Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos presentes sobre el terreno en la Franja de Gaza han reiterado desde el inicio de la actual escalada que la única manera de satisfacer las necesidades humanitarias sin precedentes en el enclave es lograr un alto el fuego inmediato y permanente y garantizar el acceso humanitario completo, seguro y sin trabas a través de todos los pasos terrestres. Los Estados no pueden ocultarse tras los lanzamientos aéreos y los esfuerzos por abrir un corredor marítimo para crear la ilusión de que están haciendo lo bastante para ayudar a las necesidades en Gaza: su responsabilidad primordial es prevenir las atrocidades y aplicar una presión política efectiva para poner fin a los implacables bombardeos y las restricciones que impiden la provisión segura de ayuda humanitaria.

Existe un claro riesgo de que las armas y el equipo militar que Dinamarca exporta a Israel por vía directa e indirecta se utilicen para cometer graves crímenes contra civiles en Gaza. Con las exportaciones, Dinamarca viola las normas internacionales sobre comercio de armas y corre el riesgo de convertirse en cómplice de violaciones del derecho internacional humanitario —crímenes de guerra incluidos— y de un creíble genocidio.

Las autoridades iraníes están llevando a cabo una campaña en gran escala para hacer cumplir la represiva legislación sobre el uso obligatorio del velo mediante la vigilancia generalizada de las mujeres y las niñas en los espacios públicos y controles policiales masivos dirigidos a las conductoras; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación al Día Internacional de la Mujer.

Una corte federal de primera instancia ha ordenado a la empresa israelí de software espía NSO Group que revele a WhatsApp documentos y código relacionado con su célebre software espía Pegasus.

Un mes después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenase la adopción de “medidas inmediatas y efectivas” para proteger a la población palestina en la Franja de Gaza ocupada del riesgo de genocidio asegurando suficiente asistencia humanitaria y permitiendo servicios básicos, Israel ni siquiera ha tomado las medidas mínimas indispensables para cumplir esa orden, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

En respuesta al anuncio de Amazon publicado hoy, en el que la empresa declara haber destinado 1,9 millones de dólares estadounidenses a reembolsar a más de 700 personas trabajadoras contratadas en sus operaciones en Arabia Saudí —tras un informe elaborado por Amnistía Internacional en octubre de 2023—, Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social en Amnistía Internacional, ha manifestado:

“Las autoridades de Arabia Saudí deben poner en libertad inmediatamente a Manahel al Otaibi, instructora de educación física, defensora de los derechos humanos y bloguera de 29 años que es víctima de desaparición forzada desde noviembre de 2023”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las autoridades penitenciarias y de otra índole han cortado todo contacto de Manahel con su familia y el mundo exterior y se niegan a facilitar a su familia información sobre su paradero y su bienestar a pesar de las reiteradas peticiones de ésta.

Israel debe poner fin a la brutal ocupación de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, que mantiene desde 1967. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional con ocasión del comienzo de las vistas públicas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para estudiar las consecuencias jurídicas de la ocupación prolongada israelí.

Asistimos con horror a los terribles acontecimientos que se están produciendo en Rafá, la zona más poblada de Gaza, donde se han refugiado como último recurso 1,5 millones de personas, de las que más de medio millón son niños y niñas. Si Israel lanza la ofensiva terrestre que se propone, morirán miles de civiles más y el actual goteo de ayuda humanitaria podría parar por completo. Si este plan militar no se detiene de inmediato, las consecuencias serán catastróficas.

En la ciudad septentrional de Trípoli, miles de personas están viviendo en edificios inseguros que ponen en peligro su derecho a una vivienda adecuada y su derecho a la vida, mientras el gobierno se muestra indiferente más de un año después de los devastadores terremotos que arrasaron extensas zonas de Turquía y Siria y causaron daños en edificios en Líbano, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

En vísperas de que mañana, 14 de febrero, se celebre en La Haya la firma de un tratado histórico sobre cooperación judicial interestatal en el ámbito de los crímenes de derecho internacional, incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, Fisseha Tekle, asesor de Derecho y Política en Amnistía Internacional, ha manifestado:

Las autoridades de facto huzíes deben detener urgentemente las ejecuciones previstas y poner fin a la persecución de personas por su identidad de género u orientación sexual, real o percibida, ha declarado Amnistía Internacional tras las sentencias condenatorias —con penas de muerte, flagelación o prisión— dictadas por dos tribunales establecidos por huzíes contra más de 40 personas por cargos relacionados con conducta homosexual.