Amnistía Internacional afirma en un nuevo informe publicado hoy que las personas que defienden el derecho al aborto y que prestan servicios esenciales están siendo objeto de estigmatización, intimidación, ataques y procesamientos injustos, de modo que el desempeño de su trabajo es cada vez más difícil y peligroso.

En febrero de 2020, alguien puso a Justyna en contacto con Ania, una mujer que vivía con una pareja maltratadora. Ania estaba embarazada y desesperada, e insistía en que prefería morir antes que seguir adelante con la gestación. Justyna había sobrevivido ella misma a una relación de malos tratos, y supo que debía ayudar a Ania: le envió por correo postal sus propias píldoras abortivas, pero la pareja de Ania interceptó el paquete y avisó a la policía, que confiscó las pastillas.

A Rita Karasartova le encanta pasar tiempo con sus hijos, practicar yoga y coser chapanes (chaquetas acolchadas tradicionales que se utilizan en Kirguistán). Sin embargo, desde octubre de 2022, su vida está totalmente trastocada. Rita pasó meses recluida en una estrecha celda, sin acceso a atención médica y sin poder ver a su familia ni hablar con ella. Ahora se encuentra bajo arresto domiciliario y está sometida a unas limitaciones horarias muy estrictas.