Amnistía Internacional ha documentado el devastador impacto de los ataques sistemáticos de Rusia contra el sistema energético de Ucrania en una nueva serie de testimonios de sobrevivientes que soportan el gélido invierno sin calefacción, electricidad ni agua corriente.
Ante la condena a 20 años de cárcel impuesta al activista en favor de la democracia Jimmy Lai por delitos contra la “seguridad nacional”, Sarah Brooks, directora regional adjunta de Amnistía Internacional, ha declarado:
El hostigamiento creciente y el deterioro de la salud de personas detenidas por ejercer derechos humanos evidencian un patrón persistente de represión y prácticas autoritarias.
Ante las conclusiones preliminares de la Comisión Europea de que el diseño de TikTok es adictivo y vulnera la Ley de Servicios Digitales (DSA) —histórica ley de la Unión Europea concebida para crear un espacio digital más seguro—, Lisa Dittmer, investigadora de Amnistía Internacional sobre Derechos Digitales de Niños, Niñas y Jóvenes, ha declarado:
Las personas mayores de Gaza sufren una crisis de salud física y mental desatendida en el contexto del bloqueo continuo de Israel a la ayuda y los medicamentos esenciales, y de su prohibición reciente de las organizaciones humanitarias, según revela un nuevo estudio de HelpAge International y Amnistía Internacional.
Ante la iniciativa del Ministerio de Justicia para que se prohíba por “extremistas” a dos destacadas organizaciones LGBTI de Rusia, –Red LGBT Rusia y el grupo Vykhod (Salida), con sede en San Petersburgo– Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:
En Corea del Norte, las personas que son sorprendidas viendo programas de televisión de Corea del Sur se exponen a sufrir humillación pública, a pasar años en campos de trabajo o incluso a ser ejecutadas, y los castigos más severos recaen en quienes son demasiado pobres para pagar sobornos, según testimonios recogidos por Amnistía Internacional.
Los miembros del Parlamento israelí (Knéset) deben votar en contra de una serie de proyectos de ley para introducir controvertidas reformas que permitirían a los tribunales israelíes ampliar el uso de la pena de muerte y aplicarla de forma discriminatoria a las personas palestinas; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación a una votación prevista sobre uno de los principales proyectos de ley por la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento. La pena de muerte se aplicaría a las personas declaradas culpables de matar deliberadamente a alguien con la intención de hacer daño a un residente o ciudadano israelí, y a las personas declaradas culpables ante tribunales militares de causar la muerte en circunstancias que la legislación israelí define como “actos de terrorismo”, disposición que afectaría principalmente a personas palestinas acusadas. En algunos casos, la pena de muerte sería preceptiva o se impondría sin derecho a recurrir.
El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y garantías de no repetición, ha advertido hoy Amnistía Internacional.
Las fuertes penas de prisión dictadas contra Rached Ghannouchi y otros cuatro líderes del partido Ennahda constituye el golpe más reciente en la campaña de las autoridades tunecinas para aplastar al partido de oposición derrocado del poder por el presidente Kais Said en 2021 como parte de su represión más amplia de la disidencia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
Las autoridades egipcias han intensificado su represión de la expresión religiosa en Internet en los últimos meses; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, y ha pedido a las autoridades que pongan en libertad inmediata e incondicional a 23 personas que están en detención arbitraria sólo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de religión o de creencias.
Desde que se hizo con el poder el 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha ejercido una represión generalizada y ha cometido abusos en todas las facetas de la vida del país. Así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Fortify Rights y Human Rights Watch. Las atrocidades cometidas por el ejército desde el golpe de Estado, que incluyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, han ido en aumento durante el último año a medida que la junta ha tratado de afianzar su gobierno mediante operaciones militares abusivas y elecciones orquestadas.