Anna Błuś es investigadora de Amnistía Internacional sobre justicia de género en Europa. Está creciendo el entusiasmo con la cercanía de los Juegos Olímpicos de París; sin embargo, en un país que proclama su devoción a la égalité, las atletas musulmanas están siendo excluidas y discriminadas, simplemente porque se niegan a renunciar a su derecho a llevar lo que quieran.
La prohibición de competir en los Juegos Olímpicos a las atletas francesas que usan hiyab infringe el derecho internacional de los derechos humanos y pone de manifiesto la discriminatoria hipocresía de las autoridades francesas y la cobarde debilidad del Comité Olímpico Internacional (COI); así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado con antelación a los Juegos Olímpicos de París.
Estudiantes de China y Hong Kong en otros países viven con miedo a la intimidación, el hostigamiento y la vigilancia, puesto que las autoridades chinas tratan de impedir que se involucren en temas de carácter “delicado” o político durante su estancia en el extranjero, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
Ante la votación en el Congreso francés para consagrar el aborto como libertad garantizada en la Constitución francesa, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe introductorio sobre el generalizado y rápido despliegue de tecnologías digitales en los sistemas de gestión del asilo y la migración en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.
Las autoridades de los Estados de Europa deben detener de inmediato la transferencia de refugiados y solicitantes de asilo provenientes del Cáucaso septentrional a Rusia, donde corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos y podrían ser forzados a combatir en la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo documento de investigación publicado hoy.
Ante la noticia de que Francia, Alemania e Italia están poniendo en peligro la adopción de la histórica ley sobre inteligencia artificial debido a su oposición a regular los modelos fundacionales, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:
Denunciar la injusticia o unirse a una marcha de solidaridad son algunas de las pocas herramientas de las que disponemos —al igual que personas de todo el mundo— para intentar cambiar las cosas. Sin el derecho a protestar de forma pública y pacífica —de difundir mensajes en las redes sociales, escribir cartas y firmar peticiones— se nos silencia.Y aun así, en el último mes, las iniciativas de varios gobiernos europeos para reprimir la expresión y las protestas ante la violencia sin precedentes en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados parecen pensadas para hacer precisamente eso: amordazar la disidencia, negar el duelo colectivo, fomentar el miedo a alzar la voz y crear un efecto inhibidor que amenaza con parar la libre expresión en seco.Las autoridades de varios Estados europeos han prohibido protestas de solidaridad con el pueblo palestino y han hostigado y detenido a quienes expresan —en público y en Internet— su apoyo a los derechos de éste. Hay gobiernos que han amenazado con clausurar organizaciones y grupos que defienden los derechos humanos de la población palestina y con bloquear la financiación a organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes y regionales.Se ha advertido a personas extranjeras de que podrían ser deportadas por expresar “ideologías radicales”, y las autoridades han apoyado medidas de entidades empleadoras de despedir a quienes se expresen en favor del pueblo palestino. Se ha alentado a escuelas y universidades a estar muy alerta ante señales de lo que califican de “extremismo” en las expresiones del alumnado.Afirmando inicialmente que las restricciones eran necesarias en interés del “orden público”, los gobiernos europeos han empezado a emplear un truco que hemos visto antes: mezclan el apoyo a los derechos humanos de la población palestina con el apoyo al terrorismo. Dado que no existe una definición universalmente aceptada de “terrorismo”, cada Estado usa la suya, normalmente en términos excesivamente generales y muy poco precisos, lo que ha desembocado en el uso abusivo masivo de la legislación antiterrorista en todo el mundo. La era posterior al 11 de septiembre de 2001 abundó —y sigue abundando— en medidas antiterroristas y contra el extremismo que han reducido radicalmente el espacio de la sociedad civil, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión.La rapidez con la que esto está sucediendo en Europa —tanto en la Unión Europea como a nivel nacional—, parece indicar que, en el impulso de responder a los brutales ataques de Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre, los Estados sencillamente se han “extralimitado”.Pero yo diría que el acto de mezclar Hamás con la población palestina, Hamás con grupos armados claramente diferentes como el Estado Islámico, y toda la población musulmana con el terrorismo es deliberado y tiene como fin generar alarma y confusión. Esta forma de sembrar el miedo tiene un resultado lógico: la población será reacia a defender los derechos humanos de la población palestina.En medio de todo ese miedo e incertidumbre, es mejor no decir nada.
Una nueva e importante investigación de Amnistía Internacional revela escandalosos intentos de ataque con software espía contra la sociedad civil, periodistas, figuras políticas e intelectuales en la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Asia. Entre los objetivos del software espía Predator figuran funcionarios y funcionarias de la ONU, un senador y un congresista de Estados Unidos e incluso las presidentas del Parlamento Europeo y de Taiwán.La investigación forma parte del proyecto de los “Archivos Predator”, en asociación con European Investigative Collaborations (EIC) y con el apoyo de reportajes adicionales en profundidad de Mediapart y Der Spiegel.
Tras la prohibición de varias manifestaciones de protesta por la violencia policial a raíz del homicidio ilegítimo de Nahel M., de 17 años, a manos de un policía, Amnistía Internacional pide al gobierno francés que dé prioridad a la reforma integral de las normas que regulan el uso de armas de fuego y de fuerza letal por los agentes encargados de hacer cumplir la ley, que ponga fin a su peligrosa negación de los efectos del racismo sistémico entre las fuerzas del orden y que respete el derecho de reunión pacífica.
“Los dirigentes mundiales que asistirán mañana a la Cumbre de París deben garantizar que las naciones más ricas se comprometen con un alivio completo de la deuda para las naciones de ingresos más bajos que incluya la cancelación de préstamos y el aumento de la asistencia internacional a Estados vulnerables”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
En respuesta a la propuesta realizada por el gobierno francés para restar fuerza al nuevo tratado propuesto sobre cooperación legal internacional en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cuya negociación llega esta semana a su recta final en una conferencia que se celebra en Liubliana (Eslovenia), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado: