El 6 de febrero de 2025, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dictó una orden ejecutiva autorizando sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y su fiscal, Karim Khan. Esta orden pretende impedir que la CPI lleve a cabo su mandato independiente. Y también supone una importante amenaza para la Corte y su personal. Expertos y expertas de la ONU condenaron la decisión, calificándola de “ataque al Estado de derecho mundial” que socava la justicia internacional.
Se trata de una orden ejecutiva similar a la dictada por Trump hacia el final de su primer mandato, en 2020, y anulada después por el presidente Biden. La nueva medida ejecutiva de Trump es una respuesta directa a los esfuerzos de la CPI para que los ciudadanos israelíes respondan de presuntos crímenes de derecho internacional en Palestina. En noviembre de 2024, la Corte dictó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, así como contra el jefe de las brigadas de Al Qassam, Mohammed Diab Ibrahim al Masri, por cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Al imponer sanciones a la CPI, el gobierno de Trump está socavando los esfuerzos para que se haga justicia no sólo con la población palestina, sino con las víctimas de los crímenes más atroces en todas partes. Esto incluye a personas de Afganistán, Burundi, Costa de Marfil, Darfur (Sudán), Filipinas, Libia, Mali, Myanmar, Nigeria, RDC, Ucrania y Venezuela, donde la CPI está llevando a cabo investigaciones o ha emitido órdenes de arresto.
¿En qué consistía la orden ejecutiva?
La orden ejecutiva establece que cualquier persona u organización no estadounidense puede ser sancionada si participa directamente en cualquier iniciativa de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a una “persona protegida” sin el consentimiento del país del que sea nacional esa persona. También pueden aplicarse sanciones a quienes presten ayuda material, patrocinen o proporcionen apoyo económico, material o tecnológico para las actividades de la Corte. Las sanciones incluyen la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de entrar al país para la persona sancionada y sus familiares.
“Personas protegidas” son los ciudadanos y el personal militar estadounidense, así como cualquier persona con ciudadanía o residencia legal de un país aliado de Estados Unidos en la OTAN o de un “aliado preferente no miembro de la OTAN”, (categoría oficial de la legislación estadounidense). Israel, Filipinas y otros 17 países pertenecen actualmente a esa categoría.
A fecha 25 de marzo, el fiscal de la CPI, Karim Khan, es la única persona que la orden identifica como sancionada, aunque en el futuro pueden añadirse otras.
La CPI es un mecanismo judicial independiente de último recurso que debe poder operar sin injerencias ni coacciones de índole política para garantizar que las víctimas que no tienen otra instancia a la que recurrir reciben justicia por los crímenes contra la humanidad perpetrados contra ellas. Sin embargo, estas sanciones menoscaban su independencia y obstaculizan sus esfuerzos para procurar una justicia eficaz e imparcial. Asimismo, disuaden a particulares y empresas de trabajar y cooperar con la Corte y su personal.
¿Qué es la Corte Penal Internacional?
La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal internacional permanente que investiga y procesa a personas acusadas de cometer crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o el crimen de genocidio cuando los tribunales nacionales no lo hacen. El Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI tiene 125 Estados miembros.
La Corte ha emitido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant y Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, y también contra altos dirigentes militares y civiles:
- el presidente ruso Vladimir Putin en 2023, por crímenes de guerra cometidos en Ucrania;
- el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte, por crímenes contra la humanidad cometidos durante la “guerra contra las drogas” de su gobierno. En marzo de 2025,las autoridades filipinas lo transfirieron a la CPI para hacer frente a los cargos;
- el expresidente de Sudán Omar Al Bashir, por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en Darfur;
- el jefe del Ejército de Resistencia del Señor, Joseph Kony, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Uganda.
La CPI fue creada como “tribunal de último recurso”: existe para procurar justicia en situaciones en las que los Estados no pueden o no quieren investigar o procesar auténticamente a la persona acusada. En muchas situaciones, sin la intervención de la CPI los perpetradores de los crímenes más graves probablemente disfrutarían de impunidad perpetua. La idea es que la CPI mantenga viva la esperanza de que se rindan cuentas, y que actúe como un mecanismo sólido para frenar el abuso de poder y llevar ante la justicia a quienes lo ejercen.
¿Por qué impone estas sanciones el gobierno de Trump?
Las autoridades estadounidenses anunciaron las sanciones pocos días antes de la primera visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca desde la reelección de Trump. El gobierno de Trump dictó sanciones similares en 2020, durante su primer mandato como presidente.
Con el expresidente Joe Biden el gobierno estadounidense expresó su apoyo a la investigación de la CPI en Ucrania y las órdenes de arresto emitidas contra altos cargos del gobierno y del ejército ruso, entre ellos el presidente Vladimir Putin. Sin embargo, Estados Unidos no es miembro de la CPI, y altos cargos del gobierno de Biden criticaron duramente su investigación de Netanyahu y Gallant, quien incluso viajó oficialmente a Estados Unidos después de emitidas las órdenes de arresto.
Estados Unidos tiene un largo historial de rechazo al mandato de que la CPI procese a personas de países que no son miembros de la Corte, incluso aunque hayan cometido sus presuntos delitos en países que sí son miembros. En particular, ha mantenido durante largo tiempo su oposición a las investigaciones de la CPI en Afganistán (que incluyeron a personal de la CIA y del ejército estadounidense) y en Palestina.
Sin embargo, estas nuevas sanciones, como las de 2020, señalan que la oposición de Estados Unidos a la autoridad de la Corte se vuelve a intensificar de manera significativa.
¿De qué forma interferirán estas sanciones en que se haga justicia con todas las víctimas en Israel y el Territorio Palestino Ocupado?
Con estas sanciones será más difícil que obtengan justicia todas las víctimas que tienen la Corte como último recurso. El fiscal sancionado se encarga de las causas contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant. Sin embargo, su impacto afecta especialmente a las personas palestinas que buscan justicia: se han diseñado precisamente para eso. La idea es presionar con ellas a la Corte para que cese en su búsqueda de justicia imparcial e independiente si no quiere que todo su trabajo se resienta.
Actualmente, la CPI es el único mecanismo internacional que puede exigir responsabilidades individuales por crímenes de derecho internacional cometidos en Israel y el Territorio Palestino Ocupado. Sin embargo, para sus investigaciones y procesamientos depende de la cooperación de sus Estados miembros, que, por ejemplo, detienen a personas contra las que pesan sus órdenes de arresto. Las sanciones del gobierno de Trump pueden disuadir de ayudar a la Corte tanto a países como a particulares y empresas, haciendo que llevar a juicio a presuntos perpetradores de Israel y otros países resulte más difícil.
Además, para preparar sus casos la CPI también depende de una amplia base de apoyo, formada por investigadores e investigadoras, abogados y abogadas y defensores y defensoras de los derechos humanos, además de víctimas y testigos. Las sanciones harán que el trabajo de estas personas sea mucho más difícil, y, si no pueden actuar libremente y sin coacciones, la tarea de buscar justicia es casi imposible.
¿Cómo afectarán las sanciones a otras investigaciones de la CPI?
En última instancia, las sanciones afectarán negativamente a todas las investigaciones de la CPI, no sólo a aquéllas a las que se opone el gobierno estadounidense. Tendrán un efecto negativo sobre los intereses de todas las víctimas que esperan justicia de la Corte en todos los países en los que está llevando a cabo investigaciones, incluidas las investigaciones que se supone que Estados Unidos apoya, como por ejemplo las que realiza en Ucrania, Uganda o Darfur.
El expresidente de Estados Unidos Joe Biden expresó claramente su satisfacción por la orden de arresto emitida de la Corte contra el presidente ruso Vladimir Putin y pidió que se hiciera efectiva. Esta orden fue resultado de la investigación de la Corte en Ucrania, donde estudia los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados tras la invasión a gran escala en 2022. El Programa Global de Recompensas por Justicia Criminal de Estados Unidos también ha ofrecido recompensas económicas a cambio de información que conduzca al arresto de dos inculpados por la CPI, Joseph Kony (por crímenes en Uganda) y Ahmad Harun (en Darfur).
La Corte sigue investigando crímenes perpetrados por los talibanes en Afganistán desde su regreso al poder en 2021. En Venezuela, el fiscal de la CPI está investigando crímenes contra la humanidad perpetrados contra personas consideradas opositoras al régimen del presidente Maduro. En febrero de este año, el fiscal subrayó el compromiso de su oficina de trabajar más aún para conseguir justicia y rendición de cuentas en el este de la República Democrática del Congo.
¿Cómo podemos proteger a la CPI y la justicia internacional?
Las sanciones de Estados Unidos suponen una seria amenaza para la CPI, además de para el Estado de derecho internacional y su sistema multilateral. Pero todavía hay esperanza.
Muchos países siguen apoyando a la Corte. En junio de 2024, 74 de sus Estados miembros afirmaron su compromiso con la lucha contra la impunidad. Tras la última orden ejecutiva del presidente Trump, los ministros de Asuntos Exteriores europeos declararon su “apoyo incondicional” a la Corte.
Sin embargo, no basta con palabras. Los estados deben convertir sus declaraciones de compromiso y apoyo en acciones concretas para defender a la CPI. Esto incluye la aprobación de leyes nacionales que protejan a particulares y empresas de la amenaza de las leyes sancionadoras de Estados Unidos, y también la plena cooperación con la Corte, deteniendo y transfiriendo a personas contra las que ésta ha emitido órdenes de arresto.
Mediante acciones individuales y colectivas, los Estados pueden defender a la CPI frente a los flagrantes ataques del gobierno estadounidense. Nuestra red global de defensores y defensoras de los derechos humanos está pidiendo activamente a los gobiernos que apoyen a la CPI y defiendan la justicia internacional.