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  • Europa: Nuevo documento de Amnistía analiza las sentencias históricas en materia climática del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

    Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe en el que se analizan tres sentencias históricas en materia de cambio climático del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dictadas el pasado 9 de abril, en relación con las causas presentadas por unas mujeres mayores suizas, seis personas jóvenes portuguesas, y un exalcalde y miembro del Parlamento Europeo de nacionalidad francesa.

  • China: Estudiantes en el extranjero sufren hostigamiento y vigilancia como parte de una campaña de represión transnacional

    Estudiantes de China y Hong Kong en otros países viven con miedo a la intimidación, el hostigamiento y la vigilancia, puesto que las autoridades chinas tratan de impedir que se involucren en temas de carácter “delicado” o político durante su estancia en el extranjero, ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

  • Global: Una telaraña de vigilancia: desentrañando una turbia red de exportaciones de software espía a Indonesia

    “Se está importando y utilizando en Indonesia un expansivo abanico de productos de software espía y de vigilancia altamente invasivos”, ha declarado hoy el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un nuevo informe en colaboración con los medios de comunicación asociados Haaretz, Inside Story, Tempo, el colectivo de investigación WAV y Woz.

  • Las restricciones discriminatorias de financiación de los gobiernos donantes europeos a la sociedad civil palestina pueden agravar la crisis de derechos humanos

    Los anuncios realizados por varios países europeos y la Comisión Europea sobre la restricción de la financiación a organizaciones palestinas de derechos humanos supondrán un deterioro aún mayor de la credibilidad de la Unión Europea como autoproclamada defensora de los derechos humanos. Amnistía Internacional y otras 95 organizaciones han publicado una carta dirigida a la UE y a los Estados miembros en la que expresan su preocupación por el impacto de estas medidas discriminatorias sobre los derechos humanos.

  • Protestar pacíficamente contra la injusticia en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados no es una amenaza para la seguridad

    Denunciar la injusticia o unirse a una marcha de solidaridad son algunas de las pocas herramientas de las que disponemos —al igual que personas de todo el mundo— para intentar cambiar las cosas. Sin el derecho a protestar de forma pública y pacífica —de difundir mensajes en las redes sociales, escribir cartas y firmar peticiones— se nos silencia.Y aun así, en el último mes, las iniciativas de varios gobiernos europeos para reprimir la expresión y las protestas ante la violencia sin precedentes en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados parecen pensadas para hacer precisamente eso: amordazar la disidencia, negar el duelo colectivo, fomentar el miedo a alzar la voz y crear un efecto inhibidor que amenaza con parar la libre expresión en seco.Las autoridades de varios Estados europeos han prohibido protestas de solidaridad con el pueblo palestino y han hostigado y detenido a quienes expresan —en público y en Internet— su apoyo a los derechos de éste. Hay gobiernos que han amenazado con clausurar organizaciones y grupos que defienden los derechos humanos de la población palestina y con bloquear la financiación a organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes y regionales.Se ha advertido a personas extranjeras de que podrían ser deportadas por expresar “ideologías radicales”, y las autoridades han apoyado medidas de entidades empleadoras de despedir a quienes se expresen en favor del pueblo palestino. Se ha alentado a escuelas y universidades a estar muy alerta ante señales de lo que califican de “extremismo” en las expresiones del alumnado.Afirmando inicialmente que las restricciones eran necesarias en interés del “orden público”, los gobiernos europeos han empezado a emplear un truco que hemos visto antes: mezclan el apoyo a los derechos humanos de la población palestina con el apoyo al terrorismo. Dado que no existe una definición universalmente aceptada de “terrorismo”, cada Estado usa la suya, normalmente en términos excesivamente generales y muy poco precisos, lo que ha desembocado en el uso abusivo masivo de la legislación antiterrorista en todo el mundo. La era posterior al 11 de septiembre de 2001 abundó —y sigue abundando— en medidas antiterroristas y contra el extremismo que han reducido radicalmente el espacio de la sociedad civil, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión.La rapidez con la que esto está sucediendo en Europa —tanto en la Unión Europea como a nivel nacional—, parece indicar que, en el impulso de responder a los brutales ataques de Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre, los Estados sencillamente se han “extralimitado”.Pero yo diría que el acto de mezclar Hamás con la población palestina, Hamás con grupos armados claramente diferentes como el Estado Islámico, y toda la población musulmana con el terrorismo es deliberado y tiene como fin generar alarma y confusión. Esta forma de sembrar el miedo tiene un resultado lógico: la población será reacia a defender los derechos humanos de la población palestina.En medio de todo ese miedo e incertidumbre, es mejor no decir nada.

  • COP27: Los relatos de las víctimas de la crisis climática subrayan la urgencia de actuar

    Al mismo tiempo que conocemos por los informes más recientes que el mundo se precipita hacia niveles de calentamiento global de al menos 2,5 °C, un nuevo documento informativo de Amnistía Internacional ilustra los efectos devastadores que ya provoca la crisis climática. En vísperas de la COP27, la organización insta a todos los Estados Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a actualizar su objetivo de reducción de las emisiones para 2030 a fin de garantizar que es compatible con el de mantener el incremento medio de la temperatura mundial por debajo de 1,5 °C. Los Estados deben comprometerse a prescindir gradualmente del uso y la producción de combustibles fósiles sin recurrir a “atajos” dañinos de eficacia no demostrada, como los mecanismos de retirada del carbón, y crear un fondo para daños y perjuicios que ofrezca reparación a las personas cuyos derechos han sido vulnerados a causa de la crisis climática.