial en gran medida inducida por la quema de combustibles fósiles; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Ante la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de establecer un mecanismo de investigación independiente sobre Afganistán con el mandato de recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas de delitos de derecho internacional y de violaciones y abusos contra los derechos humanos pasados y presentes, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
En respuesta al bloqueo total de Internet impuesto en todo Afganistán por las autoridades de facto talibanas so pretexto de evitar “el mal uso de Internet” y la difusión de “actos inmorales”, Smriti Singh, directora regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado:
Las comunidades rohinyás del norte del estado de Rajine, en Myanmar, están sufriendo trabajos forzados, crisis alimentarias y de salud, severas restricciones a la libertad de circulación y un conflicto armado cada vez más intenso. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al advertir sobre las decisiones peligrosamente prematuras de repatriar a personas refugiadas desde Bangladesh.
En respuesta a la información que se ha difundido sobre al menos 19 personas muertas y más de 100 heridas durante una represión de las protestas encabezadas por jóvenes contra la corrupción y la prohibición de las redes sociales en Nepal, Nirajan Thapaliya, director de Amnistía Internacional Nepal, ha declarado:
La expansión de la vigilancia y censura masiva ejercida por Pakistán está impulsada por un conjunto de empresas con sede en Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, China, Canadá y Estados Unidos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado “Sombras de control”. La investigación, que ha durado un año, se ha llevado a cabo en colaboración con Paper Trail Media, DER STANDARD, Follow the Money, The Globe and Mail, Justice For Myanmar, InterSecLab y Tor Project.
Ante la noticia del devastador terremoto que ha sacudido las provincias orientales de Afganistán, Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha manifestado:
El 25 de agosto de 2025 se cumplen ocho años desde que las fuerzas armadas y las autoridades de Myanmar comenzaron a cometer atrocidades generalizadas contra la población rohinyá en el estado de Rajine en ese país.
Las autoridades de facto talibanas deben acabar de inmediato con la administración arbitraria y sin garantías de la justicia, restableciendo un marco formal constitucional y jurídico y el Estado de derecho, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Afganistán en materia de derechos humanos, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.