Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

En un contexto de agravamiento de la crisis del costo de la vida y medioambiental, y a pesar de haber prometido reiteradamente que iban a defender la justicia económica y social para las personas más desfavorecidas, en los últimos cinco años las autoridades tunecinas han actuado contra personas de comunidades marginadas y pobres por protestar pacíficamente o hacer huelga en relación con cuestiones socioeconómicas y medioambientales, afirma Amnistía Internacional en un informe que se publica hoy.

En respuesta al anuncio de una tercera fase de cooperación entre el gobierno de Arabia Saudí y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para promover reformas destinadas a establecer unas condiciones de trabajo decentes, Iain Byrne, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha declarado:

En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.

Los sistemas de respuesta a la catástrofe y en materia de asistencia médica no están cubriendo las necesidades de los niños y niñas y las personas mayores, que son quienes corren mayor peligro de muerte y enfermedad en condiciones meteorológicas extremas relacionadas con el cambio climático; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Ante las medidas anunciadas el 6 de abril por el gobierno de Luis Abinader en materia migratoria, en particular un protocolo para el acceso de personas migrantes a los servicios de salud públicos en la República Dominicana, Amnistía Internacional declaró:

Con motivo del segundo aniversario del estallido de la guerra civil en Sudán, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Las autoridades de Ghana no han protegido ni han hecho cumplir los derechos humanos de cientos de víctimas de acusaciones de brujería y de ataques rituales que las obligaron a huir de su comunidad temiendo por su vida”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda exterior por parte del gobierno de Estados Unidos pone en peligro la salud y los derechos humanos de millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria en Yemen, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En respuesta a la información sobre los enormes daños causados por un terremoto de magnitud 7,7 en la zona central y otras zonas de Myanmar, Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar, ha declarado:

El 30 de enero de 2025, la Corte Constitucional de Ecuador desestimó una acción extraordinaria de protección presentada por las “Guerreras por la Amazonia”. Este grupo de activistas, con el apoyo de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), el colectivo “Eliminen los Mecheros, Enciendan la Vida”, y sus comunidades, logró una sentencia judicial en 2021 que ordenó la eliminación de la quema de gas en mecheros en la Amazonía Ecuatoriana, así como medidas de reparación por la vulneración a sus derechos a un medio ambiente sano y la salud.

Ante la noticia de que el nuevo gobierno obtuvo ayer noche el voto de confianza del Parlamento de Líbano, Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha manifestado: