Amnistía Internacional condena la masacre ocurrida los días 11 y 12 de septiembre en Labodri, Haiti, donde más de cuarenta personas fueron asesinadas y decenas de viviendas incendiadas por pandillas según informan organizaciones de la sociedad civil.
Por: Graciela Martínez encargada de campañas sénior y Adeline Neau investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional.
En respuesta al ataque letal declarado por las autoridades estadounidenses contra una embarcación que presuntamente había partido de Venezuela (extremo que las autoridades venezolanas han negado, calificando las imágenes como generadas con inteligencia artificial), Daphne Eviatar, directora del Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado:
Por Valeria María Torres Nieves
La reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador que modifica elementos sustantivos del sistema político y electoral representan el ejemplo más reciente de una preocupante tendencia hacia el uso del poder legislativo, sin contrapesos efectivos, para introducir cambios estructurales a la Constitución y a otras normas fundamentales que ponen en riesgo los derechos humanos.
En el marco del “Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”, liderado por el Consejo Económico y Social (CES), Amnistía Internacional hace un llamado a que cualquier política migratoria futura se fundamente en el respeto absoluto a los derechos humanos, la no discriminación, la justicia racial y el acceso efectivo a mecanismos de regularización para personas migrantes y refugiadas haitianas.
Con el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, Amnistía Internacional nombra hoy como personas presas de conciencia a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, y exigimos su liberación inmediata e incondicional.
Desde el inicio de la administración de Donald Trump, Puerto Rico ha registrado un incremento inédito de operativos migratorios, marcados por el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y la mirada indiferente de la gobernadora Jenniffer González Colón. Desde enero de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a, por lo menos, 568 personas, la mayoría de ellas de origen dominicano. Independientemente de su estatus migratorio, los derechos humanos de todas las personas en Puerto Rico deben ser respetados y garantizados
En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
El 3 de junio tendrá lugar la audiencia preliminar en el Palacio de Justicia de San Pedro Sula, Honduras, contra tres hombres acusados de haber participado en el asesinato del defensor del medioambiente Juan Antonio López, coordinador del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). Este proceso judicial puede ser clave para que la familia de Juan López obtenga verdad, justicia y reparación por el crimen cometido el pasado 14 de septiembre en el municipio de Tocoa, declaró Amnistía Internacional. La organización insta a las autoridades hondureñas a garantizar que todas las personas sospechosas de estar involucradas en el asesinato de Juan López, tanto los autores materiales como los autores intelectuales, sean llevadas ante la justicia en juicios justos.
El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y al trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. La ley se basa en el concepto de “agente extranjero” para imponer restricciones que incluyen un impuesto del 30% sobre la recepción de fondos internacionales, y otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas y aplicar multas de hasta US$ 250,000. El concepto de “agente extranjero” no solo carece de una definición legal clara y precisa, lo que deja a las a las organizaciones de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad frente a la arbitrariedad estatal, sino que además existen abundantes evidencias de su creciente uso a nivel global como herramienta para restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas.
En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.