Las autoridades nigerinas deben poner en libertad de inmediato al activista de la sociedad civil y defensor de los derechos humanos Moussa Tchangari y dejar de usar cargos de terrorismo para silenciar a la disidencia; así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

La reciente ola de sanciones impuestas por las autoridades de Benín a medios de comunicación independientes pone de relieve la necesidad urgente de proteger la libertad de prensa en el país; así lo han manifestado Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras e Internet Without Borders. Este llamamiento se produce cuando el Parlamento de Benín debate la reforma del Código del Sector Digital, legislación fundamental para la protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa.

“Las autoridades de Ghana no han protegido ni han hecho cumplir los derechos humanos de cientos de víctimas de acusaciones de brujería y de ataques rituales que las obligaron a huir de su comunidad temiendo por su vida”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Ante la excarcelación de Dorgelesse Nguessan, madre sola y peluquera detenida arbitrariamente en 2020 por participar en una protesta pacífica, Marceau Sivieude, director regional interino de Amnistía Internacional para el África Occidental y Central, ha declarado:

En respuesta al homicidio de más de 40 civiles a manos de Boko Haram durante un ataque a comunidades agrícolas del estado de Borno (nordeste de Nigeria) el 12 de enero, Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, ha declarado:

Las autoridades de Malí deben llevar a cabo una investigación efectiva y transparente sobre la muerte de al menos ocho civiles tras los ataques con drones realizados contra un mercado de Inadiafatane un día ajetreado del mes pasado. “Estos ataques deben investigarse como un crimen de guerra, pues causaron muertes y heridas de civiles y fueron dirigidos contra bienes de carácter civil”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Cuando en África ya hay millones de personas desplazadas a consecuencia de desastres causados por el cambio climático, los países más ricos, máximos responsables del calentamiento global, deben acordar en la Conferencia sobre el Clima COP29, que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, pagar íntegramente las catastróficas pérdidas de hogares y el perjuicio a los medios de subsistencia que están teniendo lugar en todo el continente, ha declarado Amnistía Internacional. Asimismo, deben financiar totalmente las medidas de adaptación de los gobiernos africanos para prevenir nuevos desplazamientos forzados, detener las violaciones de derechos humanos y ayudarlos a conseguir la eliminación gradual rápida y justa de la producción y el uso de combustibles fósiles.

Tres países del África subsahariana que están a punto de abolir la pena de muerte deben actuar ya y abolirla de una vez por todas, lo que allanará el camino para que otros países de todo el mundo sigan sus pasos, ha declarado Amnistía Internacional con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre).

Ante el rechazo por el Parlamento de Gambia el 15 de julio de un proyecto de ley para derogar la Reforma de la Ley de la Mujer de 2015, que prohíbe la mutilación genital femenina (MGF), Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha declarado:

En respuesta a la contratación, por el organismo regulador del petróleo de Nigeria, de Boston Consulting Group (BCG) y S&P Global para ayudar a supervisar la venta de los activos de Shell en el país, Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, ha declarado:

Tres de cada cinco niños, niñas y jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos sufren ciberacoso en relación con su activismo, según un nuevo análisis de 400 respuestas a un cuestionario de Amnistía Internacional distribuido a activistas juveniles de 59 países.

Ante la noticia de la decisión de la Sala de Primera Instancia X de la Corte Penal Internacional (CPI) de declarar culpable a Al Hassan Ag Abdoul Aziz de algunos de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se le acusó de haber cometido en Tombuctú (Malí), Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha declarado: