“Las autoridades sirias deben suspender la aplicación de la Ley núm. 20 de 2022 para Combatir los Delitos Informáticos, promulgada por el anterior gobierno —de Bachar al Asad—, y reformarla sustancialmente para hacerla compatible con las obligaciones contraídas por Siria en virtud del derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. A pesar de que, en junio de 2026, el Ministerio de Justicia sirio anunció una revisión de la Ley sobre Delitos Informáticos e introdujo algunas limitaciones a su uso, la Ley sigue aplicándose para restringir el derecho a la libertad de expresión.

Pese al estado cada vez más conflictivo del mundo, y a raíz de protestas y peticiones de activistas y defensores de causas sociales, gobiernos y sociedad civil se han unido para aprobar importantes leyes y resoluciones a fin de abordar los perjuicios para los derechos humanos.

“Hay que investigar como crímenes de guerra la destrucción deliberada por el ejército israelí de viviendas civiles en la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria, desde diciembre de 2024, sin que existiera una necesidad militar imperiosa”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Israel tiene la obligación de ofrecer una reparación por estas violaciones graves del derecho internacional humanitario que sea acorde a los daños concretos que han sufrido las víctimas.

Tras los reiterados periodos de combate entre las autoridades sirias y las Fuerzas Democráticas Sirias (ala militar, bajo dirección kurda, de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, también bajo dirección kurda) en el noreste de Siria, y en respuesta a la transferencia a las autoridades sirias del control de algunos campos y centros de detención en los que permanecen recluidas personas sospechosas de estar afiliadas al Estado Islámico, Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

Cuando la población de Siria conmemora un año de la caída del gobierno del presidente Bachar al Asad, Amnistía Internacional reitera la necesidad urgente de que las nuevas autoridades sirias rompan con el pasado y se comprometan a garantizar justicia, verdad y reparación así como derechos humanos para todas las personas.

El gobierno de Siria debe hacer que miembros de las fuerzas militares y de seguridad y miembros de milicias afiliadas rindan cuentas por las ejecuciones extrajudiciales de hombres y mujeres drusos en Suwayda, ha afirmado Amnistía Internacional.

“El gobierno sirio debe demostrar su compromiso inequívoco con el establecimiento de verdad, justicia y reparación por las decenas de miles de personas desaparecidas, dando prioridad a una búsqueda nacional inclusiva de quienes siguen en paradero desconocido y exigiendo responsabilidades”, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, y nueve meses después de la caída del gobierno del presidente Bachar al Asad.

El gobierno sirio debe redoblar con urgencia sus esfuerzos para prevenir la violencia de género, investigar sin demora y de forma exhaustiva e imparcial los casos de secuestro de mujeres y niñas alauíes, y hacer rendir cuentas a los responsables, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En vísperas de que la comisión de investigación creada el 9 de marzo de 2025 para investigar los homicidios de civiles en la costa noroccidental de Siria presente sus resultados al presidente Ahmad al Sharaa, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Kristine Beckerle, ha manifestado:

“El nuevo gobierno de Siria debe tomar pasos inmediatos y concretos hacia la justicia, la verdad y la reparación que aborden el devastador legado de abusos del país, y emprender con urgencia una reforma basada en los derechos humanos para prevenir nuevas violaciones”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“El caos creado por los recientes recortes aleatorios en la financiación estadounidense debe impulsar la reducción rápida del número de personas detenidas de forma arbitraria e indefinida en el nordeste de Siria por su presunta vinculación con el grupo armado Estado Islámico”, ha declarado Amnistía Internacional.

El gobierno sirio debe garantizar que los perpetradores de una oleada de homicidios masivos contra civiles alauíes en zonas costeras responden de sus actos, y tomar medidas de inmediato para que ninguna persona o grupo sufra ataques por su filiación religiosa; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.