Amnistía Internacional advierte que el régimen de excepción prorrogado por el gobierno y las reformas al sistema penal han desvirtuado el Estado de Derecho en El Salvador. Ello, al consolidar un aparato represivo que, en lugar de impartir justicia de manera imparcial, se utiliza como un arma para criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y para silenciar las voces críticas, exponiéndolas a un régimen carcelario que atenta contra su integridad personal y su vida. 

En respuesta al bloqueo total de Internet impuesto en todo Afganistán por las autoridades de facto talibanas so pretexto de evitar “el mal uso de Internet” y la difusión de “actos inmorales”, Smriti Singh, directora regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado:

Ante los informes según los cuales la periodista china Zhang Zhan ha sido condenada a cuatro años de cárcel por “provocar peleas y crear problemas”, Sarah Brooks, directora del equipo de China de Amnistía Internacional, ha declarado:

La expansión de la vigilancia y censura masiva ejercida por Pakistán está impulsada por un conjunto de empresas con sede en Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, China, Canadá y Estados Unidos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado “Sombras de control”. La investigación, que ha durado un año, se ha llevado a cabo en colaboración con Paper Trail Media, DER STANDARD, Follow the Money, The Globe and Mail, Justice For Myanmar, InterSecLab y Tor Project.

En respuesta a una sentencia dictada el 19 de agosto por un tribunal de Erbil contra el periodista Sherwan Sherwani, en la que lo condena a otros cuatro años y cinco meses de prisión por una aparente amenaza contra un funcionario de prisiones, Razaw Salihy, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irak, ha declarado:  

Ante la condena a dos años de cárcel de la destacada periodista georgiana Mzia Amaghlobeli, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

En respuesta a las últimas enmiendas legislativas de Rusia, que incluyen un nuevo proyecto de ley que permite designar a cualquier comunidad u organización como “extremista” sin orden judicial, y a otro proyecto de ley que dispone sanciones administrativas simplemente por buscar en la web “materiales extremistas” o acceder a ellos, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

Durante los últimos seis meses, los titulares han estado plagados de historias de miedo, división y odio. Sin embargo, activistas de todo el mundo han seguido trabajando para asegurarse de que prevalezca la esperanza. Estas son algunas de las victorias para los derechos humanos logradas de enero a junio de 2025 de las que podemos enorgullecernos.

Más del 80% de las personas condenadas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional han sido criminalizadas injustamente y ni siquiera deberían haberse presentado cargos contra ellas, según una nueva investigación realizada por Amnistía Internacional y publicada coincidiendo con el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley.

El 20 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, una normativa que impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y al trabajo legítimo de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil. La ley se basa en el concepto de “agente extranjero” para imponer restricciones que incluyen un impuesto del 30% sobre la recepción de fondos internacionales, y otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas y aplicar multas de hasta US$ 250,000. El concepto de “agente extranjero” no solo carece de una definición legal clara y precisa, lo que deja a las a las organizaciones de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad frente a la arbitrariedad estatal, sino que además existen abundantes evidencias de su creciente uso a nivel global como herramienta para  restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas.

En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.

Ante la noticia de que las autoridades rusas han declarado “organización indeseable” a Amnistía Internacional y, por tanto, criminalizado sus actividades y toda asociación con ella en Rusia, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado: