Los responsables de planificar y ejecutar un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Minab, provincia de Hormozgan (Irán), que provocó la muerte de 168 personas —entre ellas más de 100 niños y niñas— deben rendir cuentas, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Tras el más reciente ataque del gobierno de Estados Unidos contra una embarcación en el océano Pacífico oriental ocurrido ayer, Amnistía Internacional condena enérgicamente estas acciones y reitera que constituyen ejecuciones extrajudiciales, una forma de homicidio prohibida por el derecho internacional, y representan una grave afrenta a los principios más básicos de humanidad y legalidad. Ninguna circunstancia justifica la privación arbitraria de la vida.
Israel, Estados Unidos y la República Islámica de Irán deben cesar o abstenerse de lanzar ataques ilícitos contra infraestructuras energéticas, incluidas instalaciones que proporcionan servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua corriente. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, destacando los riesgos que esos ataques entrañan de causar un daño devastador a la población civil y provocar consecuencias medioambientales.
En la apertura de su periodo de sesiones, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU (CSW) adoptó sus Conclusiones Convenidas sobre “Garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas”, tras semanas de intensa presión por parte de un grupo de Estados reducido, pero vehemente, que trató de impedir que las negociaciones para la adopción del texto llegaran a buen fin.
Ante la rápida expansión de las hostilidades regionales a todo Oriente Medio tras los ataques conjuntos que Estados Unidos e Israel libran contra Irán y la subsiguiente oleada de ataques iraníes de represalia en toda la región, Amnistía Internacional hace un llamamiento urgente a todas las partes para que protejan a la población civil y respeten el derecho internacional humanitario, en particular poniendo fin a los ataques ilícitos, como los ataques deliberados, indiscriminados o desproporcionados contra población civil e infraestructura civil.
El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y garantías de no repetición, ha advertido hoy Amnistía Internacional.
Ante la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, Marta Schaaf, directora del Programa de Amnistía Internacional sobre Clima, Justicia Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas, ha manifestado:
Ante el anuncio de la administración Trump previsto el viernes de una ampliación de la ley mordaza global que bloquea la ayuda internacional de Estados Unidos a organizaciones no gubernamentales que facilitan asesoramiento o información sobre el aborto, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
En el primer aniversario del regreso al cargo del presidente Trump, Amnistía Internacional hace sonar las alarmas sobre el número creciente de prácticas autoritarias en Estados Unidos y la devastadora erosión de los derechos humanos.
Antes de asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos a partir del 19 de enero, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
Ante el anuncio de la administración Trump de que Estados Unidos se retira de 66 organizaciones, convenios y tratados internacionales, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:
La acción militar llevada a cabo hoy por la Administración Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana. Muy probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, al igual que la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.