Ante la noticia de la muerte de personas refugiadas y migrantes a bordo de un barco que se hundió frente a las costas de Malasia, Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar, ha manifestado:
Las comunidades rohinyás del norte del estado de Rajine, en Myanmar, están sufriendo trabajos forzados, crisis alimentarias y de salud, severas restricciones a la libertad de circulación y un conflicto armado cada vez más intenso. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, al advertir sobre las decisiones peligrosamente prematuras de repatriar a personas refugiadas desde Bangladesh.
Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe titulado Breaking up with Big Tech (Romper con las grandes empresas tecnológicas) ’en el que se pide a gobiernos que limiten el poder de las grandes empresas tecnológicas con el objetivo de proteger los derechos humanos.
El 25 de agosto de 2025 se cumplen ocho años desde que las fuerzas armadas y las autoridades de Myanmar comenzaron a cometer atrocidades generalizadas contra la población rohinyá en el estado de Rajine en ese país.
En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
Estados Unidos y otros gobiernos deben encontrar urgentemente financiamiento para los programas de educación en Myanmar que fueron un salvavidas para estudiantes, profesores y familias de este país asolado por la guerra, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, que ha advertido de que habrá una “generación perdida” si no se toman medidas.
Las fuerzas armadas de Myanmar deben abstenerse de llevar a cabo ataques deliberados, aéreos y de otra índole, contra objetivos civiles en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 que tuvo lugar la semana pasada; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, al tiempo que ha pedido más rapidez en el reparto de ayuda humanitaria a la población residente en el epicentro de la catástrofe.
En respuesta a la información sobre los enormes daños causados por un terremoto de magnitud 7,7 en la zona central y otras zonas de Myanmar, Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar, ha declarado:
De Pat de Brún, responsable de Rendición de Cuentas de las Grandes Empresas Tecnológicas de Amnistía Internacional, y Maung Sawyeddollah, fundador y director ejecutivo de la Red de Estudiantes Rohinyás.
La congelación brusca y radical de la ayuda exterior por parte del gobierno de Estados Unidos pone en grave peligro los derechos humanos de las personas refugiadas, la población civil de las zonas de conflicto armado y quienes huyen de la persecución en Myanmar; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en Myanmar, según han manifestado 46 organizaciones hoy, víspera del cuatro aniversario del golpe de estado del 1 de febrero de 2021.
Maung Sawyeddollah, activista rohinyá de los derechos humanos y superviviente de atrocidades, ha presentado una demanda de denunciante de irregularidades ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Estados Unidos en la que pide a ese organismo que investigue a Meta por presuntas violaciones de las leyes que regulan el mercado de valores derivadas de las informaciones erróneas de la empresa a sus accionistas en relación con su sustancial contribución a lo que el gobierno de Estados Unidos ha clasificado como genocidio perpetrado contra la población rohinyá en Myanmar en 2017.