Polonia: Twitter/X facilitó la propagación de odio y acoso contra personas LGBTI
El informe incluye contenido sensible que puede resultar perturbador para algunas personas.
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Ante la decisión de la UE de no suspender el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel, Agnès Callamard secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
Durante los últimos seis meses, los titulares han estado plagados de historias de miedo, división y odio. Sin embargo, activistas de todo el mundo han seguido trabajando para asegurarse de que prevalezca la esperanza. Estas son algunas de las victorias para los derechos humanos logradas de enero a junio de 2025 de las que podemos enorgullecernos.
Con motivo de una visita a Libia del comisario de Migración y varios ministros y ministras de la UE para debatir la cooperación sobre migración el 8 de julio, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:
En respuesta a la revisión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel realizado por la Comisión Europea, que encontró “indicios” de que Israel está incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha manifestado:
El Tribunal de Apelación de Bruselas ha dictado una resolución en la que establece que el modelo de consentimiento que sustenta la publicidad basada en el seguimiento por parte de las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon y X en Europa es incompatible con la legislación de protección de datos de la UE. En respuesta a ella, Hannah Storey, asesora de política de Amnistía Internacional sobre Tecnología y Derechos Humanos, ha declarado:
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) Amnistía Internacional, La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y las organizaciones abajo firmantes acogen con satisfacción las medidas adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa para establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, aunque lamentablemente aún no se han hecho públicos los detalles definitivos sobre el marco jurídico del mecanismo, incluido su estatuto. En este sentido, las organizaciones instan al Consejo de Europa a que publique urgentemente el proyecto de Estatuto del Tribunal para garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil, especialmente de víctimas y sobrevivientes, tanto en la creación del Tribunal como, por supuesto, en sus procedimientos.
En respuesta a la noticia de que Hungría, Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), ha recibido a Benjamin Netanyahu en su territorio sin detenerlo y ha declarado que abandonará la CPI, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:
Ante las conclusiones del Consejo Europeo de 20 de marzo de 2025 sobre la situación de Israel y el Territorio Palestino Ocupado, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:
Hoy, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de revisión de la Directiva de Retorno de 2008, que modifica el marco jurídico europeo con respecto a los retornos o deportaciones fuera de la UE. En respuesta a la presión de algunos Estados miembros, introduce también una posible base jurídica sobre la creación de los llamados “centros de retorno” en la legislación europea, a través de “acuerdos” con terceros países.
Ante la publicación hoy de una propuesta general de “simplificación” que prevé nocivos cambios en legislación clave de sostenibilidad de la UE, incluida la Directiva sobre la Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:
El lunes 24 de febrero, los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de la UE recibirán en Bruselas a Gideon Sa’ar, ministro de Exteriores israelí, con motivo del Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel. Es la primera vez en la historia de la UE que sus dirigentes reciben al responsable de política exterior de un Estado contra cuyos primer ministro y exministro de Defensa existen órdenes de detención por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad dictadas por la Corte Penal Internacional (CPI) y cuyas fuerzas armadas participan activamente en la comisión de crímenes de derecho internacional, incluido el genocidio.