En vísperas de la próxima votación en la Cámara de Representantes de Tailandia de cinco proyectos de ley para amnistiar delitos relacionados con actividades políticas, Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador de Amnistía Internacional sobre Tailandia, ha declarado:
Las autoridades guineanas deben revelar de inmediato la suerte y el paradero de los activistas del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), Oumar Sylla y Mamadou Billo Bah, que fueron víctimas de desaparición forzada hace un año. Asimismo, deben garantizar que las personas presuntamente responsables de secuestros y desapariciones forzadas en Guinea sean llevadas ante los tribunales con las debidas garantías y que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y protección jurídica efectiva, según 25 organizaciones guineanas e internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha firmado una declaración conjunta con motivo del décimo aniversario de la “Represión 709” de abogados y abogadas de derechos humanos en China; la directora de la organización para China, Sarah Brooks, ha declarado:
Tras los informes sobre la represión violenta y generalizada de estudiantes que se manifestaban, en su mayoría de forma pacífica, en Belgrado y otras ciudades importantes de Serbia por sexto día consecutivo desde el 28 de junio, cuando el movimiento estudiantil reclamó elecciones parlamentarias anticipadas, Amnistía Internacional y Civil Rights Defenders han afirmado en una declaración conjunta:
El Dalái Lama, a punto de cumplir 90 años, ha explicado cuál será el proceso de su sucesión espiritual, en medio de los tradicionales esfuerzos de las autoridades chinas por controlar la reencarnación de los líderes budistas tibetanos. En respuesta a ello, la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, ha declarado:
Más del 80% de las personas condenadas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional han sido criminalizadas injustamente y ni siquiera deberían haberse presentado cargos contra ellas, según una nueva investigación realizada por Amnistía Internacional y publicada coincidiendo con el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley.
Ante la noticia de que un tribunal de Georgia ha ordenado a cinco organizaciones independientes de la sociedad civil que entreguen a la Oficina Anticorrupción datos sumamente delicados sobre personas beneficiarias protegidas mediante su trabajo de derechos humanos, así como información sobre sus actividades y subvenciones, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:
En respuesta a los nuevos cargos presentados contra el activista hongkonés encarcelado Joshua Wong por “conspiración para actuar en connivencia con fuerzas extranjeras” en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de la ciudad, la directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, ha declarado:
Las autoridades nigerinas deben poner en libertad de inmediato al activista de la sociedad civil y defensor de los derechos humanos Moussa Tchangari y dejar de usar cargos de terrorismo para silenciar a la disidencia; así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.
Las autoridades turcas deben levantar de inmediato las lícitas restricciones impuestas a la manifestación de las Madres / Personas del Sábado en la plaza Galatasaray de Estambul y permitirles reunirse allí; así lo ha manifestado Amnistía Internacional la víspera del 30 aniversario de este movimiento de protesta.
Ante la noticia de la desaparición forzada del defensor sudanés de los derechos humanos y solicitante de asilo Mohammed Adam, conocido como “Tupac”, tras ser secuestrado por agentes de la embajada sudanesa en Trípoli, la capital de Libia, el 19 de mayo, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha declarado:
En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.