El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 grados sacudieron el norte de Venezuela y provocaron una de las catástrofes más graves registradas en el país en las últimas décadas. De acuerdo con cifras oficiales, se registraron 6,509 personas fallecidas y 60,785 viviendas impactadas que fueron evaluadas, de las cuales 11,001 fueron clasificadas de alto riesgo.
En respuesta a la decisión del gobierno encargado venezolano de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), confirmada el 6 de agosto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
Pese al estado cada vez más conflictivo del mundo, y a raíz de protestas y peticiones de activistas y defensores de causas sociales, gobiernos y sociedad civil se han unido para aprobar importantes leyes y resoluciones a fin de abordar los perjuicios para los derechos humanos.
El 24 de junio de 2026, unos terremotos devastadores sacudieron Venezuela, dejando a su paso un incontable número de víctimas, entre ellas miles de personas que murieron, resultaron heridas, fueron desplazadas, se quedaron sin hogar o se vieron afectadas de alguna otra forma. Se considera que las cifras oficiales, que no dejan de aumentar, aún no reflejan el alcance total del desastre. Las autoridades venezolanas deben garantizar que las labores de ayuda se rijan por el derecho y estándares de derechos humanos. Se necesitan medidas especiales para proteger a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, incluidas las niñas, niños y personas mayores. Se debe proteger el papel de las y los periodistas que brindan información fundamental al público. Instamos a la presidenta encargada a que garantice que las labores de ayuda respeten los principios humanitarios y el derecho internacional de los derechos humanos.
Como resultado de la lucha de las víctimas venezolanas por obtener justicia bajo la jurisdicción universal en Argentina, manifestada mediante la presentación de denuncias ante los tribunales argentinos, y en respuesta a información pública sobre una solicitud de extradición de autoridades argentinas a autoridades españolas, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró hoy:
A casi dos meses de la aprobación de la ley de amnistía que otorgaría libertad a las personas procesadas y detenidas por motivos políticos en Venezuela, Amnistía Internacional recuerda a las autoridades venezolanas que su aplicación no puede hacerse con criterios discrecionales que perpetúen la represión por motivos políticos que, en teoría, dicha ley propone subsanar. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional ha dicho:
Ante las recientes excarcelaciones de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y la discusión de una denominada ‘Ley de Amnistía’, Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:
El ataque de Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero constituyó un uso ilegal de la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas, lo que supone una amenaza adicional para el orden internacional basado en normas. Mientras tanto, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro contra el pueblo venezolano siguen sin justicia y garantías de no repetición, ha advertido hoy Amnistía Internacional.
Tras las excarcelaciones de un pequeño número de personas detenidas arbitrariamente en Venezuela el 8 de enero de 2026, del total de alrededor de mil personas detenidas por motivos políticos (según organizaciones de sociedad civil locales), y que incluyeron a la presa de conciencia Rocío San Miguel y nacionales españoles como Jose María Basoa y Andrés Martínez, así como al líder político Enrique Márquez y el periodista Biagio Pilieri, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:
La acción militar llevada a cabo hoy por la Administración Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana. Muy probablemente constituye una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, al igual que la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros.
En reacción al atentado sufrido hoy 13 de octubre, por el solicitante de refugio y defensor de derechos humanos venezolano, Yendri Velásquez, y otro activista venezolano-colombiano, en Bogotá, Amnistía Internacional declaró:
En respuesta al ataque letal declarado por las autoridades estadounidenses contra una embarcación que presuntamente había partido de Venezuela (extremo que las autoridades venezolanas han negado, calificando las imágenes como generadas con inteligencia artificial), Daphne Eviatar, directora del Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos, ha declarado: