- Milicias afiliadas al gobierno mataron deliberadamente a civiles de la minoría alauí .
- El gobierno sirio debe garantizar investigaciones independientes y efectivas sobre estos homicidios ilícitos y otros crímenes de guerra, y obligar a rendir cuentas a sus perpetradores .
- Garantizar verdad, justicia y reparación es primordial para poner fin a las oleadas de atrocidades .
El gobierno sirio debe garantizar que los perpetradores de una oleada de homicidios masivos contra civiles alauíes en zonas costeras responden de sus actos, y tomar medidas de inmediato para que ninguna persona o grupo sufra ataques por su filiación religiosa; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Milicias vinculadas al gobierno mataron a más de 100 personas en la localidad costera de Baniás los días 8 y 9 de marzo de 2025, según la información recibida por Amnistía Internacional. La organización ha investigado 32 de estos homicidios y concluye que fueron deliberados, expresamente dirigidos contra la minoría religiosa alauí, e ilegales.
Hombres armados preguntaban a la persona si era alauí antes de amenazarla o matarla y, en algunos casos, le reprochaban violaciones de derechos cometidas por el gobierno anterior, según contaron testigos a Amnistía Internacional. Las autoridades obligaron a familiares de víctimas a enterrar a sus seres queridos en fosas comunes y sin un rito religioso o ceremonia pública.
“Los autores de esta terrible ola de homicidios brutales y masivos deben ser obligados a rendir cuentas. La evidencia de que disponemos indica que milicias vinculadas al gobierno actuaron deliberadamente contra civiles de la minoría alauí en espeluznantes ataques de represalia, disparando desde cerca y a sangre fría. Durante dos días, las autoridades no intervinieron para poner fin a la masacre. Una vez más, la población civil siria sufre las peores consecuencias de un conflicto en el que las partes enfrentadas buscan saldar cuentas”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Matar deliberadamente a civiles o a combatientes heridos, rendidos o capturados es un crimen de guerra. Los Estados tienen la obligación de garantizar investigaciones prontas, independientes, efectivas e imparciales sobre las denuncias de homicidios ilícitos y de obligar a rendir cuentas a los perpetradores de crímenes de derecho internacional.
Sin justicia, Siria corre el riesgo de volver a caer en un círculo vicioso de atrocidades y derramamiento de sangre.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
La población siria lleva soportando más de un decenio de impunidad por las graves violaciones de derechos humanos y atrocidades masivas cometidas por el gobierno de Asad y grupos armados. Las recientes masacres contra la minoría alauí dejan nuevas cicatrices en un país que ya tiene demasiadas heridas sin curar. Es vital que las nuevas autoridades garanticen verdad y justicia a las víctimas de estos crímenes para indicar su ruptura con el pasado y su tolerancia cero de estos ataques contra minorías. Sin justicia, Siria corre el riesgo de volver a caer en un círculo vicioso de atrocidades y derramamiento de sangre”.
El 6 de marzo de 2025, grupos armados afiliados al gobierno anterior del presidente Bachar al Asad lanzaron múltiples ataques coordinados contra emplazamientos militares y de seguridad en las gobernaciones costeras de Latakia y Tartús. La respuesta del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, respaldados por milicias, fue lanzar una contraofensiva que provocó una importante escalada de la violencia. El 8 de marzo, las autoridades anunciaron que habían recuperado el control de todas las áreas afectadas.
Los días siguientes, milicias afiliadas al gobierno actual mataron deliberadamente a civiles alauíes en pueblos y ciudades de la costa, incluida la ciudad de Baniás, donde, según informes generalizados, el gobierno de Bachar al Asad había perpetrado una masacre en 2013.
El 9 de marzo, el presidente Ahmed al Sharaa se comprometió a hacer rendir cuentas a los autores de los crímenes y estableció una comisión de investigación sobre los acontecimientos en la costa y una comisión superior para mantener la paz civil. Aunque el establecimiento de una comisión de investigación parece ser un paso positivo para determinar lo sucedido e identificar a los presuntos autores, las autoridades deben garantizar que el mandato, autoridad, conocimientos y recursos de dicha comisión le permiten investigar eficazmente estos homicidios, lo que debería incluir acceso a testigos y familiares de víctimas y capacidad para protegerlos, acceso a las fosas comunes y los conocimientos forenses necesarios. Asimismo deberían garantizar que la comisión dispone de tiempo suficiente para completar su investigación.
Amnistía Internacional entrevistó a 16 personas, entre ellas cinco residentes en Baniás y siete en otras partes de la costa, a otras dos en otras partes de Siria y a dos más fuera del país.
El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional verificó nueve fotografías y vídeos compartidos con el personal investigador o publicados en redes sociales entre el 7 y el 21 de marzo de 2025, realizó análisis de armas y examinó imágenes de satélite.
Amnistía Internacional entrevistó a nueve personas, entre ellas cinco residentes de la ciudad de Baniás, que denunciaron que 32 familiares y vecinos —24 hombres, 6 mujeres y 2 menores— habían sido víctimas de homicidio deliberado a manos de milicias afiliadas al gobierno en Baniás los días 8 y 9 de marzo de 2025. De las 32 personas asesinadas, 30 estaban en el barrio de Al Qusour, ciudad de Baniás. Amnistía Internacional entrevistó asimismo a un profesional de la salud en Baniás.
Las personas entrevistadas identificaron a sus parientes cercanos y vecinos y contaron a Amnistía Internacional cómo los habían matado. La organización también obtuvo los nombres de 16 civiles cuyos familiares denunciaban que habían sido víctimas de homicidio deliberado en zonas rurales de Latakia y Tartús.
A finales de enero de 2025, después de que Hayat Tahrir al Sham (HTS) y grupos armados de oposición aliados tomaran Damasco, el gobierno provisional anunció que todas las facciones armadas serían desarticuladas e integradas en las fuerzas armadas gubernamentales.Según informes, el proceso está en curso.
Aunque la ONU cree que el número de personas asesinadas en la costa es muy superior, pudo documentar 111 homicidios de civiles en las gobernaciones de Tartús, Latakia y Hama. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, muchos de los casos documentados son de “ejecuciones sumarias” que “se han llevado a cabo con criterios sectarios […] según se informa, por elementos armados sin identificar, miembros de milicias que supuestamente apoyan al ejército de las autoridades provisionales, y por grupos vinculados al antiguo régimen”. La Red Siria de Derechos Humanos documentó los homicidios ilegales de 420 civiles y combatientes desarmados (hors de combat, fuera de combate), incluidos 39 menores, cometidos principalmente por milicias vinculadas a las autoridades.
“Además de garantizar investigaciones efectivas y exigir rendición de cuentas a los perpetradores de estas muertes atroces, el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo un procedimiento de verificación de antecedentes en materia de derechos humanos”, ha dicho Callamard. “Si existen pruebas admisibles de que una persona ha cometido violaciones graves de derechos humanos, ésta no debe acceder o seguir ocupando un puesto en el que podría repetir tales violaciones.”
Homicidios ilícitos de civiles en el barrio de Al Qusour, Baniás
Cuatro residentes del barrio de Al Qusour contaron que habían oído un intenso tiroteo el 7 de marzo de 2025. Al día siguiente, decenas de miembros de milicias vinculadas al gobierno actual irrumpieron en el barrio. Y comenzó la masacre. Los homicidios se sucedieron los días 8 y 9 de marzo.
Samira* contó a Amnistía Internacional que varios hombres armados irrumpieron en su casa hacia las 10 de la mañana del 9 de marzo y mataron a su esposo de un disparo en la cabeza. Uno de los hombres preguntó, a ella y a su esposo, si eran alauíes y después culpó a la comunidad alauí de la muerte de su hermano. Así lo contaba: “Les supliqué que no se llevaran [a mi esposo]. Expliqué que no teníamos nada que ver con los homicidios cometidos en el pasado ni con la muerte de su hermano.” Samira* contó que los hombres habían subido a su esposo a la azotea, diciéndole que iban a enseñarle cómo los alauíes mataban a los suníes. Y cuando los hombres se fueron: “Subí a la azotea y vi su cadáver. Tuve que huir para salvar la vida. Pedí a mis vecinos que protegieran el cuerpo.” Amnistía Internacional examinó seis imágenes del cadáver, que presentaba una herida visible en la cabeza y yacía en un charco de sangre.
Según Samira, además de a su esposo también mataron al marido de su vecina, que tenía cerca de 80 años, y a su cuñado.
Hacia las 11 de la mañana del 8 de marzo, Ahmad* fue informado a través de la llamada de un familiar de que unos hombres armados habían registrado su vivienda y disparado a su padre, que tenía cerca de 70 años. Así lo contaba: “Mi madre me contó que cuatro hombres armados habían irrumpido en nuestra casa por la mañana temprano. Lo primero que preguntaron [a mis familiares] fue si eran alauíes.” Los hombres empezaron a golpear al hermano de Ahmad, y su padre intentó impedírselo. “Le ordenaron [a mi padre] que se apartara […] Cuando él lo hizo, un hombre armado le disparó por la espalda y la bala salió por el pecho […] 20 minutos más tarde volvieron y se llevaron el cadáver.” Amnistía Internacional examinó una grabación en vídeo de sangre esparcida por el suelo, que según Ahmad pertenecía a su padre.
Ahmad contaba que otro pariente cercano tuvo que buscar múltiples veces entre los cadáveres almacenados en un hospital cercano, en presencia de hombres armados, para encontrar el cadáver de su padre. Un profesional de la salud confirmó a Amnistía Internacional que habían recibido decenas de cadáveres de manos de milicias, equipos de defensa civil y la Media Luna Roja Árabe Siria, y que éstos se almacenaban en el hospital de Baniás, en su mayoría apilados fuera de la cámara mortuoria refrigerada. Las familias tenían que buscar a sus seres queridos entre montones de cuerpos.
Saed* estaba ese fin de semana en el barrio visitando a sus padres. La mañana del 8 de marzo, la familia oyó disparos y después se hizo el silencio. Pensaron que se habían librado, hasta el día siguiente. Sobre las 10 de la mañana, unos hombres armados irrumpieron en el edificio. Oyeron disparos.
Saed* contó: “Dije a mi familia que me siguiera y salí corriendo hacia la azotea. Venían detrás de mí. Al llegar la a azotea, miré hacia atrás y [mis parientes] ya no estaban […] Entonces oí a los hombres armados preguntar a mi hermano si era alauí o suní. Él respondió pero le temblaba la voz. Mi otro hermano intervino y les dijo: “Llévense lo que quieran pero váyanse”. Luego oí la voz de mi padre, y sonó como si se los llevaran escaleras abajo.” Entonces oyó disparos.
Minutos después, Saed* encontró los cadáveres de su padre, de 75 años, y sus hermanos, de 31 y 48, con disparos en la cabeza en la entrada del edificio. Amnistía Internacional examinó imágenes en las que se veían tres cadáveres delante de lo que parecía un edificio residencial.
Según contaron testigos a la organización, muchos de los hombres que habían participado en la matanza eran sirios, aunque también había algunos extranjeros entre ellos.
Según los residentes, las autoridades no intervinieron para poner fin a los homicidios ni ofrecieron a la población local vías seguras para huir de los hombres armados. Dos residentes contaron a Amnistía Internacional que habían tenido que recorrer al menos 15 kilómetros por el bosque en busca de seguridad. Otros tres contaron que finalmente pudieron huir gracias a los viajes en coche facilitados por HTS, antiguo grupo armado ahora integrado en las fuerzas armadas gubernamentales.
“Vi cientos de cadáveres”
Siete de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional contaron que las autoridades no les habían permitido —a ellas o a sus familiares— enterrar a sus familiares asesinados en el barrio de Al Qusour con un rito religioso o ceremonia pública, ni en el lugar de su elección. Los cadáveres yacían apilados en un solar vacío situado junto al cementerio de Sheikh Hilal, cercano al barrio.
Saed* contó que las fuerzas de seguridad cavaron una fosa junto al cementerio y apilaron allí los cadáveres. No le permitieron tomar fotografías, ni que otros familiares asistieran al entierro. “Vi cientos de cadáveres”, dijo. “Tuve que enterrar yo solo a mis hermanos [el 10 de marzo]. Los cadáveres estaban muy juntos y en varias capas. El camión los cubrió la fosa con tierra.”
El Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis verificó cuatro fotografías del lugar de enterramiento en el barrio de Al Qusour, en las que se veían tumbas marcadas de manera informal. Imágenes de satélite confirman que el terreno de la zona fue removido entre el 8 y el 10 de marzo de 2025.
Según el derecho internacional humanitario, las personas fallecidas deben ser enterradas, si es posible, según los ritos de la religión a la que pertenecían y, en principio, en tumbas individuales.