En un contexto de agravamiento de la crisis del costo de la vida y medioambiental, y a pesar de haber prometido reiteradamente que iban a defender la justicia económica y social para las personas más desfavorecidas, en los últimos cinco años las autoridades tunecinas han actuado contra personas de comunidades marginadas y pobres por protestar pacíficamente o hacer huelga en relación con cuestiones socioeconómicas y medioambientales, afirma Amnistía Internacional en un informe que se publica hoy.
El informe, titulado “We were only asking for our rights and dignity”, expone el hecho de que las autoridades tunecinas han detenido, investigado o enjuiciado a personas por protestar pacíficamente o hacer huelga por cuestiones socioeconómicas y medioambientales, como las malas condiciones laborales, la contaminación y el acceso al agua, utilizando para ello diversos cargos imprecisos de “obstrucción”.
Entre febrero de 2020 y enero de 2025, las autoridades han actuado al menos contra 90 personas que se manifestaban pacíficamente, activistas, sindicalistas y trabajadores y trabajadoras por el simple hecho de ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica, a formar sindicatos y afiliarse a ellos, y a convocar y participar en huelgas.
En lugar de utilizar el cargo impreciso de ‘obstrucción’ para silenciar o castigar las expresiones pacíficas de disidencia o descontento en relación con derechos fundamentales relacionados con cuestiones medioambientales o laborales, las autoridades tunecinas deberían trabajar para proteger y defender el derecho a la libertad de reunión pacífica, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África
“El derecho a la libertad de reunión pacífica es fundamental para una sociedad próspera y constituye un medio crucial para fortalecer los derechos humanos y proteger los derechos laborales”, ha afirmado Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Este informe pone de manifiesto un patrón preocupante de criminalización del activismo pacífico en general a nivel local, donde las comunidades o los trabajadores y trabajadoras se han movilizado para defender sus derechos socioeconómicos o medioambientales básicos. Se trata de otra manifestación, menos visible, de la represión de la disidencia pacífica como parte de una campaña más amplia contra los derechos humanos y el Estado de derecho en Túnez que amenaza aún más el espacio de la sociedad civil en el país.”
“En lugar de utilizar el cargo impreciso de ‘obstrucción’ para silenciar o castigar las expresiones pacíficas de disidencia o descontento en relación con derechos fundamentales relacionados con cuestiones medioambientales o laborales, las autoridades tunecinas deberían trabajar para proteger y defender el derecho a la libertad de reunión pacífica, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.”
Amnistía Internacional ha investigado nueve casos que ilustran un patrón más amplio de criminalización de la reunión pacífica mediante el uso del cargo de “obstrucción”. Son casos que probablemente no se denuncian debido a su localización, la falta de acceso de las comunidades afectadas a las organizaciones de derechos humanos y su temor a sufrir represalias por parte de las autoridades y de empleadores.
La organización entrevistó a 26 personas, ocho de sus abogados y cuatro familiares para documentar estos casos relacionados con la investigación, detención o enjuiciamiento de 90 personas por cargos de ”obstrucción”. Las disposiciones relativas a estos cargos, formuladas de manera imprecisa, no cumplen con el principio de legalidad y no prohíben ningún delito penal reconocido internacionalmente.
Los procedimientos judiciales se iniciaron en represalia por participar en reuniones pacíficas o llevar a cabo actividades sindicales, a menudo vinculadas a la Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), y tenían por objeto disuadir a los manifestantes y otras personas de participar en futuras protestas y huelgas. Se detuvo a un total de 16 personas a las que se recluyó durante periodos de entre tres días y 20 meses. Entre ellas hay residentes y activistas por los derechos medioambientales que protestaron por su derecho al agua y a un medioambiente saludable, así como trabajadores, trabajadoras y sindicalistas que convocaron protestas y huelgas por cuestiones relacionadas con el empleo y las condiciones laborales.
Como declaró una trabajadora en huelga de una fábrica de zapatos en Kairuán: “Fue la gota que colmó el vaso, decidimos pasar a la acción… No tenemos protección frente a los productos químicos que utilizamos en la fábrica… En verano tenemos que trabajar a temperaturas muy altas; no hay agua, no se respeta nuestro bienestar… Si te pones enferma, te reducen el sueldo… Si no puedes trabajar, te despiden… Los insultos son constantes”.
Contó que la policía las había citado en noviembre de 2024, justo antes de una reunión en la que se iba a constituir un sindicato: “Querían que dijéramos que nos habían manipulado para hacer algo ilegal, o que teníamos otros motivos sospechosos, pero no había nada de eso. Sólo reclamábamos nuestros derechos y nuestra dignidad”.
Si bien la mayoría de las personas afectadas fueron declaradas culpables y condenadas al pago de multas o a penas condicionales de prisión, o no fueron detenidas en espera de juicio, este patrón tiene un efecto disuasorio sobre quienes se plantean expresar sus preocupaciones sobre sus derechos sociales, económicos y medioambientales.
Un vecino de la localidad de Bargou, en la región septentrional de Siliana, que participó en una protesta por el acceso al agua en febrero de 2023 declaró: “Casi no se le puede llamar protesta; estábamos a un lado de la carretera con pancartas, no hubo ningún tipo de obstrucción. La policía cito a decenas de personas por eso”.
Un activista local de la región oriental de Sfax, declarado culpable por su participación en un movimiento de protesta medioambiental en junio de 2023, contó a Amnistía Internacional: “Llevaron a todo el mundo a juicio. Fue una forma de silenciarnos… de decirnos que cerráramos la boca o iríamos a la cárcel”.
En febrero de 2020, las autoridades citaron a un grupo de trabajadoras forestales de Sfax que habían hecho una sentada para protestar por sus condiciones laborales. La policía les pidió que firmaran declaraciones en las que se comprometían a no volver a protestar, lo que vulneraba su derecho a la libertad de reunión.
A esto se suma que, en cinco de los casos documentados, se produjeron graves violaciones del derecho a un juicio justo y al debido proceso, incluida la negación de los derechos de las personas acusados a la información y a una defensa adecuada.
En ocho de los nueve casos investigados, las autoridades aplicaron el artículo 136 del Código Penal sobre “obstrucción del trabajo”, y en un caso, el artículo 107 del Código Penal sobre “obstrucción de un servicio público”.
En ocasiones, los cargos de “obstrucción” también se utilizaron como parte de una serie de acusaciones contra figuras destacadas de la política y la sociedad civil que expresaron su oposición al presidente Kais Said, como el juez Anas Hmedi y la lideresa opositora Abir Moussi.
“La aplicación arbitraria de estas disposiciones jurídicas sobre la ‘obstrucción’, redactadas de forma imprecisa, junto con las violaciones del derecho a un juicio justo, infringe las obligaciones internacionales de Túnez en materia de derechos humanos y envía un mensaje intimidatorio a cualquiera que se atreva a defender sus derechos”, manifestó Sara Hashash.
“Las autoridades tunecinas deben anular inmediatamente las sentencias condenatorias y retirar los cargos en todos los casos relacionados con la participación de personas en protestas pacíficas en la calle y en huelgas por los derechos laborales. También deben derogar los artículos 107 y 136 del Código Penal o modificarlos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.”
Tras la toma del poder por el presidente Kais Saied el 25 de julio de 2021, las autoridades tunecinas han intensificado su campaña de represión contra los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y todas las formas de disidencia, utilizando legislación represiva y acusaciones infundadas para enjuiciar y detener arbitrariamente a miembros de la oposición política, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil, profesionales de la abogacía y otras personas consideradas críticas con el gobierno, erosionando la independencia judicial y el Estado de derecho.
Los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en los que Túnez es Estado Parte. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de tolerar las obstrucciones temporales causadas por una reunión pacífica, como la interrupción del tráfico rodado, la circulación de peatones o la actividad económica. La mera obstrucción de la circulación o del tráfico no puede equipararse a la violencia.