Asistimos con horror a los terribles acontecimientos que se están produciendo en Rafá, la zona más poblada de Gaza, donde se han refugiado como último recurso 1,5 millones de personas, de las que más de medio millón son niños y niñas. Si Israel lanza la ofensiva terrestre que se propone, morirán miles de civiles más y el actual goteo de ayuda humanitaria podría parar por completo. Si este plan militar no se detiene de inmediato, las consecuencias serán catastróficas.

En la ciudad septentrional de Trípoli, miles de personas están viviendo en edificios inseguros que ponen en peligro su derecho a una vivienda adecuada y su derecho a la vida, mientras el gobierno se muestra indiferente más de un año después de los devastadores terremotos que arrasaron extensas zonas de Turquía y Siria y causaron daños en edificios en Líbano, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En vísperas de que mañana, 14 de febrero, se celebre en La Haya la firma de un tratado histórico sobre cooperación judicial interestatal en el ámbito de los crímenes de derecho internacional, incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, Fisseha Tekle, asesor de Derecho y Política en Amnistía Internacional, ha manifestado:

Las autoridades de facto huzíes deben detener urgentemente las ejecuciones previstas y poner fin a la persecución de personas por su identidad de género u orientación sexual, real o percibida, ha declarado Amnistía Internacional tras las sentencias condenatorias —con penas de muerte, flagelación o prisión— dictadas por dos tribunales establecidos por huzíes contra más de 40 personas por cargos relacionados con conducta homosexual.

Las autoridades jordanas deben poner fin a la represión generalizada en la que las fuerzas de seguridad y de inteligencia han detenido a cientos de personas desde octubre de 2023 por expresar su apoyo a los derechos de la población palestina en Gaza o por criticar las políticas del gobierno hacia Israel, ha afirmado Amnistía Internacional.

Tras el examen público de su historial en materia de derechos humanos, Arabia Saudí debe tomar el informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como referencia de las medidas mínimas que deben adoptar sus autoridades para cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos; así lo ha afirmado Amnistía Internacional.

“El juicio colectivo en curso de 84 personas emiratíes, entre las que hay destacadas figuras de la defensa de los derechos humanos, viola flagrantemente su derecho a un juicio con las debidas garantías e ignora un principio jurídico fundamental al volver a juzgar a algunas de ellas por los mismos cargos por los que fueron declaradas culpables hace diez años”, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo de una vista de la causa que se celebrará el 7 de febrero.

“Con los ojos del mundo puestos en Gaza, las fuerzas israelíes han desencadenado en los últimos cuatro meses una oleada de violencia brutal contra la población palestina en la Cisjordania ocupada en la que han cometido homicidios ilegítimos —incluso usando fuerza letal sin necesidad o de forma desproporcionada durante protestas— y operaciones de detención, y negando asistencia médica a las personas heridas”, ha declarado Amnistía Internacional.

Nuevos datos de ataques letales ilegítimos en la Franja de Gaza ocupada, reunidos por Amnistía Internacional, demuestran que las fuerzas israelíes siguen vulnerando el derecho internacional humanitario y aniquilando familias enteras con total impunidad.

Con antelación a la esperada sentencia en apelación dictada el miércoles 31 de enero de 2024 en el caso del activista bidun kuwaití Mohammad al Bargash, procesado por hablar de los derechos humanos de la población bidun (apátrida) de Kuwait, Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha manifestado:

“La decisión de al menos 11 países donantes de suspender la financiación a la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA) tras las denuncias de que algunos miembros de su personal estaban implicados en los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel infligirá un golpe devastador a más de dos millones de personas refugiadas en la Franja de Gaza ocupada para las que la organización es el único salvavidas”, ha declarado Amnistía Internacional. La organización insta a los Estados a que revoquen su decisión y no suspendan la financiación a la UNRWA.

La decisión de ordenar medidas provisionales, tomada hoy por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en respuesta a la denuncia de genocidio que había formulado Sudáfrica contra Israel, constituye un importante avance que podría ayudar a proteger a la población palestina de la Franja de Gaza ocupada de mayor sufrimiento y daños irreparables, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.