El reciente acuerdo de paz firmado entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda no aborda la cuestión de la justicia para las víctimas de graves crímenes, al no incluir ninguna disposición encaminada a que los perpetradores de esos crímenes rindan cuentas, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establecieron hace 10 años para garantizar paz y prosperidad a las personas y al planeta, ahora y en el futuro. Sin embargo, cada vez parece menos probable alcanzarlos antes de 2030, y esto se debe a la falta de inversión significativa durante un decenio y, más recientemente, a los recortes de ayuda humanitaria por parte de donantes tan importantes como Estados Unidos y algunos países europeos.
Ante la orden de poner a Mahmoud Khalil en libertad provisional dictada por un juez de un tribunal federal de primera instancia, Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:
En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
En respuesta a la decisión del gobierno estadounidense de vetar un borrador de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego inmediato en los territorios ocupados de la Franja de Gaza, la libertad de los rehenes y el “levantamiento inmediato e incondicional de todas las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria”, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
Al cumplirse los primeros 100 días de la presidencia de Trump, Amnistía Internacional pone de relieve la crisis de derechos humanos impulsada por las prácticas autoritarias, las políticas discriminatorias y racistas y la peligrosa retórica de su administración.
Ante la resolución judicial estadounidense que declara ilegal el monopolio de publicidad online de Google, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
En el marco de la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la Casa Blanca, este 14 de abril, Amnistía Internacional emitió una declaración pública para alertar sobre la profundización de la crisis de derechos humanos en El Salvador y la ahora complicidad de Estados Unidos al unirse a las prácticas represivas que violan el derecho internacional.
Las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas en 15 países en 2024, ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso global de la pena de muerte.
En respuesta a la resolución del Tribunal Superior por la que éste se declara competente para conocer y examinar el fondo de la causa en la que se acusa a Meta de promover contenidos que provocaron violencia étnica y homicidios en Etiopía entre 2020 y 2022, Mandi Mudarikwa, directora de Litigios Estratégicos de Amnistía Internacional, ha declarado:
El 6 de febrero de 2025, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dictó una orden ejecutiva autorizando sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y su fiscal, Karim Khan. Esta orden pretende impedir que la CPI lleve a cabo su mandato independiente. Y también supone una importante amenaza para la Corte y su personal. Expertos y expertas de la ONU condenaron la decisión, calificándola de “ataque al Estado de derecho mundial” que socava la justicia internacional.
Ante la reciente expulsión ilegal de Estados Unidos a El Salvador de 238 nacionales venezolanos acusados de pertenencia al grupo criminal Tren de Aragua, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado: