Desde que se hizo con el poder el 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha ejercido una represión generalizada y ha cometido abusos en todas las facetas de la vida del país. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Fortify Rights y Human Rights Watch. Las atrocidades cometidas por el ejército desde el golpe de Estado, que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, han ido en aumento durante el último año a medida que la junta ha tratado de afianzar su gobierno mediante operaciones militares abusivas y elecciones orquestadas.

Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha concluido que el combustible de aviación que usa el ejército de Myanmar para lanzar ataques aéreos mortales contra la población civil sigue entrando en el país a través de una cadena de suministro opaca que está “fuera de control” cinco años después de que el ejército tomara el poder.

“Los preparativos para la primera vuelta de las elecciones impuestas por la junta militar que se celebrará este fin de semana en Myanmar han desembocado en ataques ilegítimos que podrían constituir crímenes de guerra, así como en un aumento drástico de las detenciones arbitrarias y una mayor represión de la libertad de expresión”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Tras conocerse los informes de que las fuerzas armadas de Myanmar realizaron un ataque aéreo contra un hospital del estado de Rakáin el miércoles por la noche, Día de los Derechos Humanos, el investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar, Joe Freeman, manifestó:

En un contexto de propagación de las prácticas autoritarias, colapso climático y erosión del derecho internacional, el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) Amnistía Internacional lanza su campaña anual Escribe por los Derechos para apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y mostrar que la humanidad debe triunfar.

Ante la noticia de la muerte de personas refugiadas y migrantes a bordo de un barco que se hundió frente a las costas de Malasia, Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar, ha manifestado:

Las comunidades rohinyás del norte del estado de Rajine, en Myanmar, están sufriendo trabajos forzados, crisis alimentarias y de salud, severas restricciones a la libertad de circulación y un conflicto armado cada vez más intenso. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al advertir sobre las decisiones peligrosamente prematuras de repatriar a personas refugiadas desde Bangladesh.

Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe titulado Breaking up with Big Tech (Romper con las grandes empresas tecnológicas) ’en el que se pide a gobiernos que limiten el poder de las grandes empresas tecnológicas con el objetivo de proteger los derechos humanos.

El 25 de agosto de 2025 se cumplen ocho años desde que las fuerzas armadas y las autoridades de Myanmar comenzaron a cometer atrocidades generalizadas contra la población rohinyá en el estado de Rajine en ese país.

En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

Estados Unidos y otros gobiernos deben encontrar urgentemente financiamiento para los programas de educación en Myanmar que fueron un salvavidas para estudiantes, profesores y familias de este país asolado por la guerra, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, que ha advertido de que habrá una “generación perdida” si no se toman medidas.

Las fuerzas armadas de Myanmar deben abstenerse de llevar a cabo ataques deliberados, aéreos y de otra índole, contra objetivos civiles en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 que tuvo lugar la semana pasada; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, al tiempo que ha pedido más rapidez en el reparto de ayuda humanitaria a la población residente en el epicentro de la catástrofe.