La congelación brusca y radical de la ayuda exterior por parte del gobierno de Estados Unidos pone en grave peligro los derechos humanos de las personas refugiadas, la población civil de las zonas de conflicto armado y quienes huyen de la persecución en Myanmar; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Myanmar, según han manifestado 46 organizaciones hoy, víspera del cuatro aniversario del golpe de estado del 1 de febrero de 2021.
Maung Sawyeddollah, activista rohinyá de los derechos humanos y superviviente de atrocidades, ha presentado una demanda de denunciante de irregularidades ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Estados Unidos en la que pide a ese organismo que investigue a Meta por presuntas violaciones de las leyes que regulan el mercado de valores derivadas de las informaciones erróneas de la empresa a sus accionistas en relación con su sustancial contribución a lo que el gobierno de Estados Unidos ha clasificado como genocidio perpetrado contra la población rohinyá en Myanmar en 2017.
Cada año, personas de todo el mundo participan en la campaña Escribe por los Derechos de Amnistía Internacional.
Las personas rohinyás recién llegadas a Bangladesh necesitan acceso urgente a alimentación, refugio y asistencia médica tras haber soportado violencia de la peor clase desde las fuerzas armadas de Myanmar iniciaron la campaña contra su comunidad en 2017; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Los Estados miembros de la ONU deben apoyar una resolución para iniciar sin demora las negociaciones formales de una Convención para la Prevención y la Sanción de los Crímenes de Lesa Humanidad, con el objetivo de fortalecer el marco de justicia internacional y reducir considerablemente las zonas de seguridad que impiden investigar y enjuiciar a los autores de los crímenes, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
El aumento de los ataques mortales contra la población rohinyá en el estado de Rajine (Myanmar) se asemeja terriblemente a las atrocidades ocurridas en agosto de 2017, ha declarado Amnistía Internacional en vísperas del séptimo aniversario de la crisis.
Algunos de los mayores exportadores de armas del mundo siguen incumpliendo abiertamente las normas del Tratado sobre el Comercio de Armas con sus transferencias ilegítimas de armas, lo que provoca una devastadora pérdida de vidas humanas en zonas de conflicto como los Territorios Palestinos Ocupados, en particular la Franja de Gaza ocupada, Sudán y Myanmar, ha manifestado Amnistía Internacional más de diez años después de la adopción del Tratado.
Amnistía Internacional ha documentado nuevos envíos de combustible de aviación a Myanmar, a pesar de los llamamientos internacionales para privar al ejército del país de los recursos que necesita para llevar a cabo ataques aéreos ilegales.
“El mes pasado, los ataques aéreos del ejército de Myanmar mataron a 17 personas civiles —incluidas 9 menores— que se dirigían a la iglesia”, afirma Amnistía Internacional en una nueva investigación.
Nuevos datos indican que las fuerzas armadas de Myanmar están empleando nuevas tácticas para importar combustible de aviación tras la imposición de sanciones en respuesta a los ataques aéreos que han cometido homicidios ilegítimos y causado herido entre la población civil, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en vísperas del tercer aniversario del golpe de Estado de 2021.
Hace seis años, Sawyeddollah disfrutaba jugando al fútbol y soñaba con ser médico. Sin embargo, en 2017, cuando tenía 15 años, su vida se trastocó por completo.