Un nuevo informe de Amnistía Internacional describe la campaña de violencia, hostigamiento, discriminación y desposeimiento emprendida hace años contra los defensores y defensoras indígenas de la tierra wet’suwet’en que se oponen a la construcción del gasoducto de gas natural licuado Coastal GasLink (CGL) a través de su territorio ancestral no cedido sin contar con su consentimiento libre, previo e informado. La presentación de este informe coincide con el 26 aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de Canadá en la causa Delgamuukw v. British Columbia, sentencia que reafirmó el derecho consuetudinario wet’suwet’en.
Expulsados de nuestra tierra por defenderla En Criminalización, intimidación y hostigamiento de los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en se examinan las violaciones de derechos humanos infligidas a miembros y simpatizantes de la nación Wet’suwet’en por parte de las autoridades de Canadá y Columbia Británica; CGL Pipeline Ltd. y TC Energy, las empresas que construyen el gasoducto; y Forsythe Security, empresa de seguridad privada contratada por CGL Pipeline Ltd. Basándose en parte en declaraciones de testigos de cuatro redadas violentas y en gran escala realizadas por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) en el territorio wet’suwet’en, el informe concluye que se detuvo a defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en y simpatizantes suyos por defender la tierra que les pertenece y ejercer los derechos de los pueblos indígenas y su derecho a la libertad de reunión pacífica.
Se supone que Canadá es el lugar al que la gente viene a vivir porque es un país agradable donde las personas son libres, pero en realidad ni las comunidades de las Primeras Naciones ni quienes defienden la tierra tienen esa sensación.
K’eltiy, Brenda Michell, jefa (takiy ze’) Unist’ot’en y guardiana de la tierra (yin’tah)
“Las medidas adoptadas contra los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en y sus simpatizantes forman parte de una iniciativa concertada y preocupante de los gobiernos de Canadá y Columbia Británica para eliminar cualquier obstáculo a la construcción del gasoducto CGL en el territorio ancestral no cedido”, ha declarado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “El Estado debe garantizar de forma inmediata que se pone fin al hostigamiento, la intimidación, la vigilancia ilegítima y la criminalización de los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en y retirar a la Real Policía Montada de Canadá y los servicios de seguridad conexos del territorio de la nación Wet’suwet’en.”
“Desde la colonización, los pueblos indígenas de Canadá se han visto sometidos a una serie de políticas gubernamentales dirigidas a desposeerlos de sus territorios e integrarlos en la sociedad colona”, ha afirmado Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá (de habla inglesa). “Forzar la construcción del gasoducto sin el consentimiento libre, previo e informado de la nación [Wet’suwet’en] —y criminalizar a los defensores y defensoras de la tierra que ejercen sus derechos— no es una injusticia aislada sino que forma parte de la permanente violencia colonial de Canadá hacia los pueblos indígenas.”
Orden judicial
Una orden judicial solicitada por CGL Pipeline Ltd. y concedida por el Tribunal Supremo de Columbia Británica ha servido de justificación legal para las redadas efectuadas por la Real Policía Montada de Canadá y otras formas de criminalización soportadas por los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en y sus simpatizantes. En diciembre de 2019, una jueza concedió una orden judicial interlocutoria que prohibía a las personas defensoras de la tierra y sus simpatizantes bloquear la carretera del servicio forestal de Morice, situada en el territorio wet’suwet’en. La orden judicial incluye una cláusula ejecutoria que autoriza a la Real Policía Montada de Canadá a detener a cualquier persona cuando haya motivos justificados y probables para creer que contraviene la orden. Amnistía Internacional considera que la orden restringe de forma indebida los derechos humanos de la nación Wet’suwet’en al autogobierno y a controlar sus territorios.
“A causa de esta orden excesivamente amplia, más de 75 personas defensoras de la tierra, wet’suwet’en y no wet’suwet’en, fueron detenidas, sólo por ejercer los derechos de los pueblos indígenas y su derecho a la libertad de reunión pacífica”, ha señalado France-Isabelle Langlois, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Canadá (de habla francesa). “Amnistía Internacional pide a las autoridades de Canadá y Columbia Británica que garanticen que las órdenes no se utilizan para restringir los derechos humanos de los pueblos indígenas y que los cargos de desacato presentados contra las personas defensoras de la tierra, wet’suwet’en y no wet’suwet’en, se retiran sin demora.”
“La destrucción ambiental de nuestro territorio tiene enormes repercusiones sobre nuestra gente. Dependemos del salmón, de nuestros arroyos y de nuestro río; de todos nuestros ríos con los que están acabando. El poder beber el agua de los ríos es algo muy importante para nosotros; remite a la sensación de bienestar espiritual, de bienestar cultural, porque creo que, cuando podemos beber el agua que viene de nuestros territorios, esa agua lleva nuestra historia ancestral, lleva la memoria y el espíritu de nuestros antepasados que estuvieron en algún momento en esos ríos, de los salmones que desovan allí todos los años.”
Molly Wickham, defensora wet’suwet’en de la tierra, también conocida como Sleydo’.
Las redadas de la Real Policía Montada de Canadá fueron desproporcionadas
Amnistía Internacional determinó que las tácticas utilizadas por la Real Policía Montada de Canadá durante las cuatro redadas que llevó a cabo contra defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en fueron desproporcionadas respecto de la situación a la que respondían, puesto que no consta que esas personas utilizaran violencia o representaran una amenaza.
Durante la primera redada de gran envergadura, en enero de 2019, la RCMP detuvo de manera arbitraria a 14 personas defensoras de la tierra —que, en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y su derecho de reunión pacífica, bloqueaban la carretera del servicio forestal de Morice a la altura del puesto de control de Gidimt’en— en una operación en la que participaron aproximadamente 50 agentes fuertemente armados, helicópteros y drones de vigilancia.
En las redadas posteriores de febrero de 2020 y noviembre de 2021, la RCMP desplegó decenas de agentes armados con rifles de francotirador semiautomáticos, perros, excavadoras y helicópteros. Los defensores y defensoras de la tierra denunciaron que habían sido agredidos durante las detenciones, y que los agentes llevaban el rostro cubierto, se negaron a identificarse, destruyeron sus bienes y cortaron los canales de comunicación que utilizaban entre ellos. “[Los policías] tiraban del cabello a los indígenas varones”, contó a Amnistía Internacional Sleydo’ (Molly Wickham), jefa de rama de la casa Cas Yikh, perteneciente al clan Gidimt’en. “Cargaron con mucha fuerza contra dos de los indígenas varones […], les propinaron patadas y también puñetazos en la cabeza.”
Los defensores y defensoras de la tierra permanecieron bajo custodia durante cuatro o cinco días antes de que se celebraran sus vistas de libertad bajo fianza. Varias de las personas entrevistadas contaron a Amnistía Internacional que los detenidos wet’suwet’en y de otros pueblos indígenas recibieron un trato más severo que los no indígenas. El jefe Na’Moks, jefe hereditario wet’suwet’en, lo explicó así: “Sólo estaban encadenados los indígenas, no los medios de comunicación [en referencia a las personas detenidas que trabajaban en los medios de comunicación] ni nadie más. Éstos solamente estaban esposados. Pero hicieron que todos los indígenas […] encadenados y en ropa interior comparecieran así ante el juez”.
Además de la dureza y la envergadura de las redadas, Amnistía Internacional documentó una constante de vigilancia intrusiva y agresiva, hostigamiento e intimidación permanentes contra los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en, incluido un trato discriminatorio, degradante y muy desconsiderado desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, los agentes de la Real Policía Montada de Canadá han interrumpido en repetidas ocasiones las actividades culturales que tienen lugar en el puesto de control de Gidimt’en, e incluso una ceremonia de duelo por la muerte de un miembro de la comunidad, pese a las reiteradas explicaciones de lo que sucedía y las solicitudes de que no pasaran.
Discriminación basada en el origen racial y el género
Los defensores y defensoras wet’suwet’en y de otros grupos indígenas han sufrido discriminación racial, especialmente violaciones de los derechos colectivos y culturales que les conciernen como pueblos indígenas. Las defensoras también han sido objeto de amenazas y actos de violencia y discriminación por motivos de género.
Estas violaciones de derechos humanos afectan negativamente a las personas concretas y a la nación Wet’suwet’en en su conjunto. La construcción del gasoducto CGL y los actos conexos de hostigamiento, intimidación, vigilancia ilegítima y criminalización de los defensores y defensoras de la tierra han generado un clima de miedo y violencia. Por eso, algunos miembros de la nación Wet’suwet’en ya no se sienten seguros en la Yin’tah (sus tierras consuetudinarias no cedidas), lo que provoca la pérdida de conexión con sus territorios ancestrales y, por tanto, con sus antepasados, y afecta negativamente a la transmisión de la cultura a las generaciones siguientes.
El motivo por el que estamos aquí, por el que luchamos tan intensamente por nuestros derechos, nuestras tierras, nuestra agua, nuestros animales, nuestros salmones, el aire, todo… es la necesidad de llevar nuestra vida. Vivimos de la tierra, y la están destruyendo por completo. La están rompiendo en pedazos, y esto no va a parar.
Lawrence Bazil, defensor wet'suwet'en de la tierra, del clan Laksilyu
“Me siento menos segura ahora que [mi hija] juega afuera y sé que hay un hombre extraño al otro lado del río mirando, que hay drones en el cielo”, contó Karla Tait, matriarca wet’suwet’en y directora de programas del Centro de Sanación de Unist’ot’en.
Las empresas CGL Pipeline Ltd. y TC Energy niegan las acusaciones y afirman que los trabajos han sido legalmente autorizados y están totalmente permitidos por las leyes de de Canadá y Columbia Británica. El proyecto pasó por un sólido proceso regulatorio provincial en el que se consultó a los grupos indígenas y se evaluó a fondo como podía afectar a sus derechos, así como los efectos económicos, sociales, patrimoniales, de salud y otros problemas y preocupaciones.” La empresa Forsythe Security no ha respondido a nuestra solicitud de comentarios.
Recomendaciones
Entre otras recomendaciones, Amnistía Internacional pide a los gobiernos de Canadá y Columbia Británica, y a Coastal GasLink Pipeline Ltd. y TC Energy que detengan de inmediato la construcción y uso del gasoducto CGL en los territorios no cedidos de la nación Wet’suwet’en.
La organización pide a los dos gobiernos que retiren de inmediato los cargos de desacato presentados contra las personas defensoras de la tierra, wet’suwet’en y no wet’suwet’en. Amnistía Internacional también pide a la Real Policía Montada de Canadá, a su Unidad de Intervención de Emergencia y a Forsythe Security que detengan de inmediato el hostigamiento, la intimidación y la vigilancia ilegítima de los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en y se retiren del territorio de esa nación.