El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y al trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. La ley se basa en el concepto de “agente extranjero” para imponer restricciones que incluyen un impuesto del 30% sobre la recepción de fondos internacionales, y otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas y aplicar multas de hasta US$ 250,000. El concepto de “agente extranjero” no solo carece de una definición legal clara y precisa, lo que deja a las a las organizaciones de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad frente a la arbitrariedad estatal, sino que además existen abundantes evidencias de su creciente uso a nivel global como herramienta para  restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas.

En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.

En el marco de la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la Casa Blanca, este 14 de abril, Amnistía Internacional emitió una declaración pública para alertar sobre la profundización de la crisis de derechos humanos en El Salvador y la ahora complicidad de Estados Unidos al unirse a las prácticas represivas que violan el derecho internacional.

El defensor de derechos humanos salvadoreño Fidel Zavala corre el riesgo de ser sometido a tortura y otros malos tratos. Zavala fue trasladado recientemente a una prisión donde trabajan los mismos custodios que él había denunciado previamente por torturar y maltratar a personas bajo detención. Su vida e integridad personal están en riesgo inminente.  

Ante la reciente expulsión ilegal de Estados Unidos a El Salvador de 238 nacionales venezolanos acusados de pertenencia al grupo criminal Tren de Aragua, a pesar de una orden judicial que prohibía su traslado, Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:

Las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador han alcanzado niveles alarmantes en el contexto del régimen de excepción, con más de 84.000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y cientos de denuncias de torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.

La consolidación de un modelo de poder ejecutivo sin contrapesos en El Salvador avanza con rapidez. La ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, ocurrida el 29 de enero de 2025, pone en grave riesgo la protección de los derechos humanos al reducir drásticamente el espacio de debate y participación ciudadana en la toma de decisiones de gran calado para el país. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó:

Después de dos años del anuncio de la aplicación de una medida de carácter extraordinaria y temporal, como es el régimen de excepción, y del inicio de una serie de reformas a la legislación penal que atentan contra la presunción de inocencia y el derecho de defensa, entre otras garantías del debido proceso, el Estado salvadoreño persiste en evadir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al sostener estas medidas como el principal elemento en su estrategia de seguridad.

Por Lisa Maracani y Josefina Salomón*.

Por Adeline Neau, investigadora de Amnistía Internacional para Centroamérica

Las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática desde que se aprobara un régimen de excepción y numerosas reformas legislativas para supuestamente enfrentar a las pandillas en marzo de 2022, dijo Amnistía Internacional hoy.

Por Duncan TuckerJefe de presa para las Américas de Amnistía Internacional