Según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional, tanto el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, como Wazalendo, una coalición más o menos estructurada de grupos armados apoyados por el ejército congoleño, han cometido violaciones colectivas de mujeres y abusos generalizados contra los derechos humanos de la población civil en el este de República Democrática del Congo (RDC), actos que infringen el derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra.

El reciente acuerdo de paz firmado entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda no aborda la cuestión de la justicia para las víctimas de graves crímenes, al no incluir ninguna disposición encaminada a que los perpetradores de esos crímenes rindan cuentas, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Lima, 13 de junio de 2025.- Amnistía Internacional rechaza el proyecto de ley 7549, aprobado por el Congreso en primera votación, que propone brindar amnistías a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía, miembros de comités de autodefensa y funcionarios del Estado sin sentencia firme por “casos vinculados a la lucha contra el terrorismo en el periodo 1980-2000”. Asimismo, establece una “amnistía humanitaria” para personas mayores de 70 años que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o en trámite de ejecución de sentencia. 

El ejército israelí ha desplazado a decenas de miles de palestinos y palestinas destruyendo casas e infraestructuras civiles en los campos de refugiados de Yenín y Tulkarem hasta dejarlos inhabitables como parte de la brutal operación militar que está llevando a cabo en la Cisjordania ocupada. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que “veinticinco años después de la guerra de los seis días de Kisangani (República Democrática del Congo), que causó la muerte de cientos de civiles y heridas a miles, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y, en su mayoría, reparación”.

Ante la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de renovar un año más el embargo de armas impuesto a Sudán del Sur, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha manifestado:

Con el respaldo de Ruanda, el Movimiento 23 de Marzo (M23) ha matado, torturado y sometido a desaparición forzada a personas detenidas, a algunas de las cuales ha tomado como rehenes y recluido en condiciones inhumanas en lugares de detención de Goma y Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Estos actos violan el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

“El nuevo gobierno de Siria debe tomar pasos inmediatos y concretos hacia la justicia, la verdad y la reparación que aborden el devastador legado de abusos del país, y emprender con urgencia una reforma basada en los derechos humanos para prevenir nuevas violaciones”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En respuesta a los enfrentamientos armados que tuvieron lugar ayer en Trípoli entre diversas milicias y dieron lugar a la rendición de muchos miembros de la conocida milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA) y a la muerte de su líder, Abdel Ghani al Kikli, conocido como “Gheniwa”, así como a ulteriores decisiones adoptadas hoy por el Gobierno de Unidad Nacional, entre ellas la designación de un nuevo jefe de la tristemente célebre Agencia de Seguridad Interna (ISA), radicada en Trípoli, y la disolución del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular (DCIM), Mahmoud Shalaby, investigador para Egipto y Libia de Amnistía Internacional ha afirmado:

Con motivo del segundo aniversario del estallido de la guerra civil en Sudán, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:

Este comunicado de prensa contiene descripciones de violencia sexual y tortura.

Las fuerzas armadas de Myanmar deben abstenerse de llevar a cabo ataques deliberados, aéreos y de otra índole, contra objetivos civiles en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 que tuvo lugar la semana pasada; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, al tiempo que ha pedido más rapidez en el reparto de ayuda humanitaria a la población residente en el epicentro de la catástrofe.