A un año de la detención arbitraria de Ruth López, Amnistía Internacional reitera su preocupación por las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra y llama a las autoridades salvadoreñas a garantizar plenamente sus derechos al debido proceso, poner fin a su incomunicación y cumplir integralmente con las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Varios países de las Américas están adoptando marcos legales restrictivos para debilitar, controlar e incluso desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil, advirtió hoy Amnistía Internacional al presentar su nuevo informe Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas.

Amnistía Internacional exige a las autoridades salvadoreñas garantizar de forma inmediata e incondicional la libertad de los defensores comunitarios José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez, encarcelados injustamente desde mayo de 2025 tras participar en una protesta pacífica en defensa de los derechos de la comunidad de El Bosque. De cara a la audiencia prevista para el miércoles 29 de octubre, en la que se revisará la medida de detención provisional en su contra. 

Amnistía Internacional advierte que el régimen de excepción prorrogado por el gobierno y las reformas al sistema penal han desvirtuado el Estado de Derecho en El Salvador. Ello, al consolidar un aparato represivo que, en lugar de impartir justicia de manera imparcial, se utiliza como un arma para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y para silenciar las voces críticas, exponiéndolas a un régimen carcelario que atenta contra su integridad personal y su vida. 

La reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador que modifica elementos sustantivos del sistema político y electoral representan el ejemplo más reciente de una preocupante tendencia hacia el uso del poder legislativo, sin contrapesos efectivos, para introducir cambios estructurales a la Constitución y a otras normas fundamentales que ponen en riesgo los derechos humanos.  

Con el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, Amnistía Internacional nombra hoy como personas presas de conciencia a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, y exigimos su liberación inmediata e incondicional. 

El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y al trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. La ley se basa en el concepto de “agente extranjero” para imponer restricciones que incluyen un impuesto del 30% sobre la recepción de fondos internacionales, y otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas y aplicar multas de hasta US$ 250,000. El concepto de “agente extranjero” no solo carece de una definición legal clara y precisa, lo que deja a las a las organizaciones de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad frente a la arbitrariedad estatal, sino que además existen abundantes evidencias de su creciente uso a nivel global como herramienta para  restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas.

En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.

En el marco de la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la Casa Blanca, este 14 de abril, Amnistía Internacional emitió una declaración pública para alertar sobre la profundización de la crisis de derechos humanos en El Salvador y la ahora complicidad de Estados Unidos al unirse a las prácticas represivas que violan el derecho internacional.

El defensor de derechos humanos salvadoreño Fidel Zavala corre el riesgo de ser sometido a tortura y otros malos tratos. Zavala fue trasladado recientemente a una prisión donde trabajan los mismos custodios que él había denunciado previamente por torturar y maltratar a personas bajo detención. Su vida e integridad personal están en riesgo inminente.  

Ante la reciente expulsión ilegal de Estados Unidos a El Salvador de 238 nacionales venezolanos acusados de pertenencia al grupo criminal Tren de Aragua, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:

Las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador han alcanzado niveles alarmantes en el contexto del régimen de excepción, con más de 84.000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y cientos de denuncias de torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.