Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

En respuesta a la revisión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel realizado por la Comisión Europea, que encontró “indicios” de que Israel está incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha manifestado:

En respuesta a los reiterados ataques con drones lanzados este año (el más reciente, el viernes 20 de junio) en la provincia de Jyber Pajtunjwa, Pakistán, que han matado al menos a 17 personas, cinco de ellas menores, Isabelle Lassée, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado:

La población civil de la ciudad de Sumy, en Ucrania, es víctima de un número creciente de ataques ilegítimos mientras el ejército ruso intensifica sus ataques en la región. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“Las autoridades iraníes deben paralizar todos los planes de llevar a cabo ejecuciones arbitrarias y proteger frente a la desaparición forzada, y la tortura y otros malos tratos a todas las personas arrestadas por acusaciones de espionaje para Israel”.

Ante la noticia de que un tribunal de Georgia ha ordenado a cinco organizaciones independientes de la sociedad civil que entreguen a la Oficina Anticorrupción datos sumamente delicados sobre personas beneficiarias protegidas mediante su trabajo de derechos humanos, así como información sobre sus actividades y subvenciones, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

Ante la orden de poner a Mahmoud Khalil en libertad provisional dictada por un juez de un tribunal federal de primera instancia, Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:

Las autoridades turcas deben llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas sobre las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes encargados de hacer cumplir la ley en todas las protestas multitudinarias celebradas en marzo de 2025, algunas de las cuales pueden constituir tortura; así lo afirma Amnistía Internacional en las conclusiones de una nueva investigación.

A medida que aumenta el número de civiles que sufren las crueles consecuencias de la aterradora escalada militar en Irán e Israel desde el 13 de junio de 2025, y ante las amenazas de que se intensifique la escalada del conflicto, Amnistía Internacional insta a las autoridades israelíes e iraníes a cumplir con su obligación, contraída en virtud del derecho internacional humanitario, de proteger a la población civil.

Las ONG piden medidas inmediatas para poner fin al letal programa de distribución israelí en Gaza (que incluye la llamada Fundación Humanitaria de Gaza), volver a los mecanismos de coordinación dirigidos por la ONU y levantar el bloqueo impuesto por el gobierno israelí sobre los envíos comerciales y de ayuda humanitaria. Los 400 puntos de distribución de ayuda humanitaria que estuvieron activos durante el cese temporal de hostilidades en toda Gaza han sido sustituidos por sólo cuatro puntos de distribución controlados por militares, lo que obliga a dos millones de personas a acudir a zonas militarizadas superpobladas donde sufren tiroteos a diario y muchas mueren al intentar acceder a alimentos y verse privadas de cualquier otro suministro vital.

En un contexto de agravamiento de la crisis del costo de la vida y medioambiental, y a pesar de haber prometido reiteradamente que iban a defender la justicia económica y social para las personas más desfavorecidas, en los últimos cinco años las autoridades tunecinas han actuado contra personas de comunidades marginadas y pobres por protestar pacíficamente o hacer huelga en relación con cuestiones socioeconómicas y medioambientales, afirma Amnistía Internacional en un informe que se publica hoy.

Los Estados deben emprender urgentemente acciones en materia climática diseñando una transición justa para abandonar los combustibles fósiles en todos los sectores, y evitando así daños aún más graves para los derechos humanos en todo el mundo, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe coincidente con el inicio de la Conferencia sobre el Clima de Bonn, que tendrá lugar del 16 al 26 de junio.