En respuesta a la noticia de que el Parlamento de Kirguistán ha aprobado un proyecto de ley sumamente restrictivo sobre “representantes extranjeros” para regular la sociedad civil, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:
“Resulta muy preocupante que el Parlamento haya aprobado este proyecto de ley. Desde hace más de un decenio hemos sido testigos, en Rusia y en toda la región, de cómo una disposición similar sentó las bases para el desmantelamiento sistemático de la sociedad civil.”
“Esta medida no sólo socava el derecho a la libertad de asociación y amenaza la independencia de las ONG, sino que erosiona también el propio tejido de la antaño vibrante sociedad civil de Kirguistán.”
Esta medida no sólo socava el derecho a la libertad de asociación y amenaza la independencia de las ONG, sino que erosiona también el propio tejido de la antaño vibrante sociedad civil de Kirguistán.
Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central
“El presidente puede, y debe, impugnar este proyecto de ley. Es crucial que los socios internacionales de Kirguistán recuerden a su gobierno y al poder legislativo lo que significa en la práctica la libertad de asociación, y les obliguen a entablar inmediatamente un diálogo fructífero con las organizaciones de la sociedad civil para que esta iniciativa legislativa tan perjudicial no se convierta en ley. La obligación del gobierno es garantizar el respeto y el disfrute universal de los derechos humanos, de modo que mejore la vida de las personas, especialmente la de aquellas que están más marginadas.”
Información complementaria
El 14 de marzo, el Parlamento de Kirguistán (Jogorku Kenesh), votó por abrumadora mayoría a favor de aprobar un proyecto de ley restrictivo sobre las ONG, que impone normas estrictas y una excesiva supervisión gubernamental a las organizaciones que reciben financiación del extranjero. El proyecto de ley, que obliga a presentar informes engorrosos sobre todas las actividades financieras, de gobernanza y operativas, se dirige específicamente contra las ONG independientes que dependen de financiación extranjera, y cuya clasificación pasará a ser “[ONG] que desempeñan las funciones de un representante extranjero”. El concepto de “ONG como representante extranjero” parece seguir el modelo de la ignominiosa legislación rusa de 2012.
En febrero, a raíz de la creciente presión de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, se eliminó una de las disposiciones más controvertidas del proyecto de ley que establecía la responsabilidad penal por incumplimiento de la ley. No obstante, el poder legislativo no abordó muchos otros motivos de preocupación en materia de derechos humanos que vulneran directamente el derecho internacional de los derechos humanos.