Ante la rápida expansión de las hostilidades regionales a todo Oriente Medio tras los ataques conjuntos que Estados Unidos e Israel libran contra Irán y la subsiguiente oleada de ataques iraníes de represalia en toda la región, Amnistía Internacional hace un llamamiento urgente a todas las partes para que protejan a la población civil y respeten el derecho internacional humanitario, en particular poniendo fin a los ataques ilícitos, como los ataques deliberados, indiscriminados o desproporcionados contra población civil e infraestructura civil.

Desde diciembre de 2025, las autoridades israelíes han adoptado una serie de medidas ilegales diseñadas deliberadamente para desposeer a la población palestina en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y para convertir la anexión del territorio en una realidad irreversible, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El gobierno libanés debe tomar medidas inmediatas y concretas para contribuir a garantizar el acceso a justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas civiles de abusos derivados del conflicto armado con Israel, han declarado hoy cinco organizaciones libanesas e internacionales de derechos humanos en una carta dirigida al ministro de Justicia y al viceprimer ministro de Líbano, que dirige el Comité Nacional Libanés para el Derecho Internacional Humanitario.

Los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) deben utilizar su reunión del 23 de febrero con Nikolai Mladenov, director general de la Junta de Paz y alto representante para Gaza, para exigir que la Junta se centre en los derechos de la población palestina. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Las autoridades iraníes deben detener de inmediato todos los planes de ejecutar a ocho individuos condenados a muerte tras ser declarados culpables de cometer delitos durante las protestas nacionales de enero de 2026. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización insta a las autoridades a anular las declaraciones de culpabilidad y las condenas de estos individuos y a poner fin sin demora a los juicios acelerados y flagrantemente injustos, empañados por la tortura, contra al menos otros 22 en relación con el levantamiento.

Ante las peticiones de dimisión de Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, realizadas por ministros y otras autoridades de Francia y Chequia, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

El trágico derrumbe de un bloque residencial en el barrio de Bab al Tabbaneh de Trípoli el 8 de febrero, en el que 14 personas murieron y ocho más resultaron heridas, debe impulsar la acción gubernamental para ofrecer reparación a quienes han sufrido la pérdida de su hogar y proteger a quienes permanecen en edificios inseguros; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Éste es el último de al menos cuatro derrumbamientos de edificios sólo en las primeras cinco semanas de 2026.

Las personas mayores de Gaza sufren una crisis de salud física y mental desatendida en el contexto del bloqueo continuo de Israel a la ayuda y los medicamentos esenciales, y de su prohibición reciente de las organizaciones humanitarias, según revela un nuevo estudio de HelpAge International y Amnistía Internacional.

Los miembros del Parlamento israelí (Knéset) deben votar en contra de una serie de proyectos de ley para introducir controvertidas reformas que permitirían a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte y aplicarla de forma discriminatoria a las personas palestinas; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación a una votación prevista sobre uno de los principales proyectos de ley por la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento. La pena de muerte se aplicaría a las personas declaradas culpables de matar deliberadamente a alguien con la intención de hacer daño a un residente o ciudadano israelí, y a las personas declaradas culpables ante tribunales militares de causar la muerte en circunstancias que la legislación israelí define como “actos de terrorismo”, disposición que afectaría principalmente a personas palestinas acusadas. En algunos casos, la pena de muerte sería preceptiva o se impondría sin derecho a recurrir.

Una nueva investigación de Amnistía Internacional ha concluido que el combustible de aviación que usa el ejército de Myanmar para lanzar ataques aéreos mortales contra la población civil sigue entrando en el país a través de una cadena de suministro opaca que está “fuera de control” cinco años después de que el ejército tomara el poder.

“Detenciones arbitrarias generalizadas, desapariciones forzadas, prohibiciones de reuniones y ataques para silenciar a familias de víctimas caracterizan la asfixiante militarización impuesta en Irán por las autoridades de la República Islámica después de las masacres perpetradas en las protestas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Tras los reiterados periodos de combate entre las autoridades sirias y las Fuerzas Democráticas Sirias (ala militar, bajo dirección kurda, de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, también bajo dirección kurda) en el noreste de Siria, y en respuesta a la transferencia a las autoridades sirias del control de algunos campos y centros de detención en los que permanecen recluidas personas sospechosas de estar afiliadas al Estado Islámico, Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado: