Ante la insensata insistencia del estado de Tennessee en aplicar la pena de muerte y el intento de ejecución de Christa Pike, Justin Mazzola, director adjunto de Investigación en Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
“La campaña intensificada de la administración Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI) afecta a mucho más allá de los miembros de la judicatura y de la fiscalía, y de los grupos de derechos humanos a los que ha sancionado: desalienta la colaboración de la sociedad civil con la Corte y menoscaba el acceso de las víctimas a la justicia”, han declarado hoy Amnistía Internacional, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y otras 36 organizaciones de la sociedad civil.
En reacción a una declaración hecha ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la que se anunciaba que por segundo año consecutivo se prohibía al Estado de Palestina, incluido su presidente Mahmoud Abbas, asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha afirmado:
En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional documenta violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de ese país y otras agencias federales durante las operaciones militarizadas de control de la inmigración a gran escala del gobierno de Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington, D.C.
“Los ataques mortales de la coalición de Estados Unidos-Israel contra zonas densamente pobladas de Teherán en marzo de 2026 que causaron la muerte y heridas a decenas de civiles deben investigarse urgentemente con independencia e imparcialidad para determinar si constituyen crímenes de guerra”, ha declarado Amnistía Internacional en una nueva publicación dada a conocer hoy. La organización pide que se rindan cuentas y una reparación por posibles ataques indiscriminados que violan el derecho internacional humanitario mientras continúan intensificándose las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.
Ante la noticia de que Meta ha alcanzado un acuerdo por valor de unos 18.000 millones de dólares con 47 estados de Estados Unidos y se ha comprometido a adoptar cambios de diseño específicos orientados a la seguridad en sus aplicaciones de redes sociales a raíz de las denuncias de que sus plataformas causan daños a niños y niñas, Justin Mazzola, director adjunto de investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha manifestado:
Tras la entrega simbólica de más de 27.000 cartas de solidaridad al artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara en un evento privado en El Espacio 23, en Miami, Amnistía Internacional declaró:
Ante nuevas revelaciones sobre la presunta participación de Estados Unidos en los ataques contra de embarcaciones ecuatorianas, incluyendo la embarcación Fiorella, de la cual aún se desconoce el paradero de ocho de sus tripulantes, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
Ante la sentencia dictada por un juez de Nuevo México que afirma que el diseño de la plataforma de Meta es dañina para las personas menores, Justin Mazzola, director adjunto de Investigación de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
Al cumplirse seis meses del posible ataque de Estados Unidos contra la embarcación ecuatoriana Fiorella, Amnistía Internacional recuerda que la política estadounidense de ataque y derribo a embarcaciones en alta mar, bajo el pretexto de que transportan drogas hacia Estados Unidos, configura una práctica de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que debe cesar inmediatamente.
Pese al estado cada vez más conflictivo del mundo, y a raíz de protestas y peticiones de activistas y defensores de causas sociales, gobiernos y sociedad civil se han unido para aprobar importantes leyes y resoluciones a fin de abordar los perjuicios para los derechos humanos.
En respuesta al anuncio de una campaña para “bloquear sistemáticamente la capacidad de actuación” de la Corte Penal Internacional, efectuado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, ha declarado: