Los gigantes del vehículo eléctrico BYD, Mitsubishi y Hyundai son los fabricantes que salen peor parados en una nueva clasificación del sector en materia de derechos humanos realizada por Amnistía Internacional. El estudio revela que los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo no están mostrando debidamente cómo abordan los riesgos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de minerales, dejando a las comunidades en peligro de explotación, riesgos para la salud y daños ambientales causados por la rápida expansión de la minería necesaria para obtener los metales empleados en la fabricación de baterías.

En vísperas de la cumbre sobre la biodiversidad COP16, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre en Cali (Colombia), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

En respuesta a la contratación, por el organismo regulador del petróleo de Nigeria, de Boston Consulting Group (BCG) y S&P Global para ayudar a supervisar la venta de los activos de Shell en el país, Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria, ha declarado:

Ante la posible salida a bolsa de la empresa de ropa de moda ultrarrápida SHEIN en la Bolsa de Londres, Dominique Muller, investigadora de Amnistía Internacional especializada en la industria de la confección, ha declarado:

“Las propuestas de cómo monitorear un histórico acuerdo global sobre biodiversidad podrían menoscabar los derechos de los pueblos indígenas y de todas las comunidades afectadas y deberían cambiarse para garantizar que se respetan y protegen plenamente los derechos humanos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

La venta propuesta del negocio petrolífero de Shell en la región del delta del Níger, en el sur de Nigeria, amenaza con agravar los abusos contra los derechos humanos y debería ser bloqueada por el gobierno a menos que se establezcan una serie de salvaguardias. Así lo ha manifestado hoy un grupo de 40 organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra Amnistía Internacional.

Las comunidades que viven cerca de dos de las mayores concentraciones de plantas de petroquímicas y del sector de los combustibles fósiles en Estados Unidos están expuestas habitualmente a una contaminación tóxica que está causando efectos devastadores en la salud y los derechos humanos de la población, según muestran sendos informes publicados hoy por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Un nuevo informe de Amnistía Internacional describe la campaña de violencia, hostigamiento, discriminación y desposeimiento emprendida hace años contra los defensores y defensoras indígenas de la tierra wet’suwet’en que se oponen a la construcción del gasoducto de gas natural licuado Coastal GasLink (CGL) a través de su territorio ancestral no cedido sin contar con su consentimiento libre, previo e informado. La presentación de este informe coincide con el 26 aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de Canadá en la causa Delgamuukw v. British Columbia, sentencia que reafirmó el derecho consuetudinario wet’suwet’en.

Ante la sentencia judicial a favor de un grupo de jóvenes activistas que acusaban a las autoridades del estado estadounidense de Montana de violar su derecho —protegido en la Constitución del estado— a un medioambiente limpio y saludable al apoyar políticas favorables a los combustibles fósiles, Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional, ha declarado:

Hoy, en un nuevo informe, Amnistía Internacional ha instado al gobierno de Gambia a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, combatir la sobrepesca y fortalecer la transparencia de los acuerdos pesqueros para proteger a las comunidades locales de Gambia.