Las autoridades de facto huzíes en Yemen deben liberar de inmediato y sin condiciones a las decenas de miembros del personal de la ONU y de organizaciones yemeníes e internacionales de la sociedad civil que han sido detenidos arbitrariamente durante los últimos dos años, han manifestado hoy el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Las detenciones arbitrarias de personal de ayuda humanitaria llevadas a cabo por los huzíes repercuten directamente en la prestación de asistencia vital a las personas que la necesitan urgentemente.
“El hecho de que los huzíes detengan a trabajadores de ayuda humanitaria mientras el hambre se agrava demuestra su absoluto desprecio por las personas que viven en los territorios del norte de Yemen bajo su control”, ha afirmado Niku Jafarnia, investigadora sobre Yemen y Bahréin de Human Rights Watch. “Deben liberar de inmediato a todas las personas que han detenido arbitrariamente y trabajar para satisfacer las necesidades básicas de la población.”
Desde el 31 de mayo de 2024, los huzíes han llevado a cabo incursiones en zonas bajo su control y, han detenido arbitrariamente a 13 miembros del personal de la ONU y no menos de 50 personas que trabajaban para organizaciones yemeníes e internacionales de la sociedad civil. Desde entonces, los huzíes han detenido arbitrariamente a decenas de miembros más del personal de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil, y han liberado solo a siete personas. En febrero de 2026, 73 miembros del personal de la ONU y decenas de otros trabajadores humanitarios permanecían detenidos por los huzíes; todos ellos eran ciudadanos yemeníes.
El 11 de febrero de 2025, un trabajador de ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos murió bajo custodia huzí. Su muerte acrecienta el temor por la seguridad y el bienestar de otras personas que permanecen recluidas arbitrariamente en centros de detención dirigidos por los huzíes, dado su historial de tortura y otros malos tratos contra las personas detenidas.
Muchas de las personas detenidas fueron arrestadas sin que se les mostrara una orden de detención y fueron sometidas a desaparición forzada durante meses. Aunque algunas recibieron atención médica, a muchas otras, entre ellas personas que padecían enfermedades graves, no se les proporcionó.
Ninguna de las fuentes con las que Human Rights Watch ha hablado han tenido conocimiento de que ninguna de las personas detenidas hayan tenido acceso a asistencia letrada, pese a que en diciembre de 2025 se transfirieron al Tribunal Penal Especializado los casos de tres empleados de la ONU.
En enero de 2026, Human Rights Watch concluyó que las detenciones habían agravado la ya acuciante crisis humanitaria en Yemen.
En su último informe mundial sobre el hambre, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) formularon la siguiente advertencia: “Se prevé que la ya crítica situación de inseguridad alimentaria aguda se deteriore aún más durante el período analizado [noviembre de 2025 a mayo de 2026], y que sectores de la población afronten niveles de inseguridad alimentaria catastróficos” en cuatro distritos bajo control huzí.
Estas detenciones han ido acompañadas de una campaña mediática dirigida por los huzíes en la que se acusa a las organizaciones humanitarias y a su personal de “conspirar” contra los intereses del país a través de sus proyectos y se les advierte de los peligros que conlleva practicar el “espionaje”. Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos en los que las autoridades huzíes parecían haber usado las acusaciones de espionaje como medio para perseguir a oponentes políticos y silenciar la disidencia pacífica.
“La continua represión del espacio de la sociedad civil en el norte de Yemen, en cuyo contexto los huzíes han detenido a decenas de personas, entre ellas personal de ayuda humanitaria, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas, debe terminar”, afirmó Diala Haidar, investigadora sobre Yemen. “Se debe poner en libertad de inmediato a todas las personas que están detenidas arbitrariamente. Mientras permanezcan recluidas, las autoridades huzíes deben garantizar su protección frente a la tortura y otros malos tratos, y su acceso a atención sanitaria, asistencia letrada y contacto regular con su familia.”
La continua represión del espacio de la sociedad civil en el norte de Yemen, en cuyo contexto los huzíes han detenido a decenas de personas, entre ellas personal de ayuda humanitaria, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas, debe terminar.
Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen
A las familias de algunas personas detenidas se las ha informado de que sus familiares detenidos no tuvieron acceso a asistencia letrada y fueron obligados por las autoridades a hacer “confesiones” grabadas en vídeo.
En 2024 los huzíes publicaron vídeos de otros detenidos “confesando” diversos cargos, entre ellos, espionaje.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otros grupos, incluido el antiguo Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre el Yemen, de la ONU, han documentado el uso de la tortura por parte de los huzíes para obtener información o confesiones.
Las organizaciones locales e internacionales de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental para aliviar la crisis humanitaria de Yemen. A pesar de los drásticos recortes de financiación de los Estados donantes, en particular de Estados Unidos, que están poniendo en peligro la salud y los derechos humanos de millones de personas en Yemen, el personal de ayuda humanitaria sobre el terreno está prestando asistencia vital y servicios de protección, incluso en los territorios de Yemen controlados por los huzíes.
Las autoridades huzíes ya han atacado anteriormente a personal humanitario y de derechos humanos. Cuatro miembros yemeníes del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que fueron arrestados en 2021 y 2023 permanecen detenidos arbitrariamente; desde su arresto han estado recluidos en régimen de incomunicación. En septiembre de 2023, los huzíes detuvieron al director de Seguridad y Protección de Save the Children y lo recluyeron en régimen de incomunicación. Murió el 25 de octubre de 2023, mientras estaba en detención arbitraria.
Los gobiernos con influencia sobre los huzíes y la dirección de la ONU deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la liberación del personal de organizaciones no gubernamentales y de la ONU.
“La comunidad internacional debe ir más allá de las meras expresiones de preocupación y dar una respuesta unificada y contundente que presione a las autoridades huzíes para que liberen de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente, pongan fin a las represalias contra los trabajadores y trabajadoras de ayuda humanitaria y garanticen un acceso humanitario seguro y sin trabas en todo Yemen”, ha manifestado Amna Guellali, directora de Investigación del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos.