El 24 de junio de 2026, unos terremotos devastadores sacudieron Venezuela, dejando a su paso un incontable número de víctimas, entre ellas miles de personas que murieron, resultaron heridas, fueron desplazadas, se quedaron sin hogar o se vieron afectadas de alguna otra forma. Se considera que las cifras oficiales, que no dejan de aumentar, aún no reflejan el alcance total del desastre. Las autoridades venezolanas deben garantizar que las labores de ayuda se rijan por el derecho y estándares de derechos humanos. Se necesitan medidas especiales para proteger a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, incluidas las niñas, niños y personas mayores. Se debe proteger el papel de las y los periodistas que brindan información fundamental al público. Instamos a la presidenta encargada a que garantice que las labores de ayuda respeten los principios humanitarios y el derecho internacional de los derechos humanos.
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Delcy Rodriguez
Presidenta Encargada de la República
Palacio de Miraflores,
Av. Nte. 10, Caracas 1012,
Caracas, Venezuela
Twitter: @delcyrodriguezv
Señora Presidenta Encargada:
Amnistía Internacional se solidariza con todas las personas afectadas directa o indirectamente por los terribles terremotos, réplicas y la catástrofe que han azotado a Venezuela desde el 24 de junio. Durante muchos años, el mundo ha sido testigo de la resiliencia, la solidaridad y la dignidad del pueblo venezolano frente a crisis humanitarias y de derechos humanos prolongadas. Hoy, la obligación de las autoridades venezolanas de proteger los derechos humanos de su población es más indispensable que nunca.
El plan de respuesta de emergencia y los esfuerzos humanitarios para ayudar a todas las personas afectadas por esta catástrofe deben respetar los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Esto incluye abstenerse de cualquier forma de discriminación en la prestación y distribución de la asistencia humanitaria.
Es fundamental que se proteja plenamente el papel de las y los periodistas y los medios de comunicación independientes. Se debe permitir que las y los periodistas nacionales e internacionales que actualmente intentan recabar y difundir información de interés público lo hagan, a fin de proporcionar información vital que podría salvar vidas y proteger a quienes necesitan urgentemente rescate, asistencia y ayuda humanitaria. Garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información incluye levantar los bloqueos y los cierres de medios y plataformas de comunicación en línea, de conformidad con el derecho y las normas internacionales.
Asimismo, hacemos hincapié en que la vida, la integridad personal y la seguridad de las niñas, niños y las personas mayores —quienes se ven y seguirán viéndose particularmente afectados por este desastre— deben garantizarse con la máxima urgencia y cuidado.
Le instamos a brindar ayuda y responder a los terremotos de conformidad con las normas humanitarias y de labores de respuesta a desastres, así como con el derecho internacional de los derechos humanos, protegiendo la libertad de prensa y a quienes son más vulnerables a la discriminación y la marginación, incluidos las niñas, niños y las personas mayores.
Atentamente,
INFORMACIÓN ADICIONAL
En la tarde del 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron la región norte de Venezuela, con magnitudes de 7.2 y 7.5, respectivamente. Los terremotos afectaron principalmente a estados densamente poblados, entre ellos La Guaira, Caracas, Carabobo, Falcón, Aragua, Miranda y Yaracuy. Al 29 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró que al menos 1,719 personas habían perdido la vida, 5,000 resultaron heridas y 15,000 se vieron desplazadas de sus hogares. Cientos de edificios de apartamentos y otros edificios se derrumbaron o sufrieron daños estructurales. Se considera ampliamente que estas cifras no reflejan plenamente el alcance total de los daños humanos y materiales causados por los terremotos, ya que, según reportes, miles de personas siguen desaparecidas y continúan produciéndose réplicas.
El 25 de junio, Amnistía Internacional emitió un comunicado de prensa en el que alertaba sobre el impacto devastador que estos terremotos probablemente tendrían en la población de Venezuela, que viene soportando una compleja emergencia humanitaria de una década de duración, una política sistemática de represión y, lo que es más grave, un sistema de salud colapsado.
Al respecto, la organización señaló que “[el] acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido severamente restringidos como consecuencia de años de censura patrocinada por el Estado, incluido el cierre de decenas de medios de comunicación, el bloqueo de plataformas de redes sociales como X y la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En el contexto de la actual emergencia humanitaria, la organización destaca la importancia crítica de levantar de inmediato todas las restricciones indebidas a la prensa, a las plataformas de redes sociales y a los canales esenciales de comunicación en línea. El impacto potencial de no hacerlo podría medirse en vidas perdidas y en derechos irreparablemente afectados.” En respuesta a información pública sobre las persistentes restricciones y la censura del trabajo de las y los periodistas en el terreno, este llamado sigue siendo fundamental para un plan de respuesta humanitaria eficaz y basado en derechos.
Además, Amnistía Internacional declaró que “[las] ONG de derechos humanos y humanitarias operan actualmente en un entorno sumamente restrictivo como resultado de una arquitectura legal represiva orientada a cerrar el espacio cívico y atacar cualquier forma de disidencia percibida. Para ofrecer un plan de respuesta efectivo, las autoridades venezolanas deben derogar de inmediato la llamada ley anti-ONG y todos los demás mecanismos legales que restringen, controlan y limitan las actividades legítimas y necesarias de estas organizaciones de la sociedad civil.”
Este llamado se ha vuelto aún más urgente para ayudar a los grupos más vulnerables a la discriminación y la marginación, es decir, las niños y los niños y las personas mayores. La organización ha recibido informes iniciales muy preocupantes sobre niñas y niños que presuntamente podrían haber sufrido graves violaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional está monitoreando de manera continua y cercana la situación en el país, en plena solidaridad con el pueblo venezolano, las personas defensoras de derechos humanos, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y todas las personas trágicamente afectadas por este desastre.
IDIOMA PREFERIDO PARA DIRIGIRSE AL DESTINATARIO: español o inglés.
También puedes escribir en tu propio idioma.
POR FAVOR, ACTÚA LO ANTES POSIBLE HASTA EL: 10 de agosto de 2026
Consulta con la oficina de Amnistía en tu país si deseas enviar apelaciones después de la fecha límite.
NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO: Víctimas del terremoto y personas afectadas (ellas/ellos)