Ante la ratificación del Protocolo a la Carta Africana relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo) el 26 de agosto por las autoridades centroafricanas, Abdoulaye Diarra, investigador principal de Amnistía Internacional sobre África Central, ha declarado:
“La persistente inacción de las autoridades nigerianas a la hora de abordar la crisis de seguridad en la región sudoriental del país ha creado un reino de impunidad de todos contra todos en el que numerosos actores estatales y no estatales han cometido violaciones graves de derechos humanos y causado la muerte de al menos a 1.844 personas entre enero de 2021 y junio de 2023”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Durante los últimos seis meses, los titulares han estado plagados de historias de miedo, división y odio. Sin embargo, activistas de todo el mundo han seguido trabajando para asegurarse de que prevalezca la esperanza. Estas son algunas de las victorias para los derechos humanos logradas de enero a junio de 2025 de las que podemos enorgullecernos.
Las autoridades guineanas deben revelar de inmediato la suerte y el paradero de los activistas del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), Oumar Sylla y Mamadou Billo Bah, que fueron víctimas de desaparición forzada hace un año. Asimismo, deben garantizar que las personas presuntamente responsables de secuestros y desapariciones forzadas en Guinea sean llevadas ante los tribunales con las debidas garantías y que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y protección jurídica efectiva, según 25 organizaciones guineanas e internacionales de derechos humanos.
Ante el anuncio, el miércoles, de que el gobierno nigeriano ha indultado a los nueve ogonis, Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, ha manifestado:
En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
Las autoridades nigerinas deben poner en libertad de inmediato al activista de la sociedad civil y defensor de los derechos humanos Moussa Tchangari y dejar de usar cargos de terrorismo para silenciar a la disidencia; así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.
La reciente ola de sanciones impuestas por las autoridades de Benín a medios de comunicación independientes pone de relieve la necesidad urgente de proteger la libertad de prensa en el país; así lo han manifestado Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras e Internet Without Borders. Este llamamiento se produce cuando el Parlamento de Benín debate la reforma del Código del Sector Digital, legislación fundamental para la protección de la libertad de expresión y la libertad de prensa.
“Las autoridades de Ghana no han protegido ni han hecho cumplir los derechos humanos de cientos de víctimas de acusaciones de brujería y de ataques rituales que las obligaron a huir de su comunidad temiendo por su vida”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Ante la excarcelación de Dorgelesse Nguessan, madre sola y peluquera detenida arbitrariamente en 2020 por participar en una protesta pacífica, Marceau Sivieude, director regional interino de Amnistía Internacional para el África Occidental y Central, ha declarado:
En respuesta al homicidio de más de 40 civiles a manos de Boko Haram durante un ataque a comunidades agrícolas del estado de Borno (nordeste de Nigeria) el 12 de enero, Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, ha declarado:
Las autoridades de Malí deben llevar a cabo una investigación efectiva y transparente sobre la muerte de al menos ocho civiles tras los ataques con drones realizados contra un mercado de Inadiafatane un día ajetreado del mes pasado. “Estos ataques deben investigarse como un crimen de guerra, pues causaron muertes y heridas de civiles y fueron dirigidos contra bienes de carácter civil”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.