El Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana corre grave peligro de tener que cerrar en 2026, lo que podría privar de la justicia y la reparación a miles de víctimas y supervivientes de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización pide a los Estados que hagan contribuciones económicas urgentes al Tribunal para que éste pueda continuar con su crucial funcionamiento.

Ante un anuncio el 4 de diciembre de que el gobierno de Burkina Faso ha decidido restablecer la pena de muerte como parte de una reforma del Código Penal. siete años después de su abolición para delitos comunes, Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha declarado:

Las infraestructuras de combustibles fósiles suponen un riesgo para la salud y los medios de vida de al menos 2.000 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, según afirman Amnistía Internacional y Better Planet Laboratory (BPL) en un nuevo informe sobre los daños que el sector de los combustibles fósiles causa al clima, a las personas y a los ecosistemas de todo el mundo.

El liderazgo de la COP30 deben situar a las personas —no el beneficio económico ni el poder— en el centro de las negociaciones, comprometiéndose a proteger y atender las demandas del activismo para intensificar la acción climática que el planeta necesita urgentemente: una eliminación gradual completa, rápida, equitativa y financiada de los combustibles fósiles y una transición justa hacia la energía sostenible para todas las personas, en todos los sectores, ha afirmado Amnistía Internacional en la antesala de la cumbre anual de la ONU sobre el clima en Brasil.

El cierre del Tribunal Penal Especial de la República Centroafricana sería un golpe catastrófico para las perspectivas de miles de víctimas y supervivientes de conseguir justicia por los graves crímenes cometidos durante dos décadas de conflicto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una situación de honda preocupación por el futuro del Tribunal a causa de una gran falta de fondos.

Ante la noticia de que Burkina Faso, Malí y Níger han anunciado su retirada del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), Marceau Sivieude, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha declarado:

En reacción a la carta que siete relatores especiales de la ONU en materia de derechos humanos enviaron a Shell, Eni y otras empresas petroleras, así como a los gobiernos de los países de origen de esas empresas y de Nigeria en relación con la contaminación histórica del delta del Níger, Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, ha manifestado: 

Ante la ratificación del Protocolo a la Carta Africana relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo) el 26 de agosto por las autoridades centroafricanas, Abdoulaye Diarra, investigador principal de Amnistía Internacional sobre África Central, ha declarado:

“La persistente inacción de las autoridades nigerianas a la hora de abordar la crisis de seguridad en la región sudoriental del país ha creado un reino de impunidad de todos contra todos en el que numerosos actores estatales y no estatales han cometido violaciones graves de derechos humanos y causado la muerte de al menos a 1.844 personas entre enero de 2021 y junio de 2023”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Durante los últimos seis meses, los titulares han estado plagados de historias de miedo, división y odio. Sin embargo, activistas de todo el mundo han seguido trabajando para asegurarse de que prevalezca la esperanza. Estas son algunas de las victorias para los derechos humanos logradas de enero a junio de 2025 de las que podemos enorgullecernos.

Las autoridades guineanas deben revelar de inmediato la suerte y el paradero de los activistas del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), Oumar Sylla y Mamadou Billo Bah, que fueron víctimas de desaparición forzada hace un año. Asimismo, deben garantizar que las personas presuntamente responsables de secuestros y desapariciones forzadas en Guinea sean llevadas ante los tribunales con las debidas garantías y que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y protección jurídica efectiva, según 25 organizaciones guineanas e internacionales de derechos humanos.

Ante el anuncio, el miércoles, de que el gobierno nigeriano ha indultado a los nueve ogonis, Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, ha manifestado: