Yemen: Debe investigarse el ataque aéreo estadounidense que ha causado la muerte a decenas de migrantes

Un ataque aéreo lanzado por Estados Unidos contra un centro de detención para migrantes en Sada, en el noroeste de Yemen, el 28 de abril mató e hirió a decenas de migrantes y debe ser investigado como una violación del derecho internacional humanitario; así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, ante los informes de que centenares de personas han resultado muertas y heridas a consecuencia de los ataques aéreos estadounidenses en Yemen desde marzo de 2025.

Según el análisis de imágenes por satélite, los ataques estadounidenses lanzados contra el complejo penitenciario de Sada alcanzaron el centro de detención de migrantes y otro edificio del complejo.

Amnistía Internacional ha hablado con tres personas que trabajan con comunidades migrantes y refugiadas africanas en Yemen. Dos de ellas, que habían visitado el centro de detención de migrantes y dos hospitales cercanos, y sus depósitos de cadáveres después del ataque aéreo, confirmaron haber observado señales de un elevado número de bajas. La organización analizó también imágenes por satélite y grabaciones de vídeo que muestran escenas espantosas con cadáveres de migrantes esparcidos entre los escombros y personas tratando de rescatar a supervivientes gravemente heridos de entre las ruinas.

“Estados Unidos atacó un conocido centro de detención donde los huzíes han estado recluyendo a migrantes que no tenían medio de cobijarse. La enorme pérdida de vidas civiles en este ataque suscita honda preocupación respecto a si Estados Unidos ha cumplido con sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario, incluidas las normas sobre distinción y precauciones”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Estados Unidos debe llevar a cabo una investigación inmediata, independiente y transparente sobre este ataque aéreo y sobre cualquier otro que haya provocado bajas civiles, así como aquellos en los que puedan haberse violado las normas del derecho internacional humanitario.”

La enorme pérdida de vidas civiles en este ataque suscita honda preocupación respecto a si Estados Unidos ha cumplido con sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario, incluidas las normas sobre distinción y precauciones.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Los testigos que visitaron el Hospital Republicano y el Hospital General de Al Talh en Sada dijeron a Amnistía Internacional que habían visto a más de dos docenas de migrantes etíopes que habían sufrido heridas que incluían amputaciones graves y fracturas. También dijeron que las morgues de los hospitales se habían quedado sin espacio para cadáveres, por lo que los cuerpos recibidos del ataque aéreo tenían que apilarse fuera. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyo personal estuvo en el lugar inmediatamente después del ataque, también confirmó en una declaración un elevado número de bajas, muchas de ellas de migrantes.

En virtud del derecho internacional humanitario, las fuerzas atacantes tienen la obligación de hacer todo lo posible para distinguir entre objetivos militares y civiles, verificar si su objetivo previsto es un objetivo militar y cancelar un ataque si existen dudas. Cuando se lleve a cabo un ataque contra un objetivo militar, las partes del conflicto deben además tomar todas las precauciones posibles para reducir al mínimo los daños a la población civil que esté en las inmediaciones.

Si se descubre que se han producido daños civiles, las víctimas y sus familias deben recibir reparación integral por violaciones del derecho internacional humanitario. Además, si las investigaciones concluyen que ha habido ataques directos contra personas y objetos civiles o ataques indiscriminados lanzados sin distinción contra objetivos militares y civiles y que han matado o herido a civiles, esos ataques deben investigarse y tratarse como violaciones del derecho internacional y posibles crímenes de guerra.

Los expertos de Amnistía Internacional en armas analizaron fotos de los restos del armamento utilizado en el ataque e identificaron fragmentos de al menos dos bombas de precisión GBU-39 de pequeño diámetro, de 250 libras. El Mando Central estadounidense no anunció el objetivo del ataque, pero un cargo de defensa declaró que estaban evaluando “denuncias” de bajas civiles en el ataque, y llevando a cabo “nuestra evaluación de los daños causados en el combate”. Esta evaluación, incluida cualquier conclusión relativa a daños civiles e iniciativas para responder a ellos, debe hacerse pública sin demora.

Imágenes de satélite del complejo penitenciario de Sada antes del ataque aéreo de EE. UU. © 2025 Planet Labs PBC
Imágenes de satélite del mismo lugar después del ataque aéreo de EE. UU. © 2025 Planet Labs PBC

Estados Unidos debería haber sabido que la prisión de Sada era un centro de detención que los huzíes llevaban años utilizando para recluir a migrantes y que recibía visitas periódicas del CICR. También debería haber sabido que cualquier ataque aéreo podría causar importantes daños civiles.

Amnistía recuerda también que otro centro de detención dentro del mismo complejo penitenciario de Sada fue alcanzado por un ataque aéreo de una coalición encabezada por Arabia Saudí el 21 de enero de 2022, utilizando munición de precisión de fabricación estadounidense, que causó la muerte a más de 90 personas detenidas e hirió a decenas más. Según las imágenes por satélite, desde aquel ataque en 2022 las autoridades huzíes de facto han construido edificios adicionales en ese lugar, uno de los cuales fue también alcanzado el 28 de abril.

Amnistía Internacional no pudo identificar de manera concluyente un objetivo militar legítimo en el complejo penitenciario de Sada. Las restricciones de las autoridades huzíes de facto a las investigaciones independientes, incluido el acceso al segundo lugar alcanzado el 28 de abril, limitan nuestra capacidad de investigar a fondo el ataque o de descartar la posibilidad de que hubiera objetivos militares dentro del complejo penitenciario. Todo ataque que no distinga entre personas y objetos militares, por un lado, y objetivos militares legítimos, por el otro, incluso dentro del mismo complejo, constituye un ataque indiscriminado y una violación del derecho internacional humanitario.

“Conmoción y horror en sus rostros”

Amnistía Internacional analizó decenas de vídeos y fotos publicados por el canal de televisión huzí Al Masira, además de siete vídeos compartidos de forma privada por un testigo. Estas pruebas digitales que muestran cadáveres dispersos entre los escombros señalan muertes y heridas de decenas de migrantes civiles en el ataque aéreo contra el centro de detención.

El Ministerio del Interior dirigido por los huzíes declaró que, en el momento del ataque, el centro de detención albergaba a 115 personas migrantes africanas, de las que 68 murieron y 47 resultaron heridas. Si se demuestra que esta cifra de bajas es exacta, sería el peor caso de daño civil en un único incidente por parte del ejército estadounidense desde un ataque aéreo en Mosul, Irak, en 2017.

Amnistía Internacional no podría verificar de manera independiente la cifra de muertes, ni hablar con supervivientes o personal médico, a causa de la restricción que los huzíes mantienen sobre el espacio de la sociedad civil. Las autoridades huzíes han emitido varias declaraciones y directivas que prohíben a la gente compartir en las redes sociales u otras plataformas públicas nombres, fotografías o cualquier información relativa a las bajas causadas por los ataques aéreos estadounidenses. Muchas personas han dicho que tienen miedo de hablar por temor a represalias. En los últimos años, los huzíes han detenido y acusado de espionaje a personal de ayuda humanitaria, periodistas y activistas.

A pesar de ello, Amnistía Internacional pudo hablar, en condiciones de anonimato, con tres personas que trabajan con comunidades migrantes y refugiadas africanas y que dijeron que todas las personas migrantes recluidas en este centro de detención eran etíopes, salvo una que era de Eritrea.

Un testigo contó que había visto a 25 personas migrantes heridas en el Hospital Republicano y a nueve en el Hospital General de Al Talh en Sada: “Sufrían diferentes tipos de fracturas y contusiones. Algunas estaban en estado crítico y a dos les habían amputado piernas […] La morque del Hospital Republicano estaba saturada y no había espacio para decenas de cadáveres que al segundo día seguían apilados en el exterior”.

Otro testigo que visitó los dos hospitales y habló con decenas de migrantes etíopes con heridas dijo:

“Me contaron que estaban durmiendo cuando les alcanzó el primer misil hacia las cuatro de la madrugada […] Según su relato, al despertarse encontraron cadáveres descuartizados a su alrededor. Podías ver conmoción y horror en sus rostros. Algunos todavía no eran capaces de hablar a causa del trauma”.

El 27 de abril, un día antes del ataque, el Mando Central estadounidense anunció que había alcanzado más de 800 objetivos en Yemen desde el 15 de marzo y que estaban limitando intencionadamente la información sobre sus operaciones por motivos de seguridad.

El Congreso estadounidense debería garantizar iniciativas constantes para mitigar el daño civil

Los sistemas esenciales implantados en los últimos años basándose en el trabajo iniciado por el primer gobierno de Trump para reducir y responder mejor a los daños causados a la población civil por acciones letales estadounidenses llevadas a cabo en otros países están amenazados por el actual gobierno de Trump. Los medios de comunicación han informado de que los programas del Departamento de Defensa centrados en la mitigación de los daños civiles y la respuesta a ellos están siendo desmantelados, y que el presidente estadounidense ha recortado las limitaciones que tenían los mandos militares para autorizar ciertos tipos de ataques aéreos y operaciones especiales. También se ha informado de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha despedido a los principales abogados militares responsables de garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario en las operaciones militares.

“En un momento en el que Estados Unidos parece estar limitando las iniciativas para reducir los daños causados a la población civil por las acciones letales estadounidenses, el Congreso de Estados Unidos debe desempeñar su papel de supervisión y exigir información sobre las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha en torno a estos ataques. El Congreso debe garantizar además que los mecanismos de mitigación y respuesta a los daños civiles permanecen intactos, y debe responder con firmeza a este y otros incidentes recientes”, ha manifestado Agnès Callamard.

Información complementaria

Entre noviembre de 2023 y enero de 2025, las fuerzas armadas huzíes han atacado en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico al menos a 74 buques comerciales y militares que, según afirmaban, estaban vinculados a Israel, Estados Unidos o Reino Unido.

El presidente estadounidense Joe Biden empezó los ataques aéreos contra los huzíes en 2024. La nueva oleada de ataques estadounidenses durante el gobierno de Trump comenzó el 15 de marzo de 2025 después de que los huzíes anunciaran el 11 de marzo que reanudarían los ataques contra buques israelíes que navegaran por el mar Rojo y el mar Arábigo en respuesta al bloqueo por parte de Israel de la ayuda humanitaria en los territorios ocupados de la Franja de Gaza.

Desde el 15 de marzo, los huzíes han lanzado misiles y drones contra el USS Harry S. Truman, un portaaviones estacionado en el mar Rojo. También han reanudado sus ataques a Israel; por ejemplo, el 4 de mayo lanzaron un ataque cerca del aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Israel lanzó en mayo, como represalia, ataques aéreos contra lugares como el puerto de Hudaida y el puerto de Saná.

El 6 de mayo, Estados Unidos anunció que ponía fin a su campaña militar contra los huzíes en Yemen.